Recorte presupuestal: saliente Minjusticia habló de los efectos en su cartera

La renuncia de la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, sacudió al Gobierno y dejó al descubierto no sólo las tensiones por injerencias políticas en su cartera, sino también el impacto que ha tenido la desfinanciación del sector en uno de los pilares del Estado y aunque su salida respondió principalmente a presiones externas y maniobras para imponer nombramientos políticos, la exfuncionaria no dejó pasar por alto los efectos de los recortes presupuestales en la gestión de justicia en Colombia.

En su carta de renuncia, fechada el 12 de abril y hecha pública esta semana, Buitrago expresó que si bien se sentía “feliz en este cargo y poder realizar acciones en favor de la justicia”, los recortes presupuestales habían impedido avanzar más en programas clave orientados a la dignificación de las personas privadas de la libertad y la protección de los derechos ciudadanos.

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“Lamentablemente, los recortes presupuestales impidieron avanzar mucho más en ello”, señaló la ministra, refiriéndose a las diferentes iniciativas que impulsa este Gobierno, dentro de los pilares de su enfoque de justicia social y comunitaria, que cada vez están más quedados, a falta de un año para que acabe esta administración.

Y es que las cifras que hablan por sí solas, ya que el presupuesto del sector justicia aprobado para 2024 fue de $5,7 billones. Sin embargo, tras un recorte de $160.000 millones, el monto definitivo se redujo a $4,9 billones, de los cuales solo se ejecutaron $3,7 billones, equivalente al 77,1%, nivel que si bien no es alarmante en sí mismo, reveló limitaciones frente a las metas propuestas.

Dicho esto, lo más preocupante está ocurriendo en 2025, año en el que con un presupuesto aprobado de $5,5 billones, a abril solo se han pagado $962.000 millones, es decir, apenas el 17,7%, mientras que las apropiaciones están por el orden del 33% y pone sobre la mesa una baja ejecución que podrían derivar en una posible parálisis operativa en varios programas, justo cuando la crisis penitenciaria y el acceso a la justicia exigen una respuesta urgente del Estado.

Avances a cuentagotas

Cabe recordar que programas como las casas de justicia (espacios comunitarios que articulan oferta institucional para resolver conflictos sin judicialización) han tenido dificultades para mantener sus operaciones en varios territorios, según fuentes internas del Ministerio, y lo mismo ocurre con proyectos orientados a la reinserción social, la protección de derechos humanos y la atención a población carcelaria.

La propia ministra reconoció que, pese a las limitaciones, el equipo técnico del Ministerio había “logrado vencer barreras y avanzar”, destacando el compromiso institucional como un contrapeso ante la falta de recursos.

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“Donde hubo recortes, pusimos compromiso. Y donde faltaron recursos, el Ministerio puso humanidad”, fue una de las frases que dejó entrever el sentir con el que se despidió del cargo al que ya empezaron a buscarle nuevo ocupante desde la Casa de Nariño.

Aunque el recorte presupuestal no fue la causa directa de la renuncia, sí representó un factor estructural que limitó la posibilidad de ejecutar una política de justicia transformadora. “Hay una diferencia entre administrar justicia y construir justicia”, había dicho Buitrago en una intervención reciente, dejando claro que el enfoque de su gestión apuntaba más allá de lo operativo.

En sus declaraciones tras formalizar su renuncia, Buitrago reveló que recibió llamadas del ministro del Interior, Armando Benedetti, y de la directora del DAPRE, Angie Rodríguez, con propuestas de nombramientos en cargos clave como la Uspec, la Dirección de Drogas y viceministerios, lo que la llevó a denunciar “interferencias de terceros que se creen con autorización para decidir qué se hace o no en el Ministerio”.

Así las cosas, el sucesor o sucesora de Ángela María Buitrago no solo heredará una cartera en medio de tensiones políticas, sino también un presupuesto con baja ejecución y múltiples frentes abiertos, razón por la cual, la pregunta que queda en el aire es si la justicia en Colombia podrá seguir operando bajo estas condiciones, o si, como temen varios actores, el recorte presupuestal terminará siendo un recorte a los derechos.