Una jueza obliga a la Generalitat a proteger a un menor de Benín de cuyo pasaporte desconfía

Marzoukou A., un adolescente de Benín que reside en Barcelona, está “muy contento”. Después de un complejo proceso migratorio, ha ganado otra batalla: la que libra desde hace meses con la Administración para que lo reconozca como menor de edad. Una jueza ha dado validez al pasaporte emitido por las autoridades del país africano, en el que se afirma que tiene 17 años. Tanto la Fiscalía como la Generalitat catalana habían puesto en duda la fiabilidad del documento, pero la magistrada les recuerda que, según la doctrina del Tribunal Supremo, el pasaporte es válido mientras no se aporten pruebas de su falsedad.

El adolescente volverá a integrarse en el sistema de protección a menores extranjeros no acompañados de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAiA), aunque por poco tiempo: el 26 de noviembre alcanza la mayoría de edad. Su abogado, Albert Parés, quiere aprovechar estos meses para que la Generalitat le tramite el permiso de trabajo. Marzoukou no pierde el tiempo: está haciendo prácticas de pescadería en Mercabarna, aunque su intención es formarse para conducir vehículos pesados. “Mi padre, que murió, era camionero, y yo quiero ser el primero de la familia en seguir sus pasos”, explica en una conversación con este diario.

Nació en Copargo, una población del interior de Benin, y pasó su infancia en una casa que compartía con 27 personas (su padre estaba casado con varias mujeres) hasta que se instaló con su abuela. “Trabajaba en el campo o en llevar agua y comida a la vivienda”, explicó a los trabajadores de Cruz Roja que lo atendieron al llegar a Cataluña. Cuando la abuela murió, decidió migrar a Europa en busca de “una mejor calidad de vida”. Con 13 años viajó a Argelia, donde pasó dos años hasta que pudo subir a una patera que lo llevó a Almería. De allí, en autobús, se desplazó hasta Barcelona y se presentó, sin documentación y “totalmente desamparado” en una comisaría de los Mossos, según el expediente al que ha accedido EL PAÍS.

En junio de 2023, fue declarado en desamparo preventivo y quedó bajo la protección de la DGAiA, que lo instaló en un centro de menores de Barcelona. Los técnicos lo presentaron como un joven ordenado, limpio, educado, centrado, con ganas de aprender y dispuesto a trabajar. Pero como no tenía papeles, tuvo que someterse a las pruebas de determinación de edad de la Fiscalía. Ampliamente criticadas por la literatura científica, esas pruebas arrojaron que tenía 19 (según la radiología de muñeca) o 18 años (según la ortopantomografía).

Con el decreto de mayoría de edad, Marzoukou tuvo que abandonar el centro. No quedó en completo abandono porque se le permitió utilizar recursos asistenciales, de inserción social y sanitarios. Mientras tanto, había tramitado el pasaporte en el consulado. Lo recibió en febrero de 2024, cuando ya estaba en un albergue de la Zona Franca. El documento certificó que había nacido en noviembre de 2007, por lo que tenía entonces 16 años. Parés pidió que se abriera un nuevo expediente de desamparo, pero la DGAiA no hizo nada. Es ese silencio administrativo el que el abogado ha combatido con una demanda que ha sido admitida por la jueza de primera instancia 17 de Barcelona, Elena Campos.

La Fiscalía y la DGAiA se han opuesto a que se le reconozca menor porque, dicen, la documentación no es fiable. El ministerio público señala que España no tiene convenio o tratado con Benin para convalidar la documentación y que esta es “contradictoria” con el “aspecto físico” del joven y con las pruebas médicas. En la vista, la Generalitat alegó algo parecido: aunque el pasaporte “parece original”, no da “fe de la edad”. Ambos se apoyan en un informe que la Policía elaboró a su llegada a Almería, cuando se le identificó erróneamente con otro nombre (“Marzouk Al Hassan”) y otra nacionalidad (argelina).

“No entiendo por qué dijeron que había nacido en Argelia. Me da rabia que hayan actuado así”, cuenta Marzoukou. Tanto él como el abogado especulan que el error se produjo porque la mayoría de viajeros de la patera eran argelinos. En la vista oral, Parés recordó en todo caso que, salvo el del Ministerio del Interior, “en todos los documentos” (incluido un certificado del registro civil de Benín) consta siempre la misma fecha de nacimiento. Y agregó que, en todo caso, prevalece la validez del pasaporte.

La jueza le ha dado la razón. Campos recuerda que el Tribunal Supremo ya ha resuelto cómo resolver posibles discrepancias entre la edad que indica un documento y la que “se deriva de la apariencia física”. Y concluye que, si hay “pasaporte válido”, como en este caso, pasa por delante incluso de las pruebas médicas. Aunque también hay que evitar posibles fraudes, dice la jueza en sintonía con el alto tribunal, la prioridad es “la protección” de los menores migrantes, personas que están en España “sin familia” y en situación “muy vulnerable”. La jueza concluye que Marzoukou tiene “derecho a quedar bajo la protección que la ley dispensa a los menores extranjeros no acompañados” y ordena a la DGAiA que dicte “de manera inmediata” resoluciones y medidas para su protección.