Jorge Castañeda: No a un proceso aberrante

Ya expuse mis razones para no votar en las elecciones del poder judicial el 1 de junio hace algunas semanas. Pero aclaro de nuevo mis motivos para abstenerme, agregando algunos. El primero, que no cité antes: es evidente que el país ha entrado en un ciclo de violencia que no concluirá pronto. La situación en Sinaloa confirma la prolongación, la extensión y los costos de la guerra civil vigente en ese estado. Se necesitarán muchos más efectivos militares para restablecer el orden y el status quo ante, es decir, la pax narca. Cuando eso suceda, habrá que procesar, juzgar y condenar a los miles de participantes en la guerra civil. ¿Podrán hacerlo los jueces electos el 1 de junio? No veo cómo. Ojalá no haya más atentados como el de Ciudad de México el martes pasado. Pero no debiera extrañarnos que sí se reproduzcan hechos semejantes. Los nuevos jueces ¿tendrán la capacidad, la honestidad y la valentía para atenderlos? Lo dudo. Otro razonamiento nuevo, que muchos han mencionado ya: el T-MEC tuvo como propósito, para Robert Lighthizer, reducir el peso de los arbitrajes internacionales y del poder judicial norteamericano en la solución de controversias entre inversionistas de EE.UU. e inversionistas mexicanos, y entre inversionistas norteamericanos y el Estado mexicano. Lo exigió el representante de Trump en 2018 para no incentivar inversiones extranjeras en México, y atraer mayores inversiones a su país. Cambiar por completo las reglas de selección, el personal, y la estructura del poder judicial en México abona en el mismo sentido. Si el TLCAN consistió primordialmente en un “desplazamiento” del Estado de derecho estadounidense a México para actores foráneos, la reforma judicial cancela lo que sobrevivía de esa intención. Representará un obstáculo para la llegada de recursos privados desde el exterior a nuestro país. Las razones adicionales son bien conocidas. Ningún otro país, salvo Bolivia, procede de esta manera. Los jueces electos por el sufragio universal en nuestro vecino del norte lo son únicamente a nivel estatal, no en todos los estados, por supuesto que no en el caso de la Suprema Corte, y en un sistema que, gracias a la existencia de jurados, los jueces poseen menos poder que en México. Las boletas, las casillas, los funcionarios del INE, el destino de los paquetes electorales y demás detalles de la elección propiamente, son aberrantes. Luis Carlos Ugalde lo ha explicado con claridad estos días. Como yo no me especializo en estas materias, a diferencia de él, no me siento obligado a observar de cerca el proceso. Más bien, pretendo alejarme lo más posible del mismo. Los que vayan a votar, que se hagan bolas, o estudien muchas horas para entender cómo hacerlo. Entre menos gente vote, menor será la legitimidad del proceso. Quienes sostienen que la reforma llegó para quedarse y que resulta preferible que la avalen más ciudadanos, para mejorarla después, no me convencen. Se trata de una elección amañada a propósito, para que los electores movilizados por Morena elijan a candidatos a modo, y los demás mexicanos no tengan la menor idea de qué hacer. No veo la lógica de participar en esto. Por último, los personajes. Ya sabemos que hay algunos candidatos del narco en la boleta. Seguramente figuran allí muchos más. Pero la simple posibilidad de que alguien como César Mario Gutiérrez Priego, hijo del zar-narco de las drogas, defensor de narcos y acusador mentiroso de personalidades intachables de la historia lejana, ingrese a Suprema Corte, constituye un motivo adicional para no votar. Me dirán que Lenia Batres no es mejor, pero por lo menos no pertenece a la mafia de los narco-abogados de México. Podré decirle, a los tres o cuatro interlocutores que todavía me escuchan y a quienes les importa lo que digo, que no tuve nada que ver con esta farsa. Consuelo de tontos, como el del impuesto de 3.5% a las remesas en lugar de 5%. Pero es el que hay.— Ciudad de México. Correo: [email protected] *Excanciller mexicano y analista político