Elevado gasto actual del Gobierno tendrá secuelas durante una década, advierte Comité Autónomo de la Regla Fiscal

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) hizo una dura advertencia en su más reciente informe presentado al Congreso de la República. Dijo que los elevados niveles del gasto del Gobierno Nacional Central (GNC) —hoy en máximos históricos— tendrán repercusiones sustanciales en la próxima década. Pero este es apenas uno de los riesgos para la sostenibilidad de las finanzas públicas que han detectado en su análisis sobre el panorama actual de la situación fiscal del país.

Menciona, por ejemplo, la cada vez más estrecha y creciente inflexibilidad presupuestal, lo cual cataloga como un problema, toda vez que "reduce el margen de maniobra del Gobierno y desplaza el espacio para gasto social y productivo".

En cuanto a los ingresos del Gobierno, el Comité advierte que el modesto crecimiento del PIB tendencial esperado (variable con mayor incidencia en la generación de recaudo permanente), impondrá retos para la estabilización de las finanzas públicas, al tiempo que destaca la elevada diferencia entre las tasas de interés y el crecimiento económico, lo que dificultará la convergencia de la deuda a su objetivo de mediano plazo.

Para el Carf, a futuro las presiones del gasto estarán relacionadas con la dinámica del gasto en el Sistema General de Participaciones (SGP), salud, pensiones e intereses, las cuales estima pueden representar 2,3 puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB) por año durante la próxima década.

En el caso del SGP y las pensiones —explica— las presiones se derivan de las reformas aprobadas por el Congreso de la República el año pasado.

En ese sentido recomienda, de manera urgente, "implementar medidas que reduzcan la rigidez presupuestal, fortalezcan los ingresos estructurales y aseguren que nuevas reformas sean fiscalmente sostenibles. El Carf considera que este esfuerzo solo podrá realizarse con la coordinación entre el Gobierno, el Congreso de la República y los actores de la sociedad civil", señala el informe.

Analistas económicos consultados por EL TIEMPO coinciden en que en materia del gasto público el país tiene unos desafíos enormes, por cuanto, las advertencias del Carf son bastante válidas.

Daniel Velandia, director Ejecutivo de Investigaciones Económicas y Economista Jefe de Credicorp Capital, sostiene que uno de los temas que más preocupa tiene que ver con el pago de intereses, lo cual ha venido subiendo de manera significativa en los últimos año, no solo por el contexto externo, sino también por el interno ,que implica mayores tasas de interés derivadas, ente otras, el pa percepción de mayor riesgo sobre la economía por parte de los inversionistas.

El experto agrega que otro factor está por el lado de la salud, a lo que se suma el tema de la reforma pensional que imprime mayores presiones al gasto fiscal. "Según as cuentas del Gobierno en los próximos años se estaría hablando de 3 décimas más del PIB solo por cuenta del Pilar Solidario, pero en nuestras cuentas está que esto puede ser del 0,6 por ciento del PIB".

Según el documento del Carf, entre 2019 y 2024, el gasto del GNC creció 4,6 puntos porcentuales del PIB, alcanzando el 23,2 por ciento del PIB el año pasado, mientras los ingresos se incrementaron apenas 0,3 puntos porcentuales, pese a la aprobación de dos reformas tributarias.

Frente a esa circunstancia el Comité señala que ese desbalance "ha inducido déficits fiscales elevados y persistentes, y ha intensificado la inflexibilidad presupuestal. Al cierre de 2024, cerca del 90 por ciento del gasto del GNC correspondió a partidas rígidas, vinculadas principalmente a intereses de deuda, salud, el SGP, pensiones y transferencias al déficit ya causado del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC)".

Para César Pabón, director Ejecutivo Senior de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, no hay duda que habrá presiones fuertes a futuro. "Al aumento del gasto público discrecional en los últimos años —particularmente en funcionamiento y gasto social tras la pandemia— se suma una alta rigidez presupuestal: cerca del 90 por ciento de los recursos están comprometidos por disposiciones legales o fallos judiciales, lo que reduce significativamente el margen de maniobra del Gobierno. Esta situación se ve agravada por presiones fiscales de corto plazo, como la reforma pensional y la revisión del SGP.

Agrega que para evitar un deterioro fiscal mayor, es necesario implementar un plan de austeridad que reduzca al máximo el gasto de funcionamiento. Un ajuste homogéneo en el gasto de funcionamiento, según sus estimaciones, podría generar ahorros de al menos 20 billones de pesos. También es urgente —dice— avanzar en la desindexación y flexibilización del gasto, así como en una reforma del gasto constitucional que permita alinear las obligaciones fiscales con la limitada disponibilidad de recursos del Ministerio de Hacienda.

El consenso entre los analistas es en la urgente necesidad de reducir el gasto público de tal manera que el país vuelva a nivelarlos o ponerlos a tono con el flujo de sus ingresos y de esta forma reducir las presiones que hay en la economía.

Luis Fernando Mejía, director del centro de pensamiento y de estudios económicos Fedesarrollo, dice que en su informe el Carf

ratifica el mensaje que la entidad ha venido enviando en los últimos año de disminuir el tamaño del gasto y hacerlo compatible con la capacidad de generación de ingresos.

"El país no puede convivir sistemáticamente con déficits promedio por encima del 6 por ciento del PIB, porque esto hace insostenible la deuda pública. Si Colombia no ajusta el tamaño del gasto en los próximos años no me cabe duda que terminará enfrentando una profunda crisis fiscal", señaló el economista.

La mayor preocupación frente a esta situación está en que no hay disposición política para enfrentarla, dice, por su parte, Felipe Campos, gerente de Estrategia de Inversión en Grupo Alianza, ante lo cual las herramientas técnicas que se tienen, como las reglas fiscales, pueden resultar en un saludo a la bandera.

Dice, además, que el gran riesgo es llegar al 70 por ciento, que aunque la regla lo permite en ciertas condiciones, porque luego será muy difícil retornar a niveles más bajos. "Lo que se podría hacer es un gran acuerdo en el que la mayoría del espectro político coincida en que es necesario un Estado más chico, menos ministerios, menos gastos, pero es algo difícil en Colombia donde hay una necesidad de gasto. Se necesita un gran capital político que encontrara que estos niveles de gasto en el largo plazo son mucho más complicados para la sociedad que mantenerlos estables, pero eso solo sucede después de una gran crisis, como la de Argentina".

Mientras, Velandia, de Credicorp, cree que al próximo gobierno no le quedará otra salida distinta a la de hacer otra reforma tributaria, pero que no sea más de lo mismo, sino una que aborde problemas estructurales, lo que sin duda implicará hacer cosas que son complejas (IVA, umbral para el pago del impuesto a la renta). "Necesitamos una reforma que eleve los ingresos de la Nación y por el lago del gasto, creo que la reforma de la ley de competencias es una oportunidad para analizar el gasto público del país, para que sea más eficiente, se recorten temas que no sean necesarios y que los mensajes del Gobierno sean de responsabilidad y de estabilidad fiscal, entre otros".