Dólares del colchón: ARCA amenaza con cortar el acceso a datos fiscales a las provincias que no adhieran
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha una ofensiva directa para lograr que todas las provincias se sumen al nuevo régimen fiscal para uso de dólares que respalda el denominado «Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos». La estrategia consiste en contactarse uno a uno con los gobernadores para que suscriban un convenio de intercambio de información. Pero el mensaje fue claro: si no adhieren, perderán el acceso a la base de datos fiscales más sensible del país.
La medida fue anunciada este martes a través de un comunicado oficial que no dejó lugar a dudas: «Aquellas provincias que no adhieran al mencionado Régimen perderán el acceso a la información de facturación de personas y/o empresas, así como la relativa a los consumos que se den por encima de los umbrales fijados por ARCA ($50.000.000)».
La amenaza de ARCA llegó apenas horas después de que varios mandatarios provinciales adelantaran que no cederán sus potestades fiscales ni abandonarán los mecanismos locales de control. Incluso desde provincias peronistas como Buenos Aires, el mensaje fue contundente: los impuestos provinciales seguirán cobrando sin modificaciones y las fiscalizaciones se mantendrán activas.
En ese contexto, el director de ARBA, Cristian Girard, criticó duramente al Gobierno nacional: «No hay modificaciones concretas en términos normativos. Las medidas difundidas hasta el momento carecen de seguridad jurídica y parecen más una promesa electoral que una política tributaria efectiva», sostuvo el funcionario cercano a Axel Kicillof.
La respuesta de Girard apunta de lleno contra el blanqueo virtual propuesto por el presidente Javier Milei. Y dejó en claro que, al menos en territorio bonaerense, los nuevos lineamientos del régimen simplificado de Ganancias no significan un alivio automático para quienes tengan fondos en negro.
El núcleo del conflicto es político e institucional. Aunque ARCA dispuso que ya no recibirá información automática de los bancos por movimientos superiores a $50 millones, muchas provincias decidieron mantener sus propios regímenes informativos. ARBA, por ejemplo, seguirá fiscalizando sin cambios y cobrando impuestos provinciales como Ingresos Brutos y el Inmobiliario sin excepciones.
«La obligación de tributar según la capacidad contributiva no cambió», subrayó Girard, en lo que fue una señal clara hacia los contribuyentes que podrían pensar en aprovechar las flexibilizaciones anunciadas por Nación.
Desde el Ministerio de Economía, sin embargo, afirman que no habrá marcha atrás. “Si algún gobernador quiere atacar el nuevo régimen, es su decisión política. Hoy las provincias están compitiendo para bajar Ingresos Brutos y tasas municipales, sino lo hacen las empresas van a migrar a otro lugar”, advirtió una fuente de ARCA.
El objetivo del equipo económico es claro: tentar a los ahorristas con fondos fuera del sistema financiero formal para que los ingresen al circuito económico sin temor a consecuencias penales o tributarias.
Entre las medidas ya oficializadas, el Gobierno eliminó varios regímenes informativos y elevó los montos mínimos a partir de los cuales bancos, tarjetas y billeteras digitales deben reportar operaciones. Los nuevos pisos van desde los $30 hasta los $100 millones, según el tipo de transacción.
Además, se aprobó un régimen simplificado para el pago de Ganancias y se anticipó un proyecto de ley que será enviado al Congreso para blindar todo el esquema. Esa norma busca evitar que una futura administración revierta el régimen o utilice la información para sancionar a los contribuyentes que se adhieran ahora.
A pesar de la presión oficial, no todas las provincias están alineadas con la estrategia de Nación. De hecho, en el reciente zoom encabezado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, algunos gobernadores rechazaron el planteo. Otros, como el entrerriano Rogelio Frigerio o el cordobés Martín Llaryora, mostraron mayor predisposición a colaborar, aunque exigieron certezas legales y resguardos fiscales.
En este contexto, el Gobierno enfrenta un nuevo dilema federal: necesita que las provincias acompañen para que el plan de blanqueo funcione, pero al mismo tiempo las amenaza con quitarles el acceso a información clave si no lo hacen.
El resultado será determinante para el éxito del programa, que tiene como meta ingresar al sistema entre 10.000 y 15.000 millones de dólares de origen informal en el segundo semestre del año.
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