Ayuso se queja de que el Ejecutivo quiera recordar las torturas de la dictadura en Sol y plantea contar “a los turistas” las de Canarias

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha mostrado este miércoles su “indignación” ante la decisión del Gobierno central de recordar que la sede de la Presidencia de Madrid fue lugar de torturas, encarcelamientos y vejaciones como base de la dirección general de seguridad (DGS) de la dictadura franquista entre 1939 y 1979. En una carta dirigida al ministro Ángel Víctor Torres, encargado de impulsar la declaración de la Real Casa de Correos como lugar de memoria democrática, la líder conservadora ha calificado esa apuesta de “insólita”; ha recordado que la ha recurrido ante el Tribunal Constitucional, como avanzó EL PAÍS; y ha acusado al Ejecutivo central de tener “intención manipuladora e ideológica” al vincular con una placa el edificio a la dictadura, con el argumento de que el complejo ha tenido muchos usos a lo largo de la historia. Además, aprovechando que el ministro es también expresidente de Canarias (2019-2023), Ayuso le ha invitado a declarar como lugar de memoria democrática tres edificios del archipiélago, informando de ello a los turistas.

“Quizá los turistas que aterrizan hoy en la isla apreciarían estar informados, a través de una placa y visitas explicativas, de que el aeródromo al que llegan de vacaciones fue un campo de concentración”, ironiza Ayuso sobre el aeropuerto de Gando, hoy de Gran Canaria, en cuyos terrenos, describe, se levantó entre 1937 y 1940 “un campo de concentración”.

“Acaso los viajeros que llegan a esa isla agradecerían que se les recordara, con placa y rutas guiadas, que están pisando un aeropuerto construido por presos políticos”, insiste la presidenta de Madrid en el caso del aeropuerto de Los Rodeos, hoy de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, “en cuyos terrenos también se ubicó en 1937 un campo de concentración cuyos presos fueron empleados como trabajadores forzosos para construir el aeródromo”. Como tercer ejemplo, Ayuso cita el Parlamento autonómico canario, que ya cuenta con una placa recordando que en él se celebraron consejos de guerra por parte del bando franquista.

“Pero esto no es comparable con la Real Casa de Correos”, explica Gutmaro Gómez Bravo, doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y especialista en la historia social de la violencia en la España contemporánea. “Supone minimizar la central de la Dirección General de Seguridad, el espacio que centralizó toda la persecución política del franquismo. No tiene punto de comparación de ninguna de las maneras”, añade.

“Además, hablar de campos de concentración está cogido con pinzas”, argumenta sobre una denominación que inevitablemente trae a la mente los millones de judíos asesinados por los nazis durante el Holocausto. “En general, [los de Canarias] fueron campos de clasificación de prisioneros, que no estaría mal reconocer como lugar de memoria si hubo mano de obra de forzada”, abunda. “Pero la magnitud de lo ocurrido en Canarias no está ahí: está en los desaparecidos, en la gente que tiraron al mar, a los pozos, en la represión directa que hubo, y que también sería interesante reconocer”.

En todo caso, la comparación que establece Ayuso no tiene que ver con el rigor histórico, ni con la magnitud de lo ocurrido. Se trata de intentar reflejar un supuesto agravio. Todo, para mantener el pulso político que le enfrenta con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde agosto de 2019, cuando accedió al poder. Una confrontación constante que ya ha afectado a la política fiscal, internacional, sanitaria, educativa o cultural, y que ya salpica hasta a los consensos de la Transición.

“¿Por qué el parlamento y los aeropuertos canarios, no, y la Real Casa de Correos, sí, ministro?”, se pregunta Ayuso en su carta a Torres, donde tilda de “sinsentido” con “clara intención manipuladora e ideológica” la intención de declarar la Real Casa de Correos como lugar de memoria. Una decisión que a juicio de la presidenta de Madrid persigue dar a la sede de la Presidencia regional “significados manipuladores, divisorios, oportunistas y nocivos”.

Esto añade Ayuso: “El Parlamento canario y los aeropuertos de Gran Canaria y Tenerife tienen su historia y son, hoy, lo que son (...) La Real Casa de Correos ha sido, en el transcurso de más de 250 años, oficina central de Correos y testigo de los acontecimientos del 2 de mayo de 1808, y ha albergado la Capitanía General, el Gobierno Militar y la sede del Ministerio de Gobernación incluso con el Gobierno del Frente Popular. Y es, hoy, lo que es (...)”.

La declaración de lugar de memoria democrática “normalmente” culmina con la colocación de una placa conmemorativa; acciones de “difusión, en múltiples soportes y formatos explicativos, de por qué es un lugar de memoria”; y exposiciones, según explicó un portavoz del Gobierno central cuando se inició el proceso que afecta a la Real Casa de Correos. El Ejecutivo regional defiende que la etapa de las torturas de la DGS solo representa un 15% de la historia de la Real Casa de Correos y que la colocación de la placa afectaría a su uso administrativo e invadiría las competencias autonómicas.

Como informó EL PAÍS, el Gobierno regional ya se opuso en mayo de 2024 a colocar una placa que recordara el pasado del edificio, tras solicitárselo el periodista Nino Olmeda, que fue detenido durante la dictadura y aún recuerda el complejo como un lugar terrorífico, lleno de dolor y gritos, con celdas y torturadores. El portavoz del Gobierno, Miguel Ángel García Martín, llegó a decir que el edificio tiene “muchísima historia”, recordando, entre otras cosas, que en el mismo lugar se situó el Ministerio de la Gobernación de la Segunda República, “cuando también se persiguió por sus ideas a muchos madrileños”.

Entonces, tanto Ayuso como el portavoz argumentaron que las únicas placas que tenían cabida en la sede del Gobierno eran las ya existentes, “porque unen y no dividen”. Una honra a los héroes del Dos de mayo; otra recuerda a las víctimas del 11-M y a quienes las auxiliaron; y, la última, a los fallecidos durante la pandemia de la covid.

Sin embargo, el poderoso jefe de gabinete de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez, fue incluso más lejos. Así, en una carta dirigida a Olmeda y adelantada por este diario, argumentó que Madrid está “plagada de inmuebles” en los que “se han cometido actos reprobables, como los sucedidos en las checas durante la Guerra Civil, sin que ninguna placa recuerde los horrores acaecidos”.

En contraposición, así argumentaba el Gobierno central en octubre la necesidad de actuar sobre un edificio que albergó horrores descritos por Mario Martínez Zauner en Presos contra Franco (Galaxia Gutenberg, 2019): “La declaración de Lugar de Memoria Democrática pretende rescatar del olvido y reconocer a quienes sufrieron las humillaciones, torturas o encontraron la muerte en sus dependencias”, se lee sobre la iniciativa liderada por el ministro Ángel Victor Torres. “El edificio constituye un referente y símbolo de las violaciones de los derechos humanos durante el franquismo”, sigue. Y añade: “Con la declaración de Lugar de Memoria se pretende contribuir al conocimiento de la verdad de lo que ocurrió en sus dependencias con la finalidad de que nunca más vuelvan a ocurrir hechos similares en nuestro país”.

El pulso entre las dos administraciones se encuentra en su punto álgido. Y el Constitucional es el escenario en el que se dirime. Allí ha registrado Madrid un recurso contra la incoación de la declaración de lugar de memoria. Y hasta allí acudirá el Estado si Ayuso no modifica una ley aprobada en diciembre que le permite vetar cualquier cambio en la Real Casa de Correos, y con ello, prohibir la colocación de la placa que recuerde que en Sol hubo torturas.