Las advertencias y conclusiones de la Organización Mundial de Comercio al evaluar políticas y prácticas de Colombia

La Secretaría de la Organización Mundial del Comercio (OMC) reveló su más reciente evaluación a las principales políticas y prácticas comerciales que se implementaron en Colombia durante el período 2018-2024.

Eso significa que este análisis incluye políticas y prácticas ejecutadas durante la administración del expresidente Iván Duque (2018-2022) y los dos primeros años del gobierno del presidente Gustavo Petro (2022-2024).

De acuerdo con la OMC, durante estos años Colombia no realizó cambios sustanciales en su política económica ni en su política comercial, a pesar de que sus planes de política nacional indican que el país busca reformar su estructura productiva para reducir su dependencia de la economía extractiva.

Desde 2018, cuando se realizó el último Examen de Políticas Comerciales, uno de los principales objetivos de Colombia ha sido pasar de una economía extractiva -basada principalmente en la exportación de productos minero energéticos- a una economía del conocimiento, basada en la innovación, la ciencia y la tecnología y el comercio de servicios.

Si bien las políticas públicas buscan promover la diversificación de las exportaciones, estas siguen estando altamente concentradas en productos minero energéticos (piedras preciosas, metales preciosos, carbón, petróleo y derivados), representando más del 60 por ciento de las exportaciones totales durante 2018-2024.

Después están las exportaciones de productos agrícolas (café, banano y flores), que representaron el 64,7 por ciento de las exportaciones agrícolas en 2023.

Las importaciones tampoco se han diversificado. Las autoridades colombianas dicen que aproximadamente el 50 por ciento de las compras externas son bienes intermedios e insumos, destinados principalmente a la industria (no necesariamente extractiva).

El comercio también se centra en un pequeño número de socios comerciales. Los principales siguen siendo Estados Unidos, China y la Unión Europea y los datos más recientes disponibles para 2022 aún no apuntan a un alto grado de integración en las cadenas comerciales.

Otro tema que se resalta son los cambios que se han anunciado en la normativa aduanera para simplificar trámites, como parte del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC que Colombia aprobó en 2018.

Sin embargo, estos cambios se implementarán gradualmente a medida que se actualicen los sistemas informáticos aduaneros y conexos. Están orientados, principalmente, a reducir tiempos y costos, y a prevenir el contrabando mediante controles fronterizos más eficientes.

Si bien las medidas implementadas han ayudado a reducir los costos operativos, según estimaciones del Banco Mundial y de la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia y el Pacífico, los costos comerciales de Colombia fueron 1,4 veces superiores a los de las economías más grandes del mundo en 2022.

Esto se debe, en gran medida, al estado de la infraestructura y los servicios logísticos, la excesiva regulación y la superposición entre agencias gubernamentales en Colombia.

En cuanto a la inversión extranjera, la OMC aseguró que, aunque Colombia buscó atraer inversión a otros sectores considerados estratégicos, aún sigue concentrándose en el sector minero energético, así como en el comercio exterior.

Esto “exacerba la vulnerabilidad de la economía colombiana, en particular dada su fuerte dependencia de las industrias extractivas en un contexto internacional de transición hacia una matriz energética menos dependiente de los hidrocarburos”.

Por eso, diversificar la estructura económica tendría impactos macroeconómicos positivos que compensarían los efectos negativos de las posibles fluctuaciones en los precios internacionales del carbón y el petróleo.

Esto se lograría mediante el impulso a los sectores no tradicionales, el aumento de la inversión en energías renovables y la adopción de políticas de adaptación y mitigación del cambio climático.

Además, la OMC dice que las concesiones arancelarias y programas específicos, como las zonas francas y el Plan Vallejo, que otorgan exenciones de aranceles, IVA e impuesto sobre la renta, podrían explicar una parte de la limitada recaudación tributaria por aranceles.

A esto se suma que persisten algunas prácticas anticompetitivas en Colombia, como la colusión en los procesos de contratación pública, que fue el principal motivo de sanciones entre 2018 y 2024.

“A pesar de los esfuerzos por mejorar la eficiencia y la transparencia de los procedimientos, persisten riesgos atribuibles a conflictos de interés y sobornos, y se han registrado pérdidas significativas por obras inconclusas”, agregó la OMC.

La OMC también dejó constancia de que, a diciembre de 2024, Colombia todavía tenía notificaciones pendientes de medidas comerciales en áreas como agricultura, restricciones cuantitativas, subsidios y medidas compensatorias, y empresas comerciales del Estado.