El Gobierno nacional declara que el sistema energético está al borde del colapso y extiende la emergencia hasta 2026
El Gobierno nacional decidió prolongar por un año más la emergencia energética en todo el país, una medida que afecta de manera directa a los sectores de generación, transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural bajo jurisdicción federal. El nuevo plazo estará vigente hasta julio de 2026, según lo establece el Decreto 370/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial.
La decisión se justifica, según el texto oficial, en que todavía persisten “las circunstancias excepcionales” que motivaron las declaraciones previas del estado de emergencia, iniciado formalmente en 2023. En palabras del Gobierno, la administración actual heredó “un sistema energético en ruinas”, afectado por déficits estructurales y “ausencia de señales de mercado claras”.
El decreto subraya que levantar la emergencia en este momento pondría en riesgo la estabilidad del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), y advierte sobre posibles consecuencias como la interrupción en los pagos de CAMMESA, la ruptura de contratos con generadoras, y un escenario de mayor deuda por parte de las distribuidoras.
Además, informó NA, se reafirma la necesidad de que continúen en funciones, bajo intervención, los actuales entes reguladores ENRE y ENARGAS, hasta tanto se conforme el nuevo Ente Nacional Regulador de la Energía, una de las reformas estructurales más ambiciosas que proyecta el oficialismo.
Entre los puntos más destacados, el Ejecutivo señaló que aún no se logró una cobertura real del costo del gas natural, lo que obliga a sostener aportes estatales que no siempre llegan a los sectores más vulnerables. A la vez, se encuentra en marcha un proceso de transición hacia subsidios focalizados, que pretende reemplazar los esquemas actuales, todavía masivos, por mecanismos más selectivos y eficientes.
También sigue pendiente la modernización del sistema eléctrico: un parque generador envejecido, problemas de transporte y fallas reiteradas en la distribución configuran un mapa complejo que el Gobierno busca revertir mediante inversiones, reformas regulatorias y reducción del gasto público.
En paralelo, se plantea como prioridad culminar la construcción de infraestructura para el transporte de gas, clave para el autoabastecimiento y las exportaciones a países vecinos.
En la letra del decreto no faltan alusiones a las gestiones anteriores. El Ejecutivo remarca que “la crisis energética es consecuencia directa de años de intervención distorsiva, subsidios indiscriminados y desinversión crónica”, lo que obliga a mantener las herramientas extraordinarias para evitar un colapso.
Así, la emergencia energética se convierte en una pieza estratégica dentro del plan de estabilización macroeconómica del Gobierno de Javier Milei, que busca equilibrar las cuentas fiscales sin interrumpir servicios esenciales.
La prórroga también ratifica el “Período de Transición hacia Subsidios Energéticos Focalizados”, lo que habilita a la Secretaría de Energía a redefinir de manera unilateral quién recibe asistencia y bajo qué criterios. Esto incluye la revisión de beneficiarios mal registrados, la eliminación de superposiciones como el régimen de Zona Fría, y una evaluación del Programa HOGAR tras la desregulación del gas envasado.
elintransigente
