Aporte obligatorio para capacitación: cuánto afecta a las cámaras empresarias de Mendoza

El decreto 149/2025 que pone fin a la obligación de aportar al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP) comienza a regir desde este mes. De este modo, a partir de junio, se tratará de un aporte voluntario que es celebrado al tiempo que criticado o puesto en duda. Es que al tiempo que se destacó la no obligatoriedad de un desembolso por empleado para destinar a formación, también se advirtió que no será sencillo reemplazar algunos servicios de formación. En especial para las pymes a las que les es más difícil contar con los fondos de manera individual. Además, se pone la lupa en la posible desarticulación de las gremiales empresarias, con las consecuencias que de desmembramiento que ello podría traer.

“El decreto 149/25 transformó en voluntarios, efectivo este mes, los aportes a cámaras empresarias”, se jactó en la red X el ministro de Desregulación, Federico Sturznegger. Agregó que se traba de “una suerte de impuestos privados colados en las convenciones colectivas”. En julio de 2008 se determinó que había que aportar mensualmente al INACAP que en la actualidad tenía una cuota por empleado de $4.725. Esto en parte sostenía a diversas cámaras empresarias que utilizaban esos ingresos para formar y actualizar a los miembros de estas organizaciones.

“Con esto bajamos costos en comercio, metalúrgicos, producción avícola, calzado, turismo, pasteleros, comercio internacional, gastronomía y contratación de maestranza”, expresó el funcionario nacional. Ahora, al concretarse el aporte obligatorio muchas organizaciones podrían correr riesgo de desaparecer mientras que otras deberán ajustar sus cinturones para continuar con los servicios que aportan a sus asociados. Como casi todo, la medida no puede leerse de manera absoluta ni de un lado ni del otro sino que posee matices.

En este marco, Rubén Palau, presidente local de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), observó que la resolución depende del ojo con el que se mire. “Para algunas pymes será un alivio dejar de pagar este aporte debido a la difícil situación existente, pero muchas cámaras no podrán volcar esos recursos en capacitación”, reflexionó Palau quien recordó que el decreto no los afecta de manera directa. Agregó que la posibilidad de que las cámaras brindaran formaciones a través de este fondo, facilitaba la llegada a formación a pymes que solas no podrían haber accedido. Sin embargo, concedió que no en todos los casos hubo adecuado control sobre el uso de esos fondos.

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Fabián Solís, presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza (Asinmet) explicó que esta gremial empresaria va a tener una caída en su recaudación, pero que no impactará en su estructura general y de servicios. Esto es porque Asinmet presta servicios a sus asociados al tiempo que cuenta con el Centro Tecnológico Metalúrgico (CETEC). Esta cámara industrial recibe la mitad del uno por ciento de la masa salarial que recauda su entidad macro a nivel nacional (Adimra) con la que ha podido ofrecer servicios y formaciones a costos mucho más bajos que los de mercado.

“Con esta nueva disposición hemos calculado que la recaudación caería en torno al 35%, pero como no es nuestro único modo de sustento sino por el contrario, no nos impactará en lo estructural”, señaló Solís. Agregó que Asinmet viene haciendo ajustes diversos y que continuará con la nutrida oferta de servicios y formación que ya posee en función de la nueva realidad. Desde su punto de vista, no obstante, el riesgo central de este tipo de medidas tiene que ver con que desorganizan al sector gremial empresario.

El aporte del INCAP tiene una fuerte incidencia en el sector comercial por lo que, por ejemplo, desde la Cámara Argentina de Mayoristas (CADAM) celebraron la medida. “Este aporte encarecía los costos laborales porque no representaba ningún beneficio para el trabajador, si decide no capacitarse”, comunicaron desde esta Asociación. Así, aunque todavía resta saber qué cantidad de empresas grandes o pequeñas dejarán de realizar el aporte, se espera que el impacto sea grande. En especial porque el mayor volumen de ingresos lo daban las grandes superficies por contar con mayor volumen de empleados a diferencia de las pymes.

En esta línea, Santiago Laugero, presidente de la Federación Económica de Mendoza (FEM), consideró que el aporte para las empresas chicas no era oneroso en comparación con el beneficio que podían recibir por la capacitación organizada desde cámaras como la FEM, la CAME u otras. “En forma indirecta, los fondos que llegaban a través del INCAP también sirvieron para que las gremiales empresarias fortalecieran sus posiciones y tuvieran una mayor llegada territorial”, completó Laugero. En el caso de la FEM, por ejemplo, parte de ese dinero se destinó a programas como la formulación de centros comerciales a cielo abierto así como la regulación de la calle Arístides Villanueva.

Al igual que Solís, Laugero observó que la baja del aporte obligatorio podría resentir a algunas cámaras empresarias, pero no esperan que se trate de una caída total. “Desde hace tiempo venimos trabajando en esta realidad y viendo cómo reemplazamos los fondos que no llegarán en los mismos volúmenes”, comentó el dirigente de la Federación Económica. Más allá de esto, Laugero observó que existe una base sectorial y de representación que es importante. “Hay foros como del de Agroindustria, Comercio o Metalmecánica y Minería que están en la agenda anual y que seguirán allí”, sintetizó Laugero. Agregó que este tipo de capacitaciones o eventos no se van a suspender, pero que sí habrá que hacer un hincapié diferente con relación al sponsoreo, los costos y los valores generales.