¿Cómo se ha calculado la quita de la deuda autonómica? ¿A qué comunidades beneficia más?

El Gobierno ha puesto números a la condonación de la deuda autonómica pactada con ERC. La propuesta, que tal y como recogían esos acuerdos es ampliable a todos las territorios de régimen común, supondría quitarle a las comunidades una losa de más de 83.000 millones de euros, un 25% del total que acumulan, pero no se concedería a todas el mismo perdón. Si el planteamiento del Ejecutivo logra luz verde —tiene que aprobarse por ley en el Congreso—, a Andalucía se le reconocería la mayor quita en términos absolutos; Canarias vería perdonada la mitad de su pasivo. Pero, ¿cómo se ha calculado el importe para cada territorio? ¿A qué autonomía favorecerá más?

El primer paso para confeccionar la propuesta de condonación ha sido calcular cuánto creció la deuda autonómica entre el 31 de diciembre de 2009 y la misma fecha de 2013, unos años en los que la crisis financiera golpeó con fuerza la economía y dejó las cuentas públicas tiritando. La recaudación cayó en picado, los recursos de las comunidades menguaron y la única manera para costear los gastos era emitir deuda, una tarea que se les hizo cuesta arriba tanto a la Administración en su conjunto como a muchos territorios: los mercados empezaron a exigir a las comunidades con las finanzas más maltrechas unos intereses inasumibles y el Estado salió a su rescate con la creación de los mecanismos de liquidez. Fue así que los pasivos de las comunidades —y no solo—, encargadas de prestar los servicios básicos como la sanidad y la educación, crecieron como la espuma, en 109.582 millones, según los cálculos del Ministerio de Hacienda, que culpa de ese “sobreendeudamiento” a las políticas del Ejecutivo del PP que gobernó durante esos años.

A esta cifra de partida se le ha restado el incremento que la deuda regional ha experimentado entre el 31 de diciembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2023, un periodo igualmente o más convulso por la pandemia y la crisis inflacionaria. Sin embargo, la respuesta del Estado y de la UE fue radicalmente distinta. En lugar que recortar gasto, las comunidades recibieron una avalancha de recursos y el pasivo autonómico avanzó a un ritmo muy inferior, en 29.272 millones. “La premisa clara es que la respuesta que se dio en la anterior crisis financiera no fue adecuada y supuso un fuerte deterioro de las cuentas de las comunidades que fueron obligadas a sobreendeudarse con mecanismos como el FLA”, subrayó el lunes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante la presentación de la propuesta de condonación, que dio a conocer cerca de una hora después de que líder de ERC, Oriol Junqueras, hiciera público el importe que se le perdonaría a su comunidad.

La diferencia entre las dos cifras antes mencionadas arroja un importe de unos 80.000 millones. El Gobierno ha decidido que el 75% de ese total, unos 60.000 millones, sea el punto de partida para calcular la quita que le toca a cada comunidad. El reparto se ha hecho en función del criterio de población ajustada, una variable tiene en cuenta el número de habitantes, pero lo corrige con factores demográficos, como el envejecimiento o el número de menores en edad escolar, y geográficos, por ejemplo la dispersión, pues los servicios son más caros de prestar si el porcentaje de población mayor es elevado o la densidad de población es baja.

Con este criterio de condonación por población ajustada, la quita para el conjunto de los territorios sería de 1.369 euros por ciudadano y de un 19% sobre el total del pasivo autonómico registrado a finales de 2023. Algunas comunidades, en concreto las que tienen deudas elevadas, se quedarían sin embargo por debajo de ese porcentaje. Por ello, tras este cálculo inicial, que Hacienda denomina Fase 1, se han introducido unos ajustes.

El primer ajuste, o Fase 2, tiene el objetivo que ninguna comunidad se quede por debajo de ese 19% de condonación. Para conseguirlo, se suman a esos 60.000 millones de euros iniciales otros 11.514 que se reparten entre Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Castilla-La Mancha y Murcia. En la Fase 3 se realizan dos correcciones adicionales. La primera va dirigida a compensar la infrafinanciación que sufren algunos territorios, pues reciben del sistema de financiación menos recursos que la media, y supone asignar otros 11.506 millones de condonación. La segunda, con 917 millones adicionales, premia a aquellas comunidades que han subido el IRPF entre 2010, cuando entró en vigor el actual modelo de financiación, y 2022. “Se reconoce así el esfuerzo fiscal que exigieron algunas comunidades a sus ciudadanos para mejorar la situación presupuestaria y fiscal”, afirma Hacienda en un comunicado.

Hay seis comunidades que no se benefician de estos importes adicionales de quita —Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia, La Rioja y Madrid—, debido a que no cumplen con ninguno de los requisitos fijados, es decir que no tienen tener ratios elevadas de deuda, no están infrafinanciadas o han bajado el IRPF en el periodo considerada. Una vez sumadas todas las fases, el importe total a perdonar se eleva hasta los 83.252 millones de euros.

La gran pregunta es: ¿qué territorio sale más beneficiado? Andalucía es la comunidad a la que se le reconoce la mayor quita en términos absolutos: 18.791 millones. Le siguen Cataluña (17.104), Comunidad Valenciana (11.210) y Madrid (11.210), las que tienen el mayor volumen de deuda total; en el otro extremo están Cantabria (809 millones) y Asturias (1.508). Esta instantánea, sin embargo, no tiene tanto valor, pues es normal que las comunidades más grandes tengan pasivos mayores y viceversa.

Si se calcula la quita sobre el volumen de pasivo —con datos de la deuda del tercer trimestre de 2024—, Canarias sería la más beneficiada, pues vería perdonada hasta la mitad de su lastre: 3.200 millones de los 6.400 que tiene actualmente. Por detrás vienen Andalucía (se libraría del 47% de su pasivo), Asturias (36%), Galicia (33%) y Extremadura (32%). Si la quita se calcula sobre los habitantes ajustados, los mayores importes son los de las comunidades infrafinanciadas —Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia—, además de Cataluña, con unos 2.284 euros por cabeza. Aun así, algunas de esas comunidades no lograrían ni con la quita volver a los mercados, pues su ratio de deuda seguiría siendo muy elevada. La Rioja, Cantabria, Madrid, Galicia y Castilla y León recibirían los minores importes, unos 1.168 euros cada habitante. En total, Hacienda calcula que las autonomías podrían ahorrarse entre 5.000 y 7.000 millones de euros en intereses.

El siguiente paso es debatir la propuesta este miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el órgano que reúne el Ministerio de Hacienda con los consejeros autonómicos de la rama. La negociación no será sencilla, pues la mayoría de las comunidades de régimen común, 11 de 15, están gobernadas por el PP, que ya ha adelantado que se opondrá a la quita. La medida, de hecho, es voluntaria —los barones regionales pueden descolgarse de ella—, y para aplicarse necesitará plasmarse en una ley orgánica, que ha de votarse en el Congreso con mayoría cualificada. Hacienda estima que podría estar lista a finales de año, siempre y cuando logre convencer a un arco parlamentario muy fragmentado.