Más repudios de abogados, Amnistía Internacional y otras entidades contra la designación por decreto de Lijo y García-Mansilla en la Corte

La Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Amnistía Internacional, el Colegio de Abogados de la CABA, y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), entre otras entidades, salieron también a criticar el decreto presidencial 137 que nombró en comisión Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla en la Corte.

Por su parte, el Colegio Público de la Abogacía de la CABA, que preside el ex camarista Ricardo Gil Lavedra, advirtió que "la designación en comisión de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante el decreto N° 135/2025, compromete seriamente la independencia judicial y pone en riesgo la confianza pública en el máximo tribunal del país".

Más allá del debate sobre el alcance de la facultad presidencial "establecida en el artículo 99 inc. 19 de la Constitución Nacional, es indiscutible que se trata de una potestad excepcional y de interpretación restrictiva. La designación de jueces de la Corte por decreto no puede justificarse bajo el pretexto de una demora en el proceso regular".

"Nuestra Constitución exige que los jueces de la Corte Suprema sean designados a través de un proceso complejo, en el que intervienen tanto el Poder Ejecutivo como el Senado, requiriéndose una mayoría agravada de dos tercios para la aprobación (o no) de los pliegos de los candidatos. Un juez designado provisoriamente se encuentra en una situación de fragilidad, que podría condicionar su desempeño, pues su permanencia en el cargo depende de la voluntad de los poderes políticos", agregó el colegio en ese comunicado.

La legitimidad de la Corte "no sólo radica en la idoneidad de sus integrantes, sino también en la observancia de los mecanismos establecidos para su designación. Estos procedimientos no constituyen meras formalidades, sino que son pilares fundamentales para resguardar la independencia judicial y consolidar la credibilidad de las instituciones", añadió el colegio de Gil Lavedra.

En un comunicado, la FACA que “la utilización de las facultades previstas en el artículo 99 inciso 19 de la Constitución Nacional para proceder a las designaciones en cuestión implica el ejercicio de un acto de gobierno extraordinario utilizado de un modo tangencial –aunque legal- ante la falta de consenso institucional de pleno conocimiento en el órgano constitucional previsto para la aprobación de los pliegos oportunamente girados a consideración”.

La propuesta “conocida por el referido Decreto violenta las normativas nacionales e internacionales de respeto por el género en la integración de los órganos de gobierno como es el Poder Judicial; la ausencia de nominación de una mujer en el máximo tribunal de justicia de la Nación, la ubicará a nuestra República Argentina, en el opaco listado de Superiores Tribunales de Iberoamérica que no lo integran mujeres juezas, un hecho de imposible justificación por el Poder Ejecutivo”.

Por otra parte, más de 30 organizaciones de la sociedad civil publicaron hoy un comunicado advirtiendo sobre la “grave afectación a la independencia judicial” por la decisión del Poder Ejecutivo de designar por decreto a los jueces Manuel García Mansilla y Ariel Lijo para cubrir las vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, luego de las renuncias de Elena Highton de Nolasco (2021) y Juan Carlos Maqueda (2024).

En el comunicado, las organizaciones manifestaron que “la designación realizada mediante el Decreto 137/2025 se aparta del procedimiento establecido por la Constitución, y constituye un claro abuso de una controvertida facultad del Ejecutivo de llenar las vacantes de los empleos que requieren acuerdo del Senado y que ocurran durante su receso por decreto”.

Desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), una de las organizaciones firmantes, sostuvieron que “para justificar estos nombramientos, el Presidente invoca el artículo 99 inciso 19 de la Constitución Nacional, que lo autoriza a completar por sí mismo cargos vacantes que requieren de acuerdo del Senado cuando este cuerpo legislativo se encuentra en receso” pero sin la justificación necesaria.

Además, FARN alertó que "la precariedad de sus designaciones atenta contra uno de los requisitos fundamentales para que los jueces puedan ser independientes al momento de administrar justicia".

A su turno, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires que presidente Alberto Garay “se pronunció más de una vez, de manera fundamentada, contra la postulación de Lijo. Lo mismo hicieron numerosas entidades vinculadas al derecho, en una coincidencia asombrosa en algunos casos, dada las diversidades ideológicas de los impugnantes”.

“El abrumador rechazo a Lijo no reconoce antecedentes. Su notoria falta de calificación para tan alta magistratura, tanto técnica como moral, fue puesta en evidencia a lo largo de un año. El Poder Ejecutivo, sin embargo, ha hecho oídos sordos a todas las observaciones formuladas, de manera injustificable”, agregó en un comunicado.

Luego, el colegio dijo que “la designación en comisión, por otra parte, es especialmente repudiable una vez que ocurrió hace pocos días un virtual rechazo del Senado a esa postulación. En efecto, incluido el tratamiento del pliego de Lijo en las sesiones extraordinarias y convocado el pleno del cuerpo, se debió levantar la sesión cuando se advirtió que no se alcanzaría la mayoría exigida por la Constitución”.

Por su parte, ACIJ alertó que “la decisión del Poder Ejecutivo de designar por decreto a dos varones para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin el acuerdo del Senado y por medio de nombramientos en comisión, constituye un avance indebido del presidente sobre el Poder Legislativo, una grave afectación a la independencia judicial y una palmaria ofensa al deber de garantizar la igualdad de género en el máximo tribunal, que impacta seriamente sobre su legitimidad y calidad institucional”.

En tanto, Amnistía Internacional sostuvo que “la decisión del Poder Ejecutivo de designar por decreto a dos varones para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin el acuerdo del Senado y por medio de nombramientos en comisión, constituye un avance indebido del presidente sobre el Poder Legislativo, una grave afectación a la independencia judicial y una palmaria ofensa al deber de garantizar la igualdad de género en el máximo tribunal, que impacta seriamente sobre su legitimidad y calidad institucional”.