Martínez Lacambra a la Fundació Cellex El Liceu encara el fin de las servidumbres
La magistrada Myriam Linage Gómez, titular del juzgado de instrucción 12 de Barcelona, ha recibido del Protectorado de fundaciones de la Conselleria de Justícia la propuesta de administrador de la Fundació Cellex. Se trata de Albert Martínez Lacambra , director general del centro tecnológico del Notariado, actividad compatible con la de administrador de la Mir Puig. Cellex está intervenida judicialmente desde el pasado mes de abril, junto con la Mir Puig. Ambas fueron constituidas por el empresario Pere Mir Puig, ya fallecido y que testó que su patrimonio se destinase, a través de esas fundaciones, a la financiación de la investigación científica y en menor medida a la atención de personas necesitadas.
La magistrada requirió al protectorado que asumiera la administración para apartar a los responsables del patronato de las dos fundaciones hasta ese momento con el fin de proteger sus bienes. Ahora, la gestión ordinaria de Cellex será pilotada por el nuevo administrador que designe la magistrada. Se trata de una entidad clave en las donaciones privadas en el ámbito de la investigación científica en Catalunya desde su constitución en el año 2003.
Las principales aportaciones de Cellex se han dirigido a la facultad de Medicina de la UB i al Vall d’Hebron Institut d’Oncologia. También destacan sus donaciones al Institut de Ciències Fotòniques.
La magistrada ha imputado al responsable de las dos fundaciones, Jordi Segarra Pijuan, y a los tres albaceas de la herencia de Pere Mir. Se trata, además del ya mencionado Segarra, del investigador oncológico Josep Taberneroy el abogado Joan Francesc Capella. Les atribuye a los tres los delitos de apropiación indebida y administración desleal.
Martínez Lacambra, economista y abogado, fue director general de Agbar y consejero delegado de Aguas de Barcelona. Posteriormente desempeñó las funciones de director general de la sociedad pública Red.es.
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El Gran Teatre del Liceu, la entidad operística barcelonesa y foro de ocio de uno de los sectores más conservadores de la sociedad barcelonesa, encara cambios en su estructura de propiedad que han causado notable inquietud en la Sociedad del Liceu, una entidad privada que agrupa a los antiguos propietarios, herederos de la antigua burguesía barcelonesa, que cedieron la titularidad del edificio a las administraciones públicas tras el pavoroso incendio de 1994.
La reconstrucción implicó el desembarco público –Estado, Generalitat y Ayuntamiento– a través de un Consorcio que encabeza el president de la Generalitat, Salvador Illa. La gestión está en manos de una Fundación que preside Salvador Alemany y en la que participan el Consorcio, la Sociedad de propietarios, presidida por Manuel Busquet, y el Consejo de mecenazgo y patrocinio, presidido por Helena Guardans.
Al firmar el acuerdo, la Sociedad de propietarios, que ya no podía asumir el coste de elevar un nuevo Liceu sobre sus cenizas, aportó el suelo y las edificaciones que se salvaron del fuego y la indemnización del seguro, 4.000 millones de pesetas (24 millones de euros), en torno a una tercera parte del importe de la reconstrucción.
A cambio, a los antiguos propietarios se les concedió el derecho de continuar con el usufructo, según el Consorcio, de sus localidades y un 25% de descuento en las entradas en una de las funciones de cada obra representada en el Liceu. Servidumbres. En conjunto, los propietarios suman la mitad del aforo del Liceu en la platea y el anfiteatro; en cualquier caso, las mejores localidades. Desde la vigencia del pacto, algunos de ellos han vendido sus localidades, una parte de las cuales ha sido adquirida por el propio Consorcio, hasta un 10%, por lo que este forma parte de la Sociedad. Esas ventas han generado debate sobre el alcance de sus derechos.
El Consorcio ha planteado la revisión de los acuerdos, pues inicialmente no constaba límite temporal alguno y según el código catalán no podría superar los 30 años. El vencimiento de ese plazo está próximo, como máximo a mediados de la próxima década, y se propone una ampliación de entre 30 y 90 años para dejarlo cerrado.
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