Tráfico busca a los autores de la vandalización de siete radares

Siete radares fijos de la Dirección General de Tráfico (DGT) han sido vandalizados en los últimos días. Los cinemómetros, que se encontraban en carreteras convencionales, tienen un precio que alcanza los 67.000 euros. Por ello, Tráfico va a iniciar una investigación para localizar a los autores y que hagan frente a su reparación o a su reposición. Además, los autores se enfrentan a penas de hasta tres años de prisión al haber cometido un delito de daños, tipificado en el Código Penal, además de tener que hacer frente al pago de una multa.

La DGT, que ha informado hoy martes que emprenderá acciones legales contra los autores, ha denunciado el destrozo de los radares ante distintos puestos de la Guardia Civil, que ha abierto varias investigaciones para detenerlos. Los radares se encuentran en la Comunidad de Madrid (2), en Castilla-La Mancha (2), en Castilla y León (2) y en la Comunidad Valenciana (1) y emprender así acciones legales contra ellos.

El delito de daños está tipificado en el Código Penal de su artículo 263 al 267, en los que se contemplan una serie de acciones que provocan un menoscabo en el valor patrimonial de la propiedad ajena y cuyo bien jurídico protegido es el patrimonio. El apartado 2 del artículo fija un tipo agravado que recoge pena de prisión de uno a tres años y multa de 12 a 24 meses, que se comete cuando concurren las siguientes circunstancias, indicativas de la intención del autor de causar un perjuicio más grave: “Cuando los daños tengan por objetivo impedir el libre ejercicio de la autoridad o se realicen como consecuencia de las acciones ejecutadas por la autoridad en el ejercicio de sus funciones. También cuando se cometan contra funcionarios públicos, o contra particulares que, como testigos o de cualquier otra forma, hayan contribuido o puedan hacerlo en la ejecución o aplicación de las leyes”.

Tráfico ha recordado que estos daños no se limitan a dañar un bien público, sino que afectan también a la seguridad vial. La función de estos radares, según la DGT, busca controlar puntos de las carreteras en las que hay mayor peligrosidad o se han detectado mayor número de accidentes o víctimas.

Los agentes de la Agrupación de Tráfico y de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil han recibido la orden de reforzar la vigilancia en los puntos en los que están instalados los radares para evitar que se produzcan este tipo de actos. Además, se han colocado cámaras de vigilancia en los mismos directamente conectadas con los Centros de Gestión de la DGT con el fin de detectar posibles sabotajes y permitir la actuación inmediata de las patrullas de la Guardia Civil.

Según Tráfico, entre el 10 y el 15% de todos los accidentes de tráfico y el 30% de los siniestros viales mortales son el resultado directo de una velocidad excesiva o inapropiada de acuerdo con el Informe temático sobre seguridad vial dedicado a la velocidad publicado por el Observatorio Europeo de Seguridad Vial en 2021 y por el informe de Gestión de Velocidad del Centro de Investigación del Transporte (ITF).

Según estos informes, la gestión de la velocidad, debe incluir, entre otras medidas, la vigilancia policial y el control automático de velocidad con aquellos instrumentos que lo permitan y que abarquen a todos los usuarios de las vías (incluyendo a conductores extranjeros) y el desarrollo de control de secciones (control de velocidades medias en secciones de una vía), de ahí que recomiende a los distintos países seguir fomentando su uso.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció el pasado 10 de enero la instalación de 122 nuevos radares fijos y de tramo a lo largo de este año. Un total de 24 de ellos han entraron en funcionamiento en 10 provincias a finales de enero. Más de 1.100 conductores fueron denunciados por los radares de la Dirección General de Tráfico (DGT) por circular a altas velocidades durante 2024.