Los riesgos que implicaría para la democracia el 'decretazo' anunciado por Gustavo Petro para su consulta popular

La ‘jugadita’ con la que el gobierno del presidente Gustavo Petro busca convocar una consulta popular mediante decreto, aunque el Senado ya negó ese mecanismo, encendió las alarmas de la mayoría de las fuerzas políticas del Congreso, reconocidas voces de juristas y gremios, que hacen un llamado al respeto por la Constitución Política de 1991.

Incluso hay quienes consideran que convocar al pueblo a las urnas, cuando el Senado ya negó esa posibilidad por 49 votos contra 47, podría constituir un golpe de Estado y un atentado a la separación de poderes.

Fue el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien presentó la controvertida hipótesis la semana pasada. El Gobierno, que en un principio dijo que hubo fraude en la votación del 14 de mayo en la plenaria del Senado, argumenta ahora que la decisión no fue válida porque no se leyó el informe que se puso a consideración de la plenaria.

El presidente Petro la respaldó a través de X el fin de semana, al mismo tiempo en que comenzó a desmarcarse de la reforma laboral que avanza en el Senado en medio de consensos entre las diferentes fuerzas, salvo el Pacto Histórico.

Pero lo que hasta este martes era una posibilidad comenzó a tomar fuerza cuando el jefe de Estado, en una alocución, aseguró que emitirá el decreto convocando a la consulta popular, con el argumento de que el Senado no se pronunció.

“Voy a decretar la consulta popular. La Corte Constitucional decidirá indudablemente, puede o no decidir, de acuerdo con las normas existentes. ¿Por qué decreto la consulta popular? Porque jamás hubo un concepto favorable en el Senado, hicieron trampa”, afirmó el mandatario, quien ha estado asesorado, entre otros, por el exfiscal y expresidente de la Corte Constitucional Eduardo Montealegre, uno de los pocos exmagistrados que adopta la tesis de Benedetti.

Las alarmas están prendidas porque esa jugada, que expertos han calificado como un "globo jurídico", ocurrió apenas horas después del anuncio de la Casa de Nariño. Desde allí se ha insistido en que, a más tardar en dos meses, los colombianos estarían saliendo a las urnas. Ocho partidos políticos, los que más curules tienen en el Legislativo, emitieron un comunicado advirtiendo de los riesgos que implica para la democracia esa jugada, que abrió un amplio debate político y jurídico que deja, hasta el momento, más dudas que certezas sobre el camino a seguir.

“El presidente Gustavo Petro ha anunciado su intención de firmar un decreto para convocar su consulta popular, que ya fue rechazada por el Senado de la República. Esta decisión, de concretarse, representaría una violación grave, abierta y directa a la Constitución, una ruptura de la separación de poderes y un golpe directo al Estado de Derecho. El Congreso de la República, como pilar de nuestra democracia, ejerció su función constitucional al no aprobar dicha consulta, y esta decisión debe ser respetada”, dice la misiva firmada por Cambio Radical, Centro Democrático, Partido Conservador, Mira, Colombia Justa Libres, Partido Liberal, Partido de 'la U' y la ASI.

Estas colectividades hicieron un llamado al registrador nacional, Hernán Penagos, para que, en caso de emitirse ese decreto —que podría salir en los próximos 10 días, según cálculos del Palacio Presidencial— tenga presente que el Senado ya rechazó la consulta. De hecho, este mismo miércoles se le envió una comunicación oficial reiterando que ya reposa en las actas la decisión que se tomó.

“En caso de que se expida un decreto convocando una consulta popular, confiamos en que el señor Registrador Nacional, en ejercicio de su autonomía e independencia funcional, actuará con pleno respeto por el orden constitucional y democrático, valorando cuidadosamente la legalidad y legitimidad de dicho acto antes de disponer la fijación de cualquier calendario electoral. El Registrador Nacional debe verificar el cumplimiento de los requisitos y procedimientos legales establecidos antes de tomar cualquier decisión respecto de la consulta popular”, añadieron los partidos.

El presidente Petro les salió al paso a las alertas por un golpe de Estado y dijo que "tiene que tener dos dedos de frente el que piense que convocar al pueblo a decidir, es un golpe".

Desde los gremios, el llamado va en la misma línea, y pidieron que prevalezcan el diálogo y el consenso para sacar adelante, vía legislativa, por medio de los parlamentarios elegidos por el pueblo, las reformas estructurales.

“Hacemos un llamado al Gobierno a respetar el marco constitucional, la institucionalidad y los canales democráticos establecidos, y a propiciar un diálogo genuino, sin descalificaciones ni imposiciones, que permita construir consensos en beneficio del país”, señaló el Consejo Gremial en un comunicado.

“Expresamos nuestra solidaridad con el Congreso de la República y hacemos un llamado firme y sereno a todas las instituciones del Estado para que asuman su papel histórico en defensa de la Constitución, la legalidad y el orden democrático”, opinó, por su parte, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco.

“Ojalá el Gobierno no continúe por este camino. Podría estar construyendo una muy grave violación al orden democrático del país”, aseveró el presidente de la Andi, Bruce Mac Master.

Los expresidentes, salvo Ernesto Samper, cercano al presidente Petro, cerraron filas e insistieron en los peligros que implica ese llamado de la Casa de Nariño.

Y es que si hubo un vicio de trámite, no le corresponde al Gobierno hacer de juez. El camino correcto es acudir al poder judicial y que este tenga la última palabra sobre si la votación fue válida o no, y no sobre la legalidad de convocar la consulta vía decreto.

“La votación que negó la consulta existió, pues fue anunciada por el presidente del Senado, se llevó a cabo y fue certificada por el secretario de esa corporación. Otra cosa es que pueda ser nula por el vicio señalado por Benedetti (que no creo que lo sea). Pero mientras no haya una decisión judicial anulando la votación, o el Senado mismo decida reconsiderarla y repetirla, es indudable que la votación existe, produce efectos jurídicos y tiene que ser respetada por el presidente y el ministro del Interior. Cualquier otra cosa es un prevaricato y una grave ruptura de la separación de poderes”, opinó el reconocido jurista y columnista Rodrigo Uprimny.

Si el Gobierno sigue con su intención, en los próximos días —mientras el Senado aprueba (todo indica que así será) la reforma laboral— se emitiría el controvertido decreto, que desde ya tiene decenas de demandas preparadas para intentar frenarlo como medida de protección del Estado de derecho y la Constitución de 1991.