El programa IMSS-Bienestar continúa sin certeza presupuestal

En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2025, el programa IMSS-Bienestar no recibió recursos por parte de la Secretaría de Hacienda. El último presupuesto autorizado para este programa —diferente del Organismo Público Descentralizado IMSS-Bienestar— fue de 21 mil millones de pesos en 2024, destinados a brindar atención médica a 11 millones de mexicanos en zonas rurales marginadas.

Debido a la falta de asignación presupuestal, las reglas de operación de este programa para 2025 no fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, puesto que, sin una asignación de recursos, no pueden emitirse reglas que sustenten su funcionamiento, tal como lo establece la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Sin reglas de operación ni presupuesto asignado en el PEF 2025, el programa, en términos administrativos, no existe oficialmente en este ejercicio fiscal. Aunque sigue funcionando con recursos de las reservas operativas del IMSS, autorizadas por el Consejo Técnico por un periodo de tres meses, la pregunta es inevitable: ¿qué pasará más allá de marzo?

Esta omisión genera problemas administrativos graves, debido a que, sin reglas vigentes, el programa carece de un marco normativo que permita ejercer recursos, contratar personal, garantizar la compra de insumos y cumplir con el pago de las prestaciones del personal jubilado.

Desde que se hizo evidente la exclusión del programa en el PEF 2025, y a raíz de lo publicado en este medio (EL FINANCIERO 28 de enero 2025), los trabajadores han manifestado su preocupación ante el riesgo de quedar en un limbo laboral. La falta de claridad sobre la ruta a seguir genera incertidumbre legítima.

¿Cuáles pueden ser las soluciones?

1. Emitir un acuerdo presidencial para dar por terminado el Programa IMSS-Bienestar y definir su integración al IMSS Ordinario o al OPD IMSS-Bienestar.

2. Dividir la operación: una parte del programa pasaría al OPD y otra se integraría al IMSS Ordinario.

3. Mantener el programa: aprobar una ampliación presupuestaria extraordinaria y publicar nuevas reglas de operación para lo que resta de 2025, evitando la interrupción de los servicios de salud.

La posibilidad de que el programa sea absorbido en su totalidad por el IMSS Ordinario podría representar una solución estructural, siempre que se garantice un esquema de financiamiento sostenible. Bajo este modelo, el Instituto seguiría atendiendo a la población sin seguridad social y luego facturaría estos servicios al OPD IMSS-Bienestar. Sin embargo, este esquema plantea desafíos administrativos y la necesidad de cambios a las leyes y normas que aún no han sido esclarecidos por la autoridad.

La opción de dividir la operación entre el OPD y el IMSS Ordinario podría generar inconsistencias en las condiciones laborales y en la gestión de la infraestructura médica. La inquietud del personal de base y de confianza del programa se centraría en: ¿Bajo qué régimen quedarían? ¿Quién garantizaría su estabilidad laboral? ¿Cuál será la postura del Sindicato del IMSS, considerando que el personal de base del programa ya pertenece a esta organización?

El H. Consejo Técnico del IMSS enfrenta una decisión trascendental. Si bien la integración del programa al IMSS Ordinario parece viable desde el punto de vista operativo, su viabilidad financiera dependerá de que el gobierno garantice los recursos necesarios sin comprometer el equilibrio del modelo tripartito de financiamiento del IMSS. Por otro lado, la presión del SNTSS es innegable: cualquier movimiento que afecte las condiciones laborales de los trabajadores del programa podría derivar en un conflicto sindical.

Para dar los pasos siguientes, es indispensable que, a través de un acuerdo presidencial, se dé por terminado el actual Programa IMSS-Bienestar y se defina su destino. Solo de esta manera se podrá establecer una transición ordenada y legalmente viable que brinde certeza tanto a los trabajadores como a los millones de usuarios que dependen de estos servicios. Sin este marco legal claro, cualquier intento de reestructuración enfrentará obstáculos administrativos y políticos que podrían prolongar la incertidumbre.

La mayor preocupación radica en que, ante la falta de definición, los trabajadores quedan atrapados en un vacío de información. La estabilidad laboral no solo es un derecho adquirido, sino un pilar para la continuidad de los servicios de salud en comunidades donde la infraestructura del programa IMSS-Bienestar es la única opción de atención médica.

La decisión debe tomarse antes de que los recursos se agoten en marzo. De lo contrario, la falta de certeza podría desencadenar una crisis no solo en la atención médica, sino también en el plano laboral y político. El tiempo se acaba y el margen de maniobra se reduce. ¿Definirá la Dra. Claudia Sheinbaum el rumbo antes de que el reloj marque el final del primer trimestre?