Alemania rechaza nueva deuda europea para el Fondo de Recuperación

El cambio de gobierno en Alemania era esperado con atención en Bruselas, debido a que se esperaban nuevos criterios en Berlín, también en lo que respecta a la negociación del próximo marco presupuestario plurianual de la UE. En su documento de posición, la Administración Merz acaba de esbozar por primera vez sus puntos de partida y, aunque el contenido es todavía muy vago y con margen de maniobra, las líneas generales quedan establecidas. Alemania, en primer lugar, rechaza la nueva deuda de la UE en la línea del Fondo de Recuperación de la pandemia, financiado con deuda. «El gobierno alemán rechaza la continuación de este instrumento extraordinario y temporal, una extensión está legalmente excluida», afirma el documento de posición para el período posterior a 2027, cuyo contenido ha sido adelantado por Frankfurter Allgemeine.

La Comisión Europea, con la alemana Ursula von der Leyen al frente, tiene previsto presentar su propuesta para el próximo presupuesto europeo a mediados de julio. Antes de que den inicio las negociaciones, Alemania avanza que se defenderá de algunas demandas previsibles de Bruselas, entre ellas las de una ampliación significativa del presupuesto. «No hay base para aumentar el volumen del marco financiero a mediano plazo en términos de poder económico», advierte el documento. El volumen del presupuesto «clásico» para el actual período 2021-2027, es decir, financiado por las contribuciones de los Estados miembros, ronda los 1,2 billones de euros. Además, están los recursos del Fondo de Recuperación de alrededor de 800.000 millones de euros. Alemania mantendrá su convicción de que estas cantidades son suficientes.

El gobierno del conservador Friedrich Merz también rechaza claramente la sugerencia de que Alemania debe hacer una contribución neta significativamente mayor al presupuesto de la UE. Lo que se necesita es un «reparto equitativo de la carga», argumenta el documento de posición, que además aclara que «las cargas netas desproporcionadas que siguen existiendo» seguirán siendo compensadas por «correcciones por el lado de los ingresos». Esto significa que como contribuyente neto, Alemania, debe seguir recibiendo pagos de cada uno de los fondos del presupuesto de la UE.

Una cuestión sobre la que Ursula von der Leyen ha mantenido hasta ahora un perfil bajo es la de la deuda conjunta continua de la UE. Si bien el anterior gobierno de Olaf Scholz se había mostrado más abierto a la idea, Alemania no desea ahora ser responsable en caso de impago de préstamos de otros países europeos y se desmarca de este instrumento, planteado reiteradamente por otros Estados miembros muy endeudados que están llegando al límite de sus propias posibilidades de financiación. Los impagos o las dificultades para pagar la deuda emitida durante la pandemia ya no son tan improbables como parecían hace unos años, debido a que las tasas de interés aumentaron significativamente desde 2021, antes de iniciar el ciclo de descenso decidido por el BCE. El documento exige que en el futuro marco presupuestario, a partir de 2028, se inicie el pago de los préstamos. Tampoco deja ninguna puerta trasera abierta a la deuda de la UE para la financiación de armas, que promueven varios Estados miembros. Berlín pide, eso sí, un «marco financiero modernizado que fortalezca la capacidad europea de seguridad y defensa y la competitividad de la UE» y «programas y soluciones confiables» para apoyar a Ucrania, en referencia al programa de préstamos SAFE de 150.000 millones de euros, que ya ha sido adoptado. Berlín, por otra parte, quiere beneficiarse sobre todo de la posibilidad de que el gasto nacional en armamento quede excluido del Pacto de Estabilidad de la UE. Países como Francia e Italia no hacen uso de esta opción porque amenaza con llevar su deuda nacional a niveles insostenibles. Merz ha levantado el freno a la deuda en la Ley Fundamental alemana, de manera que ha abierto la puerta a una emisión de deuda ilimitada para invertir en armamento que queda fuera de esa consideración, y querría que tampoco contabilice a efectos del límite del 3% de déficit público ni del 60% del PIB de la deuda.

La posición de partida alemana sobre el cambio en la estructura presupuestaria, al contrario que las consideraciones anteriores, es menos conflictiva. Contiene reservas sobre ampliación del presupuesto y prefiere la reasignación de recursos. También sugiere poner el acento del gasto en sectores de valor añadido y de innovación y transformación, pero prescinde, por ejemplo, de modificaciones estructurales del gasto que afecten a la PAC. Berlín rechaza una reforma total de la Política Agrícola Común reclamada en repetidas ocasiones, para la que se sigue gastando alrededor de una cuarta parte de los fondos de la UE. «Queremos que la Política Agrícola Común siga siendo un ámbito político por derecho propio, con el desarrollo rural como parte integrante«, afirma el documento. Esto apunta a que Alemania no aceptará que la financiación de la Política Agraria Común quede diluida tras un fondo único europeo, que gestione cada país. Esta misma semana se han producido en Bruselas protestas de asociaciones europeas de agricultores que temen una renacionalización encubierta de la política agraria que «debilitaría el mercado único y generaría desigualdades entre los estados miembros».