El Gobierno reformó el Código Aeronáutico: eliminó exigencias de personal argentino y desreguló el sector aéreo

El Gobierno nacional oficializó este martes una serie de reformas al Código Aeronáutico, con el objetivo de "simplificar y desregular normas obsoletas con más de 55 años de antigüedad", según comunicó la Secretaría de Transporte. Las medidas, publicadas en el Boletín Oficial, marcan un giro profundo en el funcionamiento del sector aerocomercial argentino.

Entre los cambios más significativos se encuentra la eliminación de la obligación de contar con personal argentino en los servicios aerocomerciales, tanto locales como internacionales. Además, se habilita el uso de aeronaves de matrícula extranjera sin requerimientos de tripulación o mantenimiento a cargo de ciudadanos argentinos, derogando una exigencia establecida por la ley 17.285.

El Ejecutivo indicó que esta reforma busca “otorgar mayores libertades al sector aéreo y desburocratizar la industria”, permitiendo la entrada de nuevas aerolíneas, operadores de rampa y servicios aeroportuarios. También se apunta a fomentar una "mayor libertad contractual": ahora será posible matricular aeronaves mediante contratos celebrados en el extranjero, siempre que estos se inscriban en el Registro Nacional de Aeronaves.

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Melisa Sbrocco

En cuanto a las sociedades que deseen operar en el ámbito aeronáutico, ya no será necesario que dos tercios del directorio estén compuestos por ciudadanos argentinos, aunque sí deberán fijar domicilio legal en el país. Según fuentes oficiales, esto “transparenta” la participación de capitales extranjeros en el sector, que antes debían recurrir a intermediarios para cumplir con las normas.

Otra modificación importante afecta a la planificación de vuelos: a partir de ahora, las programaciones, frecuencias y horarios serán coordinadas directamente entre los operadores aeroportuarios y las aerolíneas, sin necesidad de ser aprobadas por el Poder Ejecutivo Nacional. También se eliminan las referencias tarifarias.

Por otro lado, los aeródromos públicos ya no estarán obligados a tener un jefe designado, salvo que lo disponga la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Esto, según el Gobierno, busca evitar funciones redundantes dentro de la estructura estatal.

Finalmente, se suprime el derecho de preferencia del Estado para adquirir bienes de empresas que cesen sus actividades, lo cual implicaba que el Estado pudiera comprar directamente aeronaves y equipamientos a un precio fijado por tasadores.