Meloni en el Consejo de Ministros, sobre los mandatos ahora Consultar luego reflexión general

Impugnar la ley de la Provincia de Trento, esperar las indicaciones de la Consulta sobre los límites de los mandatos en las Regiones con estatutos especiales y luego evaluar una solución equilibrada a nivel nacional: esta es la orientación que surgió del Consejo de Ministros, donde se aprobó la resolución con la Liga expresando la posición contraria, como a principios de enero, cuando el gobierno impugnó una ley similar de la Región Campania. También en este caso se produjo un debate en la reunión en el Palacio Chigi. Giorgia Meloni concluyó.
El primer ministro, según informaron varias fuentes, habría subrayado, en resumen, que no se puede dejar que todos procedan de manera dispersa, indicando la necesidad de esperar a la Consulta para luego poder abrir "una discusión a nivel general".
El debate fue abierto por el ministro de Asuntos Regionales, Roberto Calderoli, de la Liga Norte, convencido de que desde un punto de vista técnico no existen motivos para el recurso: reiteró, explicaron algunos de los presentes, que la evaluación en dirección a un recurso sería, por tanto, puramente política. La posición de la Liga, por el contrario, es conocida y se ha remitido a la voluntad colegial. Entre los miembros de la Liga Norte, la pregunta es si los aliados fueron movidos solo por el objetivo de claridad legislativa y luego discutir una solución equilibrada, o si fue un movimiento político para impedir un nuevo mandato para el presidente de la Provincia de Trento Maurizio Fugatti (que de todos modos iría a las urnas en tres años) y para el gobernador de Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, ambos de la Liga Norte, al igual que Luca Zaia, que no podrá presentarse nuevamente como candidato en Véneto, también a la luz de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley de Campania.
A favor de la resolución se manifestaron el viceprimer ministro de FI, Antonio Tajani, el ministro de Reformas Institucionales del Partido Azul, Elisabetta Casellati, y el jefe de la delegación del FdI, el ministro de Agricultura, Francesco Lollobrigida. Entre las consideraciones que llevaron a impugnar la ley, el último día posible, estaba también la consideración de que si el Gobierno no lo hubiera hecho, cualquier ciudadano podría haberlo hecho, y por tanto el riesgo de incertidumbre se habría mantenido inalterado. Hay quienes en el centroderecha no descartan que ya se haya iniciado una reflexión interna sobre una hipótesis de ley nacional, subrayando que en todo caso en cuestiones relativas a materia electoral también debe involucrarse la oposición.
ansa