Más inspecciones, 'multazos' de medio millón y cruce de datos con Hacienda: así lucha Baleares contra el alquiler turístico ilegal

Baleares lleva años luchando contra el alquiler turístico ilegal, un problema de primer orden en el archipiélago que recrudece la extrema dificultad para acceder a la vivienda en las islas. Los gobiernos insulares y autonómico están usando todo tipo de fórmulas para combatirlo: aumentando la plantilla de inspectores, imponiendo multas millonarias, llegando a un acuerdo con Airbnb para retirar los anuncios e incluso siguiendo el rastro fiscal de los propietarios de los pisos que se anuncian.

El Consell de Ibiza ha sido el primero en conseguir implicar a Airbnb en el coto a los alquileres turísticos ilegales. Desde abril, Airbnb obliga a que los nuevos anuncios de alquiler de corta duración en Ibiza acrediten su número de licencia. En febrero ambas partes firmaron un Memorándum de Entendimiento (MoU) junto con Fomento de Turismo, AVAT y la Federación Hotelera para agilizar la retirada de los anuncios de alquiler turístico no reglados en Ibiza a través de Airbnb. Esto ha permitido que en dos y meses y medio se eliminen más de 700 anuncios ilegales de la plataforma. Son pisos turísticos ilegales pero también infraviviendas como tiendas de campaña, chabolas, barcos o furgonetas con un colchón. Airbnb tendrá que hacer además una campaña «educacional» dirigida a sus anfitriones en Ibiza para que cumplan la normativa vigente.

Por su parte, el Gobierno balear de Marga Prohens acaba de aprobar su primer decreto contra la masificación turística. Entre otras medidas, la normativa aumenta un 25 % las multas contra el alquiler turístico ilegal hasta 500.000 euros. El gobierno regional perdonará hasta el 80 % de las sanciones si los propietarios destinan su vivienda al alquiler social o al alquiler de precio limitado.

En Menorca, el gobierno insular ha lanzado una impactante campaña que advierte a los infractores y pide la colaboración ciudadana para denunciarlo. «Alquila tu casa ilegalmente y gana una multa de 400.000 euros», reza uno de los reclamos. Las instituciones han detectado que muchos propietarios rentan ilegalmente sus viviendas durante el verano a precios desorbitados y que el resto del año tienen las casas vacías, lo que impide que muchos jóvenes y familias accedan a un hogar.

Mallorca está ultimando otro acuerdo para retirar anuncios ilegales en Airbnb, ha reforzado los controles de inspección y ha firmado varios acuerdos con la Agencia Tributaria de Baleares para asegurarse el cobro de las multas y cruzar los datos fiscales para descubrir posibles infractores. El Departamento de Turismo de Mallorca abrió 504 actas de sanción a viviendas turísticas ilegales por un valor aproximado de 4,6 millones de euros en 2024 y para este año ha anunciado un refuerzo de los controles con más de 3.100 inspecciones desde mayo a mediados de noviembre.