Paula Leanza en Aconcagua Radio: "La vara para ser un buen hombre es muy baja"

La violencia de género no se reduce a un episodio puntual ni a un acto aislado, sino que se trata de un proceso prolongado en el tiempo, con múltiples formas y manifestaciones. Así lo explica Paula Leanza, prosecretaria de la unidad fiscal de violencia de género en Mendoza, quien invita a mirar “un poquito más atrás” para comprender la verdadera dimensión del problema.

“No es una cuestión de minutos y de horas, la violencia que sufren las mujeres puede ser de años, de muchos años y de distintos tipos y modalidades”, afirma Leanza, señalando que la ley 26485 reconoce una variedad de violencias, aunque no es exhaustiva respecto a todas las formas existentes.

Entre las violencias más frecuentes, pero menos visibles, destaca la violencia económica, que “es como una violencia silenciosa, aunque no tanto porque se nota, porque se ve desde afuera”. Esta modalidad incluye situaciones como la prohibición de salir a trabajar o la dependencia económica que afecta la autonomía de las mujeres. “Las mujeres que se quedan en casa a cuidar a sus hijos e hijas y que no les permiten salir a trabajar ven un perjuicio en su patrimonio y en su economía, porque ya no pueden acceder a un dinero propio”, explica Leanza.

Además, la prosecretaria resalta el rol invisibilizado de las tareas de cuidado, que mayoritariamente recae sobre las mujeres. “Las tareas de cuidado son las más ingratas, porque no pagan obra social, no tienen vacaciones y nadie las ve ni las reconoce”, señala, ampliando la reflexión a cuidados que van más allá de la maternidad, incluyendo a personas mayores, con discapacidad o internadas.

Este entramado de violencias invisibles y silenciosas suele preceder a la violencia física o directa. “Cuando una mujer decide denunciar, generalmente ya teme por su vida o por la vida de sus hijos”, afirma Leanza. De hecho, advierte que “desde mi experiencia denuncian más por la vida de sus hijos que por la propia”.

La especialista subraya también la influencia de la crianza cultural, que impulsa a las mujeres a postergarse por el bienestar familiar y a mantener vínculos afectivos que pueden volverse dañinos con el tiempo. “No es que las mujeres se enamoran o desean tener hijos con hombres violentos, esto es sumamente progresivo”, aclara.

Por más que el marco normativo exista y los protocolos estén redactados, la realidad muchas veces es otra. Con datos alarmantes sobre femicidios y un fuerte llamado a la acción institucional, Leanza no esquivó temas incómodos: “La vara para ser un buen hombre es muy baja”, sentenció, en contraste con las exigencias sociales hacia las mujeres.

En lo que va del año, Mendoza ya registró cinco femicidios. El promedio nacional indica que cada 31 horas una mujer es asesinada por su pareja o ex pareja. Sin embargo, el sistema todavía responde tarde y mal. “Hasta que nadie muere no hay reacción. Y aún así, a veces tampoco”, dijo Leanza. “Me parece que ya debería haber una reacción contundente. Tenemos una ley muy pro, la 26.485, vigente desde 2009, además de tratados internacionales que la Argentina ha ratificado, y sin embargo, esa legislación no llega a las prácticas cotidianas.”

Uno de los principales nudos está en el rol de las instituciones educativas y sanitarias, muchas veces la primera puerta a la que acuden las mujeres. ¿Qué ocurre si una maestra sospecha que una madre está siendo víctima de violencia? ¿Debe denunciar? ¿Puede hacerlo sin su consentimiento? “Es complejo. Si la mujer no está lista para desvincularse, puede llegar a ver esa denuncia como una traición”, explicó. Sin embargo, fue clara: “Si se advierten indicadores de violencia física o psicológica grave, es obligación de la institución denunciar o, al menos, activar los protocolos de prevención”.

