Escándalo: Tachan de ‘Narco-Gobierno’ a BC por retiro de visa

Baja California enfrenta una severa crisis de gobernabilidad después de que el Partido Acción Nacional (PAN) denunciara que Estados Unidos retiró la visa a la gobernadora Marina del Pilar y calificara a la administración estatal de ser un «narco-gobierno». Este hecho amenaza con dinamitar la crucial relación transfronteriza.

Un terremoto político está sacudiendo los cimientos del gobierno de Baja California. La ya tensa relación entre el partido en el poder y la oposición ha alcanzado un punto de quiebre con una acusación de extrema gravedad: el Partido Acción Nacional (PAN) ha afirmado que el gobierno de Estados Unidos le ha retirado la visa a la gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, un hecho que, de confirmarse oficialmente, tendría implicaciones devastadoras.

Amparada en esta información, la presidenta del PAN en Baja California, Lizbeth Mata, no se anduvo con rodeos y lanzó una declaración que resuena a ambos lados de la frontera: «Baja California es señalado como narco-gobierno«.

Esta denuncia ha desatado una crisis de confianza sin precedentes en la administración de la primera mujer gobernadora del estado , y pone en jaque la operatividad de la relación bilateral en la frontera más transitada del mundo.

En el complejo mundo de la diplomacia y las relaciones transfronterizas, la cancelación de una visa a un gobernador en funciones no es un mero trámite administrativo. Es una de las señales más potentes y hostiles que un país puede enviar a un funcionario de alto nivel.

Generalmente, esta medida se reserva para individuos sobre los que pesan serias sospechas de vínculos con actividades ilícitas, como corrupción o narcotráfico. Que Estados Unidos tome una decisión de esta naturaleza contra la máxima autoridad de un estado fronterizo es un voto de no confianza público y humillante.

Para un gobernador de Baja California, cuyo trabajo diario depende intrínsecamente de la cooperación y el diálogo constante con sus contrapartes en California y a nivel federal en Washington D.C. —en temas de comercio, seguridad, migración y medio ambiente—, la imposibilidad de cruzar la frontera representa una parálisis funcional.

El PAN ha capitalizado políticamente la situación de inmediato. El partido ha exigido una explicación formal a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México sobre los motivos de la supuesta cancelación de la visa y ha anunciado que buscará reuniones urgentes con legisladores y funcionarios estadounidenses para discutir la alarmante situación de inseguridad y la presunta penetración del crimen organizado en las estructuras de gobierno del estado.

«La pérdida de confianza en el gobierno estatal es total. Hoy, lamentablemente, Baja California es señalado como narco-gobierno y eso es algo que no podemos permitir. Exigimos claridad y acciones contundentes», sentenció la dirigente panista Lizbeth Mata.

Hasta el momento, no ha habido una confirmación oficial por parte del gobierno de Estados Unidos ni una respuesta detallada del gobierno de Baja California sobre el estatus migratorio de la gobernadora. Sin embargo, el solo hecho de que la acusación esté en el debate público ya genera un daño considerable a la imagen y la credibilidad de la administración estatal.

Esta crisis estalla en un momento crítico para la región, que enfrenta desafíos mayúsculos en materia de seguridad, migración y desarrollo económico. La capacidad de la gobernadora para liderar y gestionar la compleja relación con su vecino del norte queda ahora severamente cuestionada, sumiendo a Baja California en una profunda incertidumbre política.