La caída de la coparticipación preocupa a los gobernadores y complica a las provincias

Las provincias argentinas enfrentan una nueva amenaza a sus finanzas públicas. Según datos del Ministerio de Economía de la Nación, en mayo se registró una caída real del 23,8% en los recursos por coparticipación en comparación con el mismo mes del año anterior. La merma fue aún mayor en distritos clave como Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y la Ciudad de Buenos Aires, donde superó el 25%.

El golpe no solo se sintió en la comparación interanual. Si se contrastan los datos de mayo con los de abril de este año, la baja alcanza el 50%, lo que ubica a las provincias en niveles de ingresos incluso menores a los registrados durante la pandemia. Esto genera un escenario de alta preocupación entre los mandatarios provinciales, que deben hacer frente a sus compromisos con recursos cada vez más escasos.

Una de las explicaciones de la brusca caída radica en un ingreso no recurrente que se produjo en mayo de 2024. En ese momento, los bancos liquidaron un pago extraordinario de ganancias por $2,5 millones, como resultado de la devaluación de diciembre de 2023 en sus carteras dolarizadas. Esa inyección puntual distorsiona la comparación, pero no alcanza a explicar el deterioro general de la coparticipación.

En el marco de una reunión del Consejo Federal de Inversiones (CFI), varios gobernadores expresaron su malestar por lo que consideran un “sesgo negativo” en las políticas tributarias del Gobierno nacional. Entre las medidas que generan impacto en las arcas provinciales, señalaron la modificación del impuesto a las ganancias, los cambios en el cálculo de anticipos societarios, el diferimiento en la actualización del impuesto a los combustibles y la reducción o eliminación de impuestos internos para productos electrónicos importados.

A esto se suma una recuperación lenta del consumo, que repercute directamente en la recaudación del IVA. Según datos oficiales, este tributo mostró en abril una caída real del 1,9%, pese a que la economía crece en torno al 5%, según estimaciones oficiales. “Hay un escenario poco alentador de aquí a fin de año”, deslizó un gobernador durante el encuentro en el CFI.

Los informes de la Comisión Federal de Impuestos proyectan una baja del 4,2% en términos reales para los recursos coparticipables durante 2025. Si se compara con 2023, la merma llegaría al 11,7%. Medido sobre el PBI, eso representa una pérdida de 0,3 puntos respecto a 2024 y de 0,8 frente a 2023.

El reparto automático de fondos establecido por la ley de coparticipación de 1988 es vital para las provincias. Mientras que algunas jurisdicciones, como Buenos Aires o Córdoba, dependen en menor medida de estos giros, otras como La Rioja, Formosa o Catamarca reciben por esta vía más del 80% de sus recursos anuales.

Además, los gobernadores cuestionan que Nación se ha retirado de varias funciones que antes compartía con las provincias. Las más significativas son la paralización de la obra pública, el recorte del fondo docente y la eliminación de subsidios al transporte. Esto obliga a los gobiernos provinciales a cubrir gastos crecientes con ingresos decrecientes.

La situación se agrava por las diferencias estructurales entre las provincias. Algunas cuentan con fondos anticíclicos que les dan cierto margen. Otras, en cambio, arrastran déficits crónicos y altos niveles de endeudamiento. En ese contexto, la caída de la coparticipación representa una amenaza seria para la gobernabilidad y el funcionamiento de los servicios básicos.