Bruselas estudia relajar controles y castigos si las empresas incumplen con la ‘agenda verde’

La Comisión Europea va concretando qué es la “simplificación” administrativa que ha prometido para el comienzo de su mandato. La idea principal es descargar a las empresas de burocracia, entre el 25% y el 35%, sin por eso diluir la ambición de los objetivos climáticos y sociales de la UE. Los detalles que se van conociendo, no obstante, apuntan hacia una exigencia medioambiental menor sobre las compañías como la aplicación de la norma un año más tarde de lo previsto (de 2027 a 2028), sanciones máximas menos cuantiosas de lo decidido inicialmente o la eliminación de la capacidad de litigar por la vía civil para sindicatos y ONG cuando crean que se incumple la ley. Eso es lo que recoge un borrador parcial al que ha tenido acceso este diario de la llamada ley ómnibus, que prepara Bruselas y que en principio aprobará el Colegio de Comisarios este miércoles.

El abanico de medidas que la Comisión estudia poner sobre la mesa se circunscribe a cambios en la Directiva de Diligencia Debida sobre Sostenibilidad Corporativa (CSDDD, por sus siglas en inglés). Esta busca que las empresas cumplan los estándares medioambientales y luchen contra la explotación infantil, tanto dentro de la propia corporación como en su cadena de suministro, y fue aprobada hace menos de un año. Pero no es la única norma sobre la que se prevén cambios. También los hay, entre otros, en el mecanismo de ajuste de carbono en frontera, que tiene el objetivo de cobrar por los productos industriales que llegan a la UE producidos con estándares medioambientales menos exigentes. En este caso, la idea es eximir a los pequeños importadores, aquellos que traen a la UE productos cuya fabricación ha causado unas emisiones de dióxido de carbono de menos de 50 toneladas. Con la redacción actual, este grupo de empresarios sí que tenía que realizar las correspondientes declaraciones aduaneras.

Otro de los elementos que se prevé que aparezca entre las iniciativas de esta semana es la denominada taxonomía, la clasificación en la que se establece qué inversiones se pueden catalogar como favorables a la lucha contra el cambio climático. No obstante, fuentes europeas confiaban este mismo lunes en que finalmente no apareciera entre las normas a modificar.

El primer paquete ómnibus para la “simplificación”, que verá la luz este miércoles, todavía está sujeto a cambios, advierten varias fuentes comunitarias conocedoras de las negociaciones. Las presiones externas sobre la Comisión son grandes: por un lado, están las empresas y organizaciones patronales, que apuestan por una mayor “simplificación”, apoyadas firmemente por países como Francia o Alemania; por otro, ONG, sindicatos y partidos políticos (socialdemócratas y verdes), que advierten de que este iniciativa tiene el gran riesgo de dejar en nada los objetivos medioambientales fijados la legislatura pasada. La meta se resume en un dato y una fecha: llegar a una economía descarbonizada en 2050.

Desde que Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, lanzó la idea de rebajar las cargas administrativas de las empresas como una de las medidas para impulsar la competitividad en julio pasado –es decir, antes de la victoria de Donald Trump en las elecciones estadounidenses–, en Bruselas se insiste en que con las revisiones no se pretende rebajar estándares medioambientales. El objetivo es “simplificar” (se huye deliberadamente de la palabra desregular) para reducir burocracia. “No estamos aboliendo nuestros objetivos políticos, incluyendo los objetivos de Green Deal (Pacto Verde),como la neutralidad en emisiones de carbono para 2050 y el objetivo 2030 del 55% de reducción de emisiones. Buscamos cómo podemos llegar allí con menos costes y más eficiencia”, respondió Valdis Dombrovskis, el comisario responsable de esta tarea, en una entrevista reciente con este diario.

Al grupo socialdemócrata, segundo por tamaño de la Eurocámara, esta declaración de intenciones no le convence en absoluto. De hecho, la semana pasada enviaron una carta a Von der Leyen en la que expresaban su preocupación por el futuro de una directiva que todavía no ha sido implementada y que “no contiene obligaciones de reporte adicionales”. No ha sido la única carta de este estilo que ha recibido el Ejecutivo de la Unión: días antes, había sido el Gobierno de España el que le pedía que no abriera la puerta a rebajar la ambición de la agenda verde europea.

También las organizaciones ecologistas han subrayado estos días que las normas que se pretende retocar ya perdieron ambición durante las negociaciones que hubo la legislatura anterior entre el Parlamento y el Consejo de la UE. Rebajarlas aún más, argumentan, debilitará drásticamente las obligaciones medioambientales de las empresas, que tendrán además pocos incentivos para cumplir las obligaciones legales que se salven de la criba, ya que el castigo por incumplimiento ha sido también reducido. Todo ello, además, indican, cuando ni siquiera está en marcha aún la normativa, sin haber realizado tampoco análisis de impacto transparentes de los cambios y en momentos en que no pocas empresas ya han hecho sustanciales inversiones para adaptarse a las nuevas normas ahora potencialmente retocadas.

“La Comisión ha decidido derribar tres pilares clave del Pacto Verde que garantizan que las empresas actúan de manera responsable a lo largo de toda la cadena de valor, un movimiento temerario que podría no solo dificultar los objetivos medioambientales de la UE, sino también la competitividad del mercado”, advierte Amandine van den Berghe, responsable del área para Client Earth, una ONG de abogados que pleitea en 60 países contra empresas y gobiernos para que “rindan cuentas de sus compromisos climáticos”.

Frente a Madrid o los lobbies ecologistas, han estado los movimientos de París o Berlín, que sí presionan a la Comisión para “simplificar la regulación”. Con ellos están muchas organizaciones empresariales, entre ellos la gran patronal española, CEOE, que este lunes envió una carta a Bruselas subrayando que “la simplificación regulatoria no cuestiona el compromiso de las empresas con los objetivos climáticos y el modelo social europeo: es justamente [...] como conseguiremos facilitar el cumplimiento de nuestros objetivos comunes”.