Lo que está sin resolver en la reforma pensional a 14 días de su entrada en vigencia: entrevista con Andrés Velasco

El futuro de la Ley 2381 del 2024 o reforma pensional quedará definido esta semana pues la Corte Constitucional tendrá que resolver dos demandas en contra de la mencionada norma que entraría en vigencia a partir del 1.° de julio, esto es, en menos de dos semanas.

Al margen de la decisión que pueda tomar el alto tribunal —que declare la reforma pensional ajustada a la Constitución, que falle en su contra calificándola de inexequible o que la devuelva al Congreso para su revisión y ajuste— es importante que haya certeza jurídica frente a una norma tan importante como la Ley 2381.

"Lo peor que puede pasar para el sistema pensional es que aún haya incertidumbre el 1.° de julio", advierte Andrés Mauricio Velasco, presidente de Asofondos, quien en entrevista con EL TIEMPO, se refirió a los posible escenarios que enfrenta la reforma pensional, los temas importantes que faltan por resolver, como el seguro previsional y los fondos generacionales, así como la reglamentación de la misma.

Si la reforma es declarada exequible, pues para adelante. Vamos a redoblar los esfuerzos para que salgan los decretos que se necesitan para tener toda la claridad posible y entrar con este mínimo viable el 1.° de julio. Si es declarada inexequible, tranquilidad porque Colombia tiene un sistema pensional que funciona. Si el fallo es devolverla al Congreso de la República, pues volvemos a ese escenario a hacer las mejores propuestas para el sistema pensional, a seguir mejorando esa iniciativa. Nosotros esperamos que exista un velo de legalidad sobre las decisiones tomadas hasta este momento, sobre todo por las personas que se trasladaron aprovechando la ventana de oportunidad, es muy importante que eso se conserve.

El peor escenario es que la Corte Constitucional no falle, que no se llegue a una decisión antes del 1.° de julio, que la reforma entre en vigencia y que después haya decisiones jurídicas que modifiquen el status quo, que la devuelvan al Congreso o que la declaren inexequible.

El tema es que las cotizaciones bajo las nuevas reglas pensionales empiezan el 1.° de agosto. Si una persona que gana más de 2,3 salarios mínimos no eligió su Accai (Administradora del Componente Complementario de Ahorro Individual) en el plazo previsto, pues estará en una de los Accai que le asignen y allí su empleador le cotizará el monto del salario que exceda ese umbral.

Pero si la Reforma termina cayéndose, hay que definir cómo será el manejo de esos recursos de las personas, de alguna manera se tienen que retrotraer y devolverlos a las AFP. A esto hay que sumarle que la cotización base de la pensión de esa persona, es decir, el equivalente a 2,3 salarios mínimos se fue a Colpensiones y allí se dividió, una parte de esa plata se fue al Fondo de Ahorro del Banco de la República y otra ya se gastó.

Entonces, la incertidumbre que se genera si no hay una decisión de la Corte antes no solo del 1.° de julio sino incluso, antes de que se cierre este periodo legislativo es muy grande y puede generar un caos grande con esos recursos que pueden terminar con la posibilidad de demandas contra el Estado. Hay unos riesgos jurídicos y operativos gigantescos porque retrotraer esos procesos no será nada fácil, estamos hablando de 20 millones de personas.

Pensando en que la reforma entra en vigencia el 1.° de julio seguimos muy preocupados con tres temas, sobre todo con el seguro previsional de la población en transición, que es el que cubre al cotizante contra dos tipos de riesgos: accidentes que pueden causar discapacidad de la persona o su muerte, en cualquiera de los dos casos se activa la cobertura de dicho seguro para que la persona o su familia reciba la pensión.

El problema es que esta póliza cada vez es más costosa porque la población colombiana está envejeciendo, cada vez hay más gente que tiene posibilidades de sufrir accidentes. Lo segundo, es que la población cada vez hace que suspensiones le duren más y las colas del seguro previsional son muy costosas porque son impredecibles. El señor o la señora que se casa con alguien más joven y su pensión, pues es heredable y eso es lo que ayuda a encarecer la póliza. Ese seguro se paga del 3 por ciento de la comisión que cobran las administradoras y hoy se está llevando el 2,5 por ciento y a la AFP les queda solo el 0,5 por ciento, lo cual nos obliga a ser más eficientes y ha mantener una competencia brutal en el sector.

Hasta ahora eso se podía manejar con la población total con lo cual se