Consumo abre un expediente sancionador a una segunda inmobiliaria por presuntas prácticas abusivas en la gestión de alquileres

El Ministerio de Consumo ha abierto un expediente sancionador a una inmobiliaria de ámbito nacional por supuestas prácticas abusivas en la gestión de alquileres, aunque por el momento no puede revelarse su identidad. Entre las irregularidades que se investigan figuran el posible cobro de comisiones ilegales y la imposición de seguros no solicitados, en contra de lo establecido en la Ley de Vivienda, que prohíbe expresamente trasladar a los inquilinos los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato.

No es la primera vez que el departamento que dirige Pablo Bustinduy actúa en este ámbito. La primera intervención tuvo lugar a finales de marzo, cuando sancionó a la empresa Alquiler Seguro por estos mismos hechos. Y puede que no sea la última. Esta actuación ministerial se enmarca en una investigación iniciada en octubre a raíz de denuncias presentadas por el Sindicato de Inquilinas-CECU y asociaciones de consumidores como FACUA y la OCU. La investigación continúa abierta y podría derivar en nuevos expedientes contra otras agencias por prácticas similares. Fuentes del ministerio señalan que no pueden revelar el nombre de empresas implicadas en expedientes sancionadores abiertos. "En el caso anterior, fue la propia empresa implicada, Alquiler Seguro, la que hizo público su nombre en medios dándose por aludida". Todo ello ocurre en un momento de máxima tensión en el mercado inmobiliario, marcado por la escalada de precios y la escasez de oferta de vivienda asequible, una situación que afecta especialmente a la población joven.

Las sanciones, en caso de confirmarse las infracciones, podrían oscilar entre los 100.000 euros y el millón de euros, en función de la gravedad de los hechos y del beneficio económico obtenido de forma ilícita. En casos especialmente graves, las multas pueden llegar a multiplicar por seis u ocho los beneficios obtenidos.

En este contexto, el Ministerio de Consumo se ha mostrado especialmente activo. A los dos procedimientos abiertos contra inmobiliarias se suman los expedientes en curso contra la plataforma de alquiler turístico Airbnb. La Dirección General de Consumo acusa a la compañía de alojar en su página web miles de anuncios que incumplen la normativa sobre la publicidad de alojamientos turísticos. Entre las infracciones detectadas destacan: la ausencia del número de licencia o registro -obligatorio según diversas normativas autonómicas y la más frecuente entre los anuncios analizados-; la falta de información sobre la naturaleza jurídica del arrendador (si es una empresa o un particular), un dato clave para determinar el nivel de protección del consumidor; y la inclusión de números de licencia falsos o no emitidos por las autoridades, lo que puede inducir a error o engaño. De esta manera, ministro de Sumar ordenó el bloqueo inmidiato de 65.935 anuncios considerados ilegales.

Desde el ministerio subrayan que "la vivienda es un derecho y un bien de primera necesidad amparado por la ley". Por ello, todas estas actuaciones se enmarcan en el objetivo prioritario del Ministerio de Derechos Sociales y Consumo de garantizar el acceso a una vivienda digna y de proteger los derechos de las personas consumidoras.

Además, el departamento ha desarrollado acciones informativas dirigidas a los operadores del mercado del alquiler, con el objetivo de advertir sobre posibles prácticas abusivas en los contratos. Finalmente, la Dirección General de Consumo recuerda que la apertura de un expediente sancionador no prejuzga el resultado final de la investigación.