El corte de luz puede dejar temblando a la factura ante la necesidad de mejorar las redes

La mayor crisis eléctrica en décadas en la historia de España ha dejado fundido al sistema justo cuando el Gobierno y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) estaban preparando varios procesos de audiencia pública para actualizar el sistema de retribuciones por el que se paga a las compañías distribuidoras de la luz los importes para que realicen su actividad siempre en función de lo que determine la ley. No son cifras baladíes: solo en 2024, las filiales de estas corporaciones recibieron más de 7.000 millones de euros... con cargo al recibo de la luz que pagan los españoles.

Lo que ha provocado el 'cero energético' del pasado lunes es la reactivación de la necesidad de invertir más dinero en las redes para adaptarlas a la nueva realidad del sistema, mucho más plagado de centrales –grandes, medianas o pequeñas– por todo el territorio, frente a la antigua estructura –más piramidal– en la que un puñado de plantas surtían de luz a toda España. Ajustar esa red, digitalizarla y modernizarla ya era necesario, tal y como venían reclamando desde el sector eléctrico desde hace años.

Como esa retribución económica se encuentra regulada por ley, es el Ministerio para la Transición Ecológica el encargado de determinar cuáles son los límites anuales, porque esas cuantías de dinero acaban llegando a la factura de todos los consumidores, tanto grandes como pequeños. La intención ya era la de elevar esos costes con respecto a los topes actuales. En ese momento es Competencia la que determina cómo se reparte esa inyección de dinero en cada una de las facturas, en lo que comúnmente se conoce como parte fija.

A la espera de ajustar la nueva retribución, que se verá ahora más presionada tras el apagón, las grandes eléctricas calculaban que iban a ser necesarias inversiones por más de 30.000 millones de euros en la próxima década para ampliar y modernizar sólo las redes eléctricas de distribución. Esto es, a razón de unos 3.000 millones de euros al año desde ahora hasta 2035.

Ese cálculo incluye los 1.800 millones de euros que ya se invierten de media cada año por las distribuidoras y Red Eléctrica, y otros 1.200 millones extra para desplegar nuevas redes sólo para poder conectar el aluvión esperado de nuevos centros de datos, plantas de hidrógeno verde y la electrificación de los puertos. Las proyecciones preveían una alza de la capacidad de 50 gigavatios (Gw) solo para conectar este tipo de clientes.

Las advertencias de las compañías vienen de lejos. Tanto una por una como a través de Aelec –la patronal de la distribución–, advertían al Ministerio de Transición Ecológica sobre la necesidad de implantar más y mejores redes con las previsiones de renovables que están por llegar. Y si no se hace, esa transición sería inviable. Esa falta de actualización había provocado que las grandes distribuidoras rechazaran cerca de una de cada tres peticiones de conexión a sus redes tanto por falta de capacidad para poder atenderla y enchufarla.

El importe de esos peajes por distribución de la luz depende de lo que la CNMC determine cada año en función de factores como la potencia contratada, la discriminación horaria –si la hay–, o el nivel de tensión –alta, media y baja–. Además, como esta cuantía genérica anual se reparte entre todos los consumidores, si el número de clientes eléctricos aumenta con el paso de los años, la cuantía a pagar por cada uno de ellos en concepto de peajes de distribución puede verse compensada aunque se incrementen esas inversiones que parece serán necesarias a medio plazo.

Por ejemplo, para este año los peajes se han reducido, de media, en un 4%. Y solo para este año, se espera un incremento del número de clientes eléctricos del 0,8%, que situaría la cifra total en los 30,74 millones de usuarios, según los cálculos de la CNMC.

Sin embargo, el apagón puede obligar a modificar buena parte de esas cuentas, según apuntan varias fuentes del sector energético. Si el Gobierno opta por acelerar las inversiones, también deberá decidir cómo repercute esta nueva realidad económica en el recibo de los consumidores. Y a más inversiones, más gasto a repartir entre los recibos.

El cambio en los peajes puede verse compensado por la reducción del precio de la electricidad –la parte del consumo de la factura– gracias a la implantación de las renovables, que son las tecnologías que hacen retroceder más los precios en un mix eléctrico que aún está pendiente de saber si seguirá contando con las nucleares más allá de 2035.