Guindos afirma que la ley habilita al Gobierno a analizar la opa por el interés general
El Banco Central Europeo (BCE) recordó ayer que la legislación española habilita al Gobierno a analizar la opa hostil del BBVA sobre el Banc Sabadell en relación con un potencial impacto en el interés general e imponer condiciones adicionales si fuera necesario. Después de las críticas de la Comisión Europea hacia el Ejecutivo sobre la posibilidad de que se pudiera obstruir la opa, el vicepresidente del BCE –el español Luis de Guindos– mostró una actitud contraria al defender el procedimiento seguido por el Ejecutivo.
El que fuera ministro de Economía con el PP se refería a que la legislación española contempla que el Gobierno puede endurecer, suavizar o mantener las condiciones impuestas por la CNMC al comprador pero en aras del interés general. En la rueda de prensa posterior a la reunión del consejo de gobierno del BCE en Frankfurt, que redujo los tipos de interés en 0,25 puntos, el vicepresidente de la institución monetaria insistió en que el Banco Central Europeo ya elaboró un informe sobre la transacción que fue publicado hace casi un año.
Guindos reiteró que “el Gobierno tiene la posibilidad de analizar las condiciones impuestas y, en función del interés general, modificarlas”. Por eso el vicepresidente del BCE se mostró partidario de “esperar hasta tener una opinión definitiva del Gobierno español. De lo contrario, podríamos estar especulando, pero creo que no tiene mucho sentido en este momento”.
“Deberíamos esperar hasta tener una opinión definitiva del Gobierno español”, dice GuindosDesde París, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, señaló que el Gobierno está realizando un “análisis pormenorizado” de la oferta pública de adquisición de BBVA sobre Banc Sabadell, que actualmente está sobre la mesa del Consejo de Ministros. “Estamos haciendo un análisis pormenorizado, detallado, con todas las garantías, sobre qué condiciones o razones de interés general pueden verse afectadas”, indicó el ministro en declaraciones a los medios de comunicación en París, donde estaba presentado el primer proyecto del Laboratorio de Competitividad.
“El Gobierno ahora tiene que mirar la existencia de posibles razones de interés general que se vean afectadas por esta operación, porque así nos habilita la regulación, la normativa doméstica, y eso es lo que estamos haciendo”, explicó. La opa ha ido superando varias fases desde que se lanzó hace un año. Entre ellas, la citada ayer por Guindos, que consistió en la autorización de la compra por parte del BCE. El supervisor bancario esencialmente analiza que la operación no genere problemas de solvencia en la entidad financiera resultante. Posteriormente, la CNMC también dio luz verde a la compra tras imponer unas condiciones al comprador para garantizar la competencia.
Cuerpo insiste en la preocupación por el impacto en el empleo, la cohesión regional o la inclusión financieraHace una semana y media, cuando Cuerpo elevó al Consejo de Ministros la decisión sobre la opa, el ministerio defendió su postura en tratar de garantizar un adecuado mantenimiento de los objetivos de regulación sectorial, la protección de los trabajadores, la cohesión territorial, la promoción de la investigación y el desarrollo tecnológico y los objetivos de política social.
Lee también“Ya desde el principio dijimos que estábamos muy preocupados por el impacto potencial de esta operación”, señaló el ministro ayer. “Estábamos también preocupados por motivos más allá de la competencia, asociados al impacto potencial en empleo, cohesión regional, inclusión financiera, entre otros, y este es el marco en el cual estamos analizando esta operación”, apostilló.
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