Consideraciones preliminares sobre un fallo histórico
¿Cuán profundo fue el impacto del fallo de la CSJN que confirma la condena de CFK, en cuanto a las fortalezas relativas de las principales fuerzas políticas? ¿Es un punto de inflexión en el desarrollo político del país o, en su defecto, un episodio importante, traumático por tratarse de una expresidenta, pero que no alterará de manera significativa las preferencias subyacentes de la sociedad ni, como consecuencia, el funcionamiento del sistema político? ¿Tendrá efectos trascendentes en el proceso electoral? ¿Quedará por ejemplo el peronismo más unificado al menos en el corto plazo detrás de su liderazgo, a pesar de (o gracias a) que no podrá ser candidata, o se profundizarán las tensiones y los conflictos que explican la fragmentación que experimenta desde hace tiempo ese histórico movimiento? ¿Queda la Justicia más o menos legitimada de cara a la ciudadanía, más allá de las cáusticas expresiones escuchadas en los últimos días, particularmente por parte de políticos kirchneristas y de extrema izquierda que, con o sin fundamentos en cuanto al conocimiento del expediente, aseguraron con ligereza que no existen elementos probatorios contundentes y que se trata de un caso extremo de lawfare? Estos son algunos de los principales interrogantes que predominan en la conversación pública y concentran la atención de los principales actores económicos. Es demasiado temprano para responderlos con una argumentación sólida y convincente. Pero algunos datos de opinión y elementos que surgen de una perspectiva comparada pueden contribuir a alimentar el debate.
Un flamante sondeo realizado por D’Alessio IROL/Berensztein puede ayudar a despejar algunas dudas. El 55% de los encuestados dice sentir “alivio” o “satisfacción” como consecuencia del fallo, contra un 39% que experimenta “indignación” por la percepción de “justicia selectiva” o “tristeza” por la supuesta persecución política. Las aguas están divididas respecto del efecto político: un 48% estima que debilita al kirchnerismo, ya que con esta situación pierde poder y legitimidad, mientras otro 43% apuesta a que lo fortalece: la “victimización” de Cristina podría ser un factor para reactivar la militancia. En un punto hay una amplia mayoría que está de acuerdo. El 81% anticipa un escenario de tensión social, aunque con un atenuante: la conflictividad será de corta duración. En principio, esto sugiere que este evento no modificaría demasiado lo que la sociedad pensaba antes del martes pasado. Consultado al respecto, un reconocido especialista afirmó: “Hay muchos acontecimientos que parecen grandes terremotos, con la capacidad de modificar seriamente la forma en la que actuamos o pensamos. Pero pasado algún tiempo, uno advierte que resultaron mucho menos trascendentes de lo que parecían (…) A lo sumo refuerzan las ideas, valores y prejuicios que existían previamente”. Evangelizan entre evangelizados, pueden galvanizar más a una sociedad ya dividida, aunque se trate de un enfrentamiento asimétrico en términos del tamaño y densidad de los protagonistas de esta nueva/vieja grieta: nótese que “55-39” se parece mucho al resultado de la segunda vuelta de 2023. Surgen bloques de similar orden de magnitud si se suman los votos obtenidos el mes pasado en la ciudad de Buenos Aires por los candidatos del centro a la derecha y se los compara con los K y de izquierda.
El análisis comparado agrega insumos útiles para comprender cómo puede evolucionar la situación. Tomando los casos relativamente recientes de un conjunto diverso de países (Estados Unidos, Francia, Italia, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela), se identifican tres caminos o categorías en materia del impacto político de investigaciones judiciales polémicas y de alta visibilidad que involucran a líderes políticos de importancia que desempeñaron los más altos cargos ejecutivos. En primer lugar, se identifica un grupo de dirigentes que, aunque hayan sido condenados o hayan pasado un tiempo recluidos, lejos de ver afectadas negativamente su popularidad o sus perspectivas electorales, potenciaron sus carreras. Donald Trump, Lula da Silva y Hugo Chávez volvieron al poder tras haber sido condenados y, en los dos últimos casos, encarcelados. Esto tuvo que ver con el hecho de que los procesos judiciales fueron percibidos, al menos por los votantes de los mencionados, como parciales. La consecuente victimización junto con la resiliencia y la clara vocación de poder de estos líderes les permitió reinventarse y hasta incrementar su influencia política.
Otro conjunto de líderes quedó al margen del juego político, aunque haya intentado regresar al ruedo o sostener su predominio. Se destacan Nicolás Sarkozy, los políticos italianos investigados en el caso Mani pulite, el dictador Augusto Pinochet, los expresidentes peruanos Alejandro Toledo y Ollanta Humala y la boliviana Jeanine Áñez. El eclipse y el eventual final de sus carreras, similar a lo que aquí ocurrió con Amado Boudou, socio en la fórmula de CFK en 2011, Julio De Vido, María Julia Alsogaray o con los políticos vinculados al caso María Soledad Morales, se materializa o profundiza por el hecho de que sus entornos o compañeros de ruta político-partidarios terminan ignorándolos. María Estela Martínez de Perón podría ser englobada en esta categoría. En estos casos, los procesos judiciales suelen ser percibidos como imparciales, más allá de alguna sutileza.
La tercera variante (con matices en sus características, pero regularidad en sus consecuencias), comprende a líderes involucrados en investigaciones judiciales, aun con condenas firmes, que mantienen algún grado de centralidad o influencia, aunque estén legalmente imposibilitados de regresar al poder. Ocurre con Evo Morales, Rafael Correa, el ya fallecido Alberto Fujimori y Jair Bolsonaro, sometido a un juicio por su eventual responsabilidad en un intento de golpe de Estado para evitar que Lula asumiera su tercer mandato. El expresidente brasileño no resigna sus pretensiones para las elecciones del próximo año, aun cuando dicha misión recaiga sobre su esposa o alguno de sus hijos (hay algunos otros referentes de derecha con aspiraciones presidenciales, como el gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, en un contexto de creciente fragmentación de la oferta electoral). Correa prefirió el autoexilio en Bélgica antes que enfrentar las muy serias denuncias en su contra que se acumularon en su país. De todos modos, su candidata en las últimas elecciones, Luisa González, llegó a la segunda vuelta. En Colombia, Álvaro Uribe sufrió una severa pérdida de peso político, aunque continúa siendo una figura de consulta dentro y fuera de su nación. Finalmente, Morales goza de un notable protagonismo en la nuevamente caótica política boliviana, que experimenta una creciente y profunda crisis de gobernabilidad, en buena medida generada por el propio líder cocalero. Impedido de competir por la presidencia y peleado con el actual mandatario Luis Arce, Evo desafía a la Justicia y a las autoridades electorales y presiona permanentemente con la movilización de sus seguidores. Perón hubiera integrado este último grupo en el período 1955-1973, para asociarse posteriormente al primero, luego de su retorno del exilio y su resonante triunfo electoral de octubre de ese año.
Seguramente Cristina pretenderá emular a los primeros y, sobre todo, evitar la marginalidad de los segundos. Aunque deba resignarse, a la postre, a sumarse al lote de los terceros.
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