Dinero, contratos multimillonarios y una orden de extracción en caliente de celulares: el detalle de los allanamientos por el caso de los audios
El fiscal federal Franco Picardi se metió en la contabilidad de la droguería Suizo Argentina y en sus vínculos como intermediario de contrataciones con la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Pidió documentación específica sobre movimientos económicos de la empresa proveedora de medicamentos, también códigos de ética, conformación societaria y otros datos de la firma. En el allanamiento a la sede de la ANDIS se secuestraron papeles de pagos a la empresa Suizo Argentina por 10.828.052.146 pesos. El representante del Ministerio Público Fiscal también ordenó una "extracción en caliente" de la información de los teléfonos celulares secuestrados en todos los operativos. A su vez, el juez de la causa, Sebastián Casanello, les prohibió salir del país a todos los investigados, entre ellos Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Más temprano, el fiscal había allanado los domicilios de los hermanos Eduardo, Emmanuel y Jonathan Kovalivker, titulares de la droguería Suizo Argentina, y de Daniel Garbellini, ex director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS.
Los audios filtrados de Diego Spagnuolo
En el domicilio de Emmanuel Kovalivker, en Nordelta, la Policía encontró al empresario en un auto con sobres en los que tenía distribuidos cerca de 266 mil dólares junto con anotaciones. Todo fue secuestrado junto con su teléfono celular.
Los explosivos audios de el ahora extitular de la Agencia de Discapacidad, Diego Spagnuolo, y la posterior denuncia del abogado Gregorio Dalbón, dieron origen a una investigación penal. En la conversación que fue difundida esta semana, Spagnuolo describe cómo habría sido la supuesta operatoria ilegal que habría sucedido por intermedio de subordinados suyos en la ANDIS: “De lo que cobran de medicamentos tenés que poner el 8%, lo tenés que traer a la Suizo y nosotros lo subimos a la Presidencia”.
El abogado agrega en otro tramo de los audios: “A Karina le llega el 3 % y el 1 % se va en la operatoria”, sostiene. En otro pasaje, Spagnuolo asegura: “Yo hablé con el Presidente. Tengo todos los whatsapp de Karina... Él no está metido, pero es toda la gente de él. Van a pedirle guita a los prestadores”.
En ese contexto la justicia realizó al menos 16 allanamientos que se desarrollaron desde la madrugada y aún continuaban durante la tarde de este viernes. El pedido lo formuló el fiscal Picardi, que tiene delegada la investigación, lo que -en principio- no exige la formulación de una imputación. Sin embargo, se fundamentaron los operativos a cargo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
Durante los procedimientos se secuestró abundante material de interés para la causa: documentación contable, soportes informáticos, teléfonos celulares, agendas personales y otros elementos que guardan relación directa con la hipótesis investigativa.
De la ANDIS se llevaron licitaciones, contratos y documentos que vinculan al organismo con la droguería Suizo Argentina. Se obtuvieron seis solicitudes de gestión de pagos total por 10.828.052.146 pesos, según confirmaron fuentes judiciales a Clarín.
¿Qué se lograron llevar del laboratorio? Quince cajas en cuyo interior había “documentación de interés para la causa”, también un pendrive con información relevante para la pesquisa.
El fiscal pidió los programas de integridad de la empresa, incluyendo códigos de ética o de conducta respecto de los gobiernos y políticos, y los procedimientos de integridad obligatorios para los directores de la compañía.
Picardi también buscó en la droguería registros vinculados a la trazabilidad de las acciones llevadas adelante por la compañía y sobre todo los libros societarios, los libros diarios, mayor, inventario y balances, de IVA compras y ventas.
La justicia busca realizar la trazabilidad de los pagos de la droguería de la familia Kovalivker y la relación comercial con la ANDIS.
Aún antes de hacerse de los teléfonos celulares de las personas allanadas, el fiscal entendió que era indispensable dar intervención a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), del Ministerio Público Fiscal.
La finalidad: que se realice de forma inmediata y en caliente la extracción de toda la información de los celulares y computadoras. El representante del Ministerio Público entendió desde un comienzo que no se puede perder tiempo en pericias que pongan en peligro la información de los celulares.
Hay que recordar que lo que más se buscaba durante los operativos eran los teléfonos celulares y sobre todo el de Diego Spagnuolo, que fue secuestrado después del mediodía. Si bien no quiso otorgar la clave del dispositivo, la fiscalía se anticipó a esa negativa y ordenó una inmediata extracción de su contenido.
Si los teléfonos están bloqueados, el fiscal indicó que se secuestren inmediatamente. Para eso se pidió la intervención al Departamento Investigación de Organizaciones Criminales de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
Y la clave de esta medida es un concepto central en el que fundó los operativos Picardi: la posible participación en una presunta maniobra de corrupción de funcionarios del gobierno nacional.
Pasadas las 19, los policías porteños dirigidos por la fiscalía dieron en Avellaneda con Daniel Garbellini, a quien también le sacaron el teléfono.
Todas las medidas requeridas y avaladas por el juez Sebastián Casanello son relevante para desentrañar un entramado hoy bajo sospecha. No sólo como objeto de la investigación sino también, para a futuro poder determinar si hay responsabilidad penal de los denunciados.
La denuncia penal la interpuso el abogado Gregorio Dalbón y es contra Javier Milei, Presidente de la Nación; Karina Milei, Secretaria General de la Presidencia de la Nación; Eduardo “Lule” Menem, funcionario de la Secretaría General; Diego Spagnuolo, Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS); y Eduardo Kovalivker, dueño de la droguería Suizo Argentina.
La sospecha es que todos "habrían participado en un esquema de cobro y pago de coimas relacionadas con la compra y provisión de medicamentos, con afectación directa a los fondos públicos, hechos que encuadran en los delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e infracción a la ley de Ética Pública, debiendo analizarse la maniobra como una asociación ilícita entre los actores que aquí se indican".
Todo comenzó con los audios filtrados de Diego Spagnuolo, director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde habla de la existencia de un mecanismo de corrupción institucionalizado en la compra de medicamentos.
Clarin
