Sectores políticos y académicos 'saludaron' acuerdo para bajar las tensiones en el país y demandaron su cumplimento

Como una iniciativa necesaria y urgente, en medio de una tensión social y política cada vez más alta, calificaron sectores políticos y analistas la firma de un acuerdo entre el Gobierno, las Cortes y el Congreso, para bajar las tensiones y la violencia en el debate político.

El documento, firmado este lunes tras tres horas de reunión a la que, con la mediación de la Iglesia Católica, asistieron n el presidente Gustavo Petro; el senador Efraín Cepeda, presidente del Congreso; el representante Jaime Raúl Salamanca, presidente de la Cámara; el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, presidente de la Corte Constitucional; y el magistrado Octavio Augusto Tejeiro Duque, presidente de la Corte Suprema de Justicia.

En ella se suscribió el acuerdo cuyo texto central señala: “Nos comprometemos juntos e invitamos a todo el país a escucharnos, valorarnos y respetarnos en hermandad; a desarmar y armonizar la palabra; y a rechazar todo tipo de violencia, como forma de resolver los conflictos políticos y sociales".

Frente al avance logrado, una de las primeras voces fue la del procurador general Gregorio Eljach, quien resaltó que “desarmar la palabra fue el término que se usó”.

“Concluimos que esta no es una actividad única sino que hay que continuar promoviendo el encuentro de los colombianos, el empresariado y la propia iglesia. El compromiso es reflexionar mirar que el Estado de derecho se defienda y yo propuse que los organismo de control sean tenidos en cuenta”, expresó al salir del encuentro, al que también asistió.

Desde el Congreso de la República también se escucharon voces de apoyo a la iniciativa. Una de ellas fue la de Julián Gallo, senador del Partido Comunes: “Saludamos la firma de esta declaración conjunta sobre la necesidad de dialogar, desescalar el lenguaje y ‘desarmar la palabra’”, manifestó y agregó que es “un paso necesario en un momento de creciente tensión entre los distintos sectores del país”.

Más escéptico sobre el tema se mostró el concejal del Centro Democrático Daniel Briceño, quien consideró el llamado a desescalar el lenguaje como “una trama” y señaló, a través de su cuenta en la red social X, que se debe seguir “sin tregua”en la oposición.

“Yo no caigo en la trampa de Petro en la que nos pide ‘desescalar el lenguaje y abrazarnos’, pues mientras pedía eso decretaba la consulta popular, hablaban de asamblea constituyente, rompían la regla fiscal y anunciaban reforma tributaria”, escribió.

En sectores académicos también celebraron la iniciativa. Angelika Rettberg, profesora titular del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes la consideró “una iniciativa excelente, que interpreta adecuadamente el momento nacional. Las diferencias ideológicas y programáticas nunca deberían costarle la vida o la integridad física a una persona”.

“Lo primero que se tiene que analizar es si realmente se va a respetar. Se trata de un acuerdo verbal que si no se cumple no tendrá mayores consecuencias. Está por verse qué gestos de buena voluntad se derivan de esta firma, si en realidad se logra una palabra política más calmada. El verdadero logro estaría en lograr un proceso electoral más tranquilo y fluido”, dijo por su parte Yann Basset, director del Grupo de Estudios de la Democracia de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario.

En ese mismo sentido se pronunció el politólogo y analista Jairo Libreros, quien consideró que “el acuerdo es la hoja de ruta indicada para desincentivar la radicalización del relacionamiento político en Colombia” y una oportunidad para detener la crisis de intolerancia política “que deteriora el debate público y vulnera la estabilidad política de la nuestra democracia constitucional”.

Pero aclaró que una cosa son las intenciones y otra la realidad que de ahí pueda derivarse. “Una cosa son las coincidencias en la necesidad del acuerdo y otra cosa muy diferente convertir en realidad los consensos pactados en medio de un proceso electoral signado por el atentado en contra del candidato Miguel Uribe, con una escalada terrorista en diferentes territorios del país y con la amenaza política de la Casa de Nariño de llegar hasta a una Asamblea Constituyente si el Congreso no aprueba sumisamente el articulado que impulsa el Gobierno Petro”, enfatizó.