Multas de hasta el 6% de facturación a plataformas que vulneren la ley digital

El Gobierno prosigue, paso a paso, aterrizando en iniciativas legislativas el plan de acción por la democracia con el que Pedro Sánchez quiso plantar cara a la “máquina del fango” que atribuyó al PP y Vox para tratar de derribarle, al decidir mantenerse en el cargo tras los cinco días de reflexión que se tomó en abril del año pasado ante la investigación judicial abierta contra su propia mujer por presuntos delitos de corrupción denunciados por organizaciones de extrema derecha.
El Consejo de Ministros aprobó ayer, en primera vuelta, el anteproyecto de ley para la mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y medios de comunicación, que adaptará la normativa española a la legislación europea. El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, defendió que el objetivo de la iniciativa es “reforzar” uno de los derechos fundamentales de la Constitución, en concreto el que garantiza la libre expresión y difusión de ideas y opiniones, pero también el derecho a comunicar y recibir “información veraz”.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) será la encargada de imponer las sancionesLa principal novedad de la iniciativa, que ahora será evaluada por los órganos consultivos del Estado antes de volver al Consejo de Ministros para su aprobación en segunda vuelta y traslado al Congreso, es que atribuye a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) las competencias de control, supervisión, inspección y sanción sobre las plataformas digitales.
Este organismo autónomo se reforzará a su vez para asumir esta labor de vigilancia y velar por el cumplimiento de la futura normativa española, que obligará por ejemplo a que los proveedores tengan un canal para que los usuarios puedan denunciar contenidos ilícitos o transparencia sobre los criterios de recomendación del algoritmo y sobre la publicidad presente en sus plataformas.
Fuentes gubernamentales explican a La Vanguardia que, bajo la supervisión de la Comisión Europea, el baremo de multas que establece el reglamento europeo de servicios digitales, para las grandes plataformas transnacionales con más de 45 millones de usuarios, van desde el 2% de su facturación para los incumplimientos leves, al 4% para los graves y el 6% para los muy graves.
La nueva ley española fijará su aplicación para las plataformas o buscadores digitales residenciados en España, que cuenten con menos de 45 millones de usuarios. Y las multas serán análogas a las del reglamento europeo, es decir, el 2% de su facturación para los incumplimientos leves de la norma, el 4% para los graves y hasta el 6% para los muy graves. En el caso de España, estas multas por tanto las impondría la CNMC.
Lee también El Govern da el primer paso para renovar la ley audiovisual catalana Àlex Tort
Además del reglamento europeo de servicios digitales, el anteproyecto de ley también adaptará a la legislación española el reglamento europeo sobre la libertad de los medios de comunicación. Y, en este sentido, se establecerá un registro estatal de medios de comunicación convencionales, que también dependerá de la CNMC, y que igual que impone el reglamento europeo habrá de acreditar la propiedad de estos medios –para evitar su concentración y garantizar el pluralismo–, sus vías de financiación y la publicidad institucional que reciben. “Transparencia absoluta”, alegó Óscar López. Los medios habrán de mantener actualizada además esta información en el registro de la CNMC.
La futura norma, aseguró el ministro, “refuerza los derechos de todos los ciudadanos, y mucho más en un contexto como el actual, donde hemos visto retrocesos, por ejemplo, en el sistema de verificación, en redes sociales y medios de comunicación”. Y advirtió que los reglamentos europeos y la próxima ley española son “un gran escudo que nos protege a todos y nuestros derechos digitales”.
lavanguardia