Críticas al nuevo modelo de salud que propone el Gobierno: expertos alertan sobre riesgos jurídicos y operativos

El documento fue firmado por representantes de asociaciones científicas, académicos, organizaciones de pacientes y representantes gremiales como Bruce Mac Master, presidente de la Andi; Ana María Vesga, presidenta ejecutiva de Acemi; Agamenón Quintero, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas; Alejandro Gaviria, exministro de Salud; y la congresista Jennifer Pedraza, entre otros.

“No resuelve los problemas de atención para los pacientes y elimina la libre elección de asegurador y prestador para los usuarios. El proyecto de decreto genera nuevos cuellos de botella para la atención de los pacientes, debilita la gestión integral del riesgo, genera riesgos de corrupción y profundiza la crisis de la salud. Así mismo, la libre elección es uno de los pilares del sistema y tiene carácter estatutario”, señalan los firmantes.

Uno de los puntos más críticos del comunicado es la advertencia sobre un posible exceso de las competencias del Gobierno. “El proyecto de decreto propone cambios que exceden lo que puede hacerse por vía administrativa, al invadir competencias reservadas al legislador”, indican. Entre esos cambios se encuentran transformaciones estructurales en el modelo de aseguramiento y en las funciones de EPS, IPS y entidades territoriales.

Según los expertos, el decreto también “genera confusión conceptual sobre Atención Primaria en Salud (APS)”, al reducirla erróneamente a servicios de baja complejidad y al no diferenciar adecuadamente entre prevención, promoción y atención curativa, lo que genera ambigüedad en su financiamiento y operación.

Otro aspecto cuestionado es el traslado de la habilitación de redes de Instituciones Prestadoras de Salud al Ministerio, desplazando a las entidades territoriales, lo cual contraviene la Ley 1438 de 2011. Asimismo, la exclusión de las EPS en funciones clave como la referencia y contrarreferencia “desvirtúa su rol de gestión integral del riesgo”.

En términos financieros, el movimiento advierte que se pretende financiar nuevas funciones con los mismos recursos destinados a la atención de salud, lo cual califican como “inconstitucional”. “Las inversiones previstas para infraestructura y formalización laboral carecen de respaldo presupuestal real”, se lee en el comunicado.

Finalmente, el documento, que cuenta con 10 comentarios al proyecto del Ministerio de Salud, concluye que, de promulgarse el decreto en sus términos actuales, “se profundizarían los problemas operativos y financieros que hoy está atravesando el sistema de salud, agravando barreras de acceso a pacientes y usuarios”. También se cuestiona la indefinición sobre la ruta de atención y la ausencia de una figura responsable para la representación y gestión de los pacientes dentro del sistema.

“Esta falta de definición sobre los canales de coordinación entre los diferentes niveles de atención podría poner en riesgo el acceso integral y continuo a los servicios de salud, afectando la calidad de la atención que reciben los pacientes”, agregan.

Periodista de Medioambiente y Salud