Luego de prometer atención médica universal, el gobernador de California debe reconsiderar la cobertura para inmigrantes
SACRAMENTO, California — El gobernador Gavin Newsom no esperaba enfrentarse a otra crisis sanitaria.
En marzo, mientras el presidente Donald Trump y los republicanos del Congreso intensificaban el debate nacional sobre la posibilidad de recortar la atención médica para los estadounidenses pobres y con discapacidades, el gobernador demócrata tuvo que informar a los legisladores estatales que los costos de la atención de salud en California se habían descontrolado.
Esto debido a las grandes iniciativas de Medicaid que él apoyaba, incluyendo la mayor expansión del país de la atención médica financiada con fondos públicos para inmigrantes que viven en Estados Unidos sin papeles.
Sus altos funcionarios del Departamento de Finanzas estatal revelaron con discreción a los legisladores californianos en una carta que el estado había solicitado un préstamo de $3.400 millones para pagar a las aseguradoras, médicos y hospitales que atendían a los pacientes inscritos en el programa estatal del Medicaid, conocido como Medi-Cal.
Ante el aumento de los costos de la atención en medio de una crisis presupuestaria estatal cada vez más profunda, Newsom ahora debe considerar la posibilidad de reducir la cobertura y los beneficios.
El gobernador, en su segundo mandato, se enfrenta a una difícil decisión política: no cumplir su promesa de lograr una atención médica universal y retirar la cobertura a millones de inmigrantes sin estatus legal, o buscar recortes presupuestarios en otros lugares.
Con casi 15 millones de residentes inscritos en Medi-Cal, California tiene más que perder en materia de atención médica que cualquier otro estado. Sin embargo, aunque Newsom ha condenado la estrategia de Trump sobre los aranceles y las políticas ambientales, se ha mantenido hermético en materia de política de salud.
Para complicar su situación política, las encuestas muestran que brindar cobertura médica a inmigrantes sin papeles cuenta con escaso apoyo. Y cualquier problema presupuestario resultante podría perjudicar su legado político si se postulara a la presidencia en 2028.
“Todos sabemos que los recortes definitivamente se avecinan”, dijo Carlos Alarcón, analista de salud y beneficios públicos del California Immigrant Policy Center, que ha ayudado a impulsar una campaña de una década en el estado para expandir Medicaid a los inmigrantes elegibles sin documentos.
“El gobernador debe cumplir su compromiso; nos decepcionaremos mucho si vemos recortes y reducciones. En tiempos difíciles, siempre son nuestras comunidades marginadas y desatendidas las que salen perdiendo”, agregó.
California permite a cualquier adulto de bajos ingresos inscribirse en Medi-Cal si gana el 138% del nivel federal de pobreza, o $21.597 al año o menos, independientemente de su estatus migratorio. Sin embargo, los costos han sido mucho más altos de lo esperado.
El gobernador demócrata Jerry Brown amplió Medi-Cal a las personas de 19 años o menos sin estatus legal, pero expresó su reticencia a extenderlo más allá de ese grupo debido a los posibles costos.
Newsom promulgó leyes que incluyen a las personas de 20 años o más. Se estima que 1.6 millones de inmigrantes sin estatus legal ahora están cubiertos, y los costos se han disparado a $9.500 millones al año, en comparación con los $6.400 millones estimados en noviembre. El gobierno federal aporta aproximadamente $1.1 mil millones de ese total para atención médica del embarazo y emergencias.
“Podemos expandirnos por pura generosidad a todas partes, pero en cuanto estos recursos se agoten, todos perdemos. Estamos llegando a un punto crítico”, dijo el asambleísta de California David Tangipa (republicano de Fresno). “O asumimos la responsabilidad fiscal, o no habrá servicios para nadie, incluyendo a los californianos y a los inmigrantes indocumentados”.
Los líderes demócratas responsables de aprobar el presupuesto estatal no aceptaron entrevistas. En un comunicado, la senadora estatal María Elena Durazo (demócrata de Los Ángeles) quien defendió la expansión en la Legislatura, declaró: “Revertir este progreso sería una decisión perjudicial y obtusa”.
Los legisladores están considerando congelar la inscripción de inmigrantes sin estatus legal, imponer medidas de costos compartidos como copagos o primas sobre ls medicamentos, o restringir los beneficios, según personas familiarizadas con el tema, que pidieron no ser identificadas para proteger sus relaciones en el Capitolio estatal.
Sin embargo, es poco probable que Newsom recorte drásticamente los fondos en su revisión presupuestaria, publicada el 14 de mayo. En cambio, los recortes se producirían si los republicanos del Congreso aprueban un acuerdo presupuestario con importantes reducciones en el gasto federal en Medicaid.
“Esto va a ser muy problemático para el gobernador. Los recortes del presupuesto afectarán la vida de millones de inmigrantes que recién comienzan a tener atención médica, pero el gobernador tiene que hacer algo, porque esto no es sostenible”, dijo Mark Peterson, experto en atención médica y política nacional de la UCLA. “La posibilidad de recortar otros gastos para apoyar a los inmigrantes que viven en el país sin autorización sería una estrategia política difícil; no creo que eso suceda”.
Si Newsom, junto con la Legislatura controlada por los demócratas, se viera obligado a realizar recortes, podría argumentar que no tenía otra opción. Trump y los republicanos del Congreso han amenazado a estados como California con la última propuesta de la Cámara de Representantes de EE.UU. de recortar la financiación de Medicaid en 10 puntos porcentuales para los estados que ofrecen coberturas a inmigrantes sin papeles.
Para Newsom, Trump podría ser un chivo expiatorio fácil, dicen analistas.
“Puede culpar a Trump; el dinero disponible es limitado”, dijo Mike Madrid, analista político republicano anti-Trump en California, especializado en temas latinos. “Esto está haciendo que la gente vea la atención médica que no puede pagar y se pregunte: ‘¿Por qué demonios se la damos gratis a quienes están aquí sin documentos?’”.
El costo exorbitante ha sido una sorpresa.
En la primera propuesta presupuestaria de Newsom como gobernador, en la que propuso ampliar Medi-Cal a los adultos jóvenes sin documentos, su administración estimó que extender los beneficios a todas las personas elegibles, independientemente de su estatus, costaría aproximadamente $2.4 mil millones anuales. Pero la última cifra reportada a los legisladores fue casi cuatro veces mayor.
Newsom se negó a responder preguntas de KFF Health News, y en su lugar hizo referencia a comentarios anteriores que dejan la puerta abierta a la posibilidad de reducir Medi-Cal. El gobernador destacó las conversaciones “serias” con los legisladores y afirmó que recortar el programa es una “pregunta abierta” en la que el presidente influirá considerablemente.
“¿Cuál es el impacto de Donald Trump en muchos de estos temas? ¿Cuál es el impacto del vandalismo federal en muchos de estos programas?”, se preguntó Newsom retóricamente en diciembre, sugiriendo que no está claro si podrá sostener la expansión para los inmigrantes sin papeles en los próximos años.
Newsom expandió Medi-Cal en tres fases, comenzando con los inmigrantes de 19 a 25 años, quienes se volvieron elegibles en 2020, resistiendo la presión de los defensores de la atención médica para una expansión grande y costosa. Argumentó que hacerlo de forma gradual, en última instancia, ahorraría dinero a California.
“Es lo correcto moral y éticamente”, dijo Newsom en 2020. “También es lo financieramente responsable”.
Los superávits presupuestarios récord de los últimos años permitieron que los demócratas continuaran. Los adultos mayores de 50 a 64 años comenzaron a ser elegibles en 2022, y Newsom cerró la brecha al año siguiente, aprobando la cobertura para el grupo más numeroso, el de 26 a 49 años a partir de 2024.
Sin embargo, los costos han aumentado muchísimo, mientras que el panorama presupuestario se ha deteriorado, según un análisis de KFF de los registros más recientes de 2023 disponibles del Departamento de Servicios de Atención Médica del estado, que administra Medi-Cal.
Por fuera de los niños, fue más caro brindar cobertura de Medicaid a los inmigrantes sin estatus legal que a los residentes legales. Por ejemplo, Medi-Cal pagó a L.A. Care, una gran aseguradora de salud en Los Ángeles, un promedio de $495.32 mensuales por brindar atención a un adulto sin hijos sin papeles, y $266.77 por un residente legal sin hijos.
No solo fue más caro para los inmigrantes sin estatus legal, sino que California asumió la mayor parte del costo.
El estado pagó aproximadamente entre el 60% y el 70% de los costos de atención médica para un inmigrante adulto sin hijos cubierto por L.A. Care, y alrededor del 10% para un residente legal sin hijos. Estos costos no abarcan el costo total de la atención, que puede variar según en donde viven los pacientes de Medi-Cal, y aumentar al surtir recetas, ir al dentista o buscar atención de salud mental.
Estos pagos también varían según la aseguradora, pero la tendencia se mantiene en todos los planes de Medi-Cal. En la mayor parte del estado, los pacientes pueden elegir entre más de un plan de salud.
En muchos casos, la cobertura para los niños sin estatus legal fue más económica que la de los niños con residencia legal. Generalmente, los niños son más saludables y necesitan menos atención.
Mike Genest, quien se desempeñó como director de finanzas durante el gobierno del ex gobernador republicano Arnold Schwarzenegger, argumentó que el estado debería haber previsto el enorme costo.
“La idea de que a largo plazo podamos pagar la atención médica para todas estas personas indocumentadas es insostenible”, dijo Genest.
Si bien ahora los costos son altos, la expansión de Medi-Cal generará ahorros a largo plazo para los contribuyentes y el sistema de salud, afirmó Anthony Wright, quien anteriormente presionó a favor de la expansión como director de la organización sin fines de lucro Health Access y ahora lucha contra los recortes a Medicaid como director ejecutivo de Families USA, con sede en Washington, D.C.
“De todas formas, seguirán acudiendo a nuestro sistema de salud”, afirmó Wright. “Dejarlos sin seguro médico solo resultará en salas de emergencia más congestionadas y costará aún más. No tiene sentido económico que no tengan seguro; eso les quita ingresos cruciales a clínicas y hospitales, lo que solo causa más problemas”.
Esta historia fue producida por KFF Health News, que publica California Healthline, un servicio editorialmente independiente de la California Health Care Foundation.
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