La entrevista puso sobre la mesa las fallas estructurales de un sistema que aún hoy deposita toda la carga en las víctimas. “Después nos preguntamos por qué no piden ayuda. ¿Por qué no? ¿Si todas las instituciones somos tan amorosas con ellas?”, ironizó Leanza. “La realidad es que cuando una mujer llega golpeada a un efector de salud, deberían existir protocolos para advertir que esas lesiones no se corresponden con una caída en el baño. Pero lo que yo veo es que muchas veces se hacen actas, nada más. Es como si el acta funcionara como respaldo burocrático del funcionario, pero no se avanza más allá”.

Además del plano institucional, Leanza profundizó en los condicionamientos culturales que perpetúan la violencia. “Hay que empezar a desvirtuar esta idea de que un varón que es agresor con su pareja puede ser un buen padre. No lo es. Cualquier persona que crea un contexto de violencia en el hogar no es un buen familiar ni debería seguir en contacto con los niños”, afirmó.

Este tipo de ideas, sostuvo, se anclan en viejos preconceptos: “Como es el proveedor, es buen padre. Pero eso es arcaico. Yo siempre digo que socialmente la vara para ser un buen hombre es muy baja: con que trabaje ya alcanza. En cambio, para ser una buena mujer, y sobre todo una buena madre, la vara es altísima”.

El sistema educativo también perpetúa estas desigualdades. “Si un niño falta a la escuela, se llama a la madre. Si se olvida la mochila o no lleva la tarea, también. Siempre hay una mujer atrás, como si la responsabilidad educativa recayera solo en ellas”, señaló. En ese sentido, Leanza remarcó que el análisis sobre los obstáculos que enfrentan las mujeres para pedir ayuda debe ser integral. “Es interesante preguntarse por qué no piden ayuda, pero no desde el reproche, sino desde la comprensión real de lo que viven”.

Uno de los caminos posibles, según la fiscal, es avanzar con fuerza en la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI). “Tenemos un marco jurídico que obliga a que se enseñe ESI en las escuelas, pero aún así no se concreta en todos los ámbitos. Muchas veces depende del docente o del instituto, y no debería ser así. Debería ser una política institucional”, sostuvo. “Seguimos siendo un Estado laico. La ley debe cumplirse más allá de las creencias personales”.

Sobre la resistencia que genera la ESI en ciertos sectores, aclaró: “No significa imponer un estilo de vida. Está pensada para que niños y niñas puedan reconocer abusos y poner límites sobre sus cuerpos. Nada más”.

Otro aspecto que abordó fue el impacto de los femicidios en los entornos de las víctimas. “Pareciera que quien los comete solo destruye a una persona, pero deja una huella de dolor en toda la comunidad”, aseguró. “No solo en los hijos e hijas, o en la familia directa. También en vecinos, compañeros, docentes. Incluso en la familia del femicida, que atraviesa la vergüenza y la culpa. Hay un mensaje de miedo que cala hondo, sobre todo en las adolescentes: el temor a salir solas, a vestirse o maquillarse como les gusta, a simplemente vivir en libertad”.

Para ilustrarlo, Leanza compartió una anécdota personal con su hija de 18 años: “Le decía: ‘Tenés una mirada tan abierta, y cantás canciones que degradan a las mujeres. ¿Cómo me lo explicás?’ Me respondió: ‘No te pongas fundamentalista, mamá’. Y claro, la canción era pegadiza, pero nos deja pensando sobre todo lo que asumimos sin cuestionarnos”.

Sobre las acciones urgentes que deberían tomarse, fue contundente: “Los cambios estructurales no van a ser a corto plazo, pero hay cosas que se pueden empezar hoy. La implementación efectiva de la ESI es una de ellas. También la capacitación real y obligatoria de los efectores públicos en todos los niveles: salud, educación, justicia. Y que dejen de ser declaraciones vacías. Que se transformen en prácticas”.

Frente a la magnitud del problema, Leanza dejó un mensaje claro: “Si seguimos esperando que el sistema funcione solo después de una muerte, estamos llegando siempre tarde. No podemos seguir normalizando la violencia ni relegando la responsabilidad. Es momento de actuar”.

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