Las instituciones, en jaque

El ya clásico libro de Daron Acemoglu y James Robinson Por qué fracasan los países destaca la importancia de las instituciones para el desarrollo social y económico de las naciones. El presidente de la primera potencia mundial está tensionando al máximo las de su país, poniendo a prueba el mitificado sistema de checks and balances (contrapesos) que ha caracterizado la democracia norteamericana y la ha erigido como modelo para el mundo. Una a una van ­saltando las barreras ­constitucionales.

La más elemental regla de la democracia, que consiste en reconocer la victoria del candidato ganador, fue ya triturada hace cuatro años. Y los norteamericanos le han vuelto a elegir a sabiendas de ello. Así que sus ataques sistemáticos al habeas corpus, la libertad de expresión, la separación de poderes y la independencia de los jueces son la crónica de una muerte anunciada. El más reciente lo está perpetrando con la utilización del ejército para sus fines políticos en contra del estado de California.

El federalismo es tal vez el elemento configurador por antonomasia del sistema político estadounidense. El nombre y la bandera así lo reflejan. Vladímir Putin reformó la Constitución para eliminar la elección directa de gobernadores estatales. Trump desearía hacer lo mismo.

Como no va a poder, creará situaciones de excepción que cercenen la autonomía de los estados gobernados por demócratas. Con ello no hará más grande su país, sino más inestable y polarizado. Pero su acoso a los pilares de la democracia liberal da alas a quienes se abanderan de su agenda extremista. La reciente victoria del candidato de Ley y Justicia en las elecciones presidenciales polacas puede leerse en esa clave. También contribuye al refuerzo de los partidos de extrema derecha en toda Europa, opción que ya es la preferida entre los jóvenes de nuestro país.

Para resistir el gran embate contra la democracia no es suficiente con demonizar a la ultraderecha

Resulta por ello especialmente preocupante que también en España las instituciones se vean sometidas a un cuestionamiento sistemático. No nos hallamos en un escenario equiparable al de Estados Unidos. Pero estamos viviendo una legislatura de excepción, que empezó con la aprobación de la ley de Amnistía, cuya aplicación enfrenta al poder judicial con el ejecutivo y probablemente con el Tribunal Constitucional. Al propio tiempo, el fiscal general del Estado está a punto de ser procesado por el Tribunal Supremo tras una controvertida instrucción. Y gente muy cercana al presidente, en el ­banquillo. Situaciones insólitas sin ­precedentes.

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Entre tanto, el Gobierno ha carecido de apoyos para aprobar los presupuestos generales del Estado. Algunos miembros del Gobierno han sugerido que ello entra dentro de la normalidad constitucional. No es así. Que la Constitución prevea la prórroga no supone cumplir con el mandato constitucional, pues su artículo 134.3 ordena su presentación anual para ser aprobados por las Cortes. Así lo han considerado los sucesivos gobiernos de nuestro país desde el advenimiento de la democracia. Cada año se han venido aprobando, y cuando ello no ha sido posible, se ha considerado necesario convocar elecciones.

De este modo lo entendió el propio Pedro Sánchez al finalizar el 2018. Pretender gobernar toda la legislatura sin aprobar presupuestos es otro grave síntoma del deterioro institucional en el que estamos instalados.

El PSOE, en primer lugar, como partido de gobierno y el PP como oposición son los máximos responsables de evitar que nuestro país entre en una senda de cuestionamiento general del sistema político. Europa se está convirtiendo en una isla de libertad en un mundo dominado por el autoritarismo. Los estados y la Unión Europea deben resistir el formidable embate contra la demo­cracia. Para ello no es suficiente con demonizar a la ­ultraderecha.

En España, el Gobierno ha de poner freno a la escalada de tensión, acordando con la oposición unas bases mínimas de coexistencia. Y al propio tiempo que da señales inequívocas de tolerancia cero frente a la corrupción, buscar los consensos necesarios para la aprobación de los presupuestos del 2026. Si no logra ambas cosas, debe convocar elecciones, sin esperar a que el agotamiento de esta legislatura deje las instituciones exhaustas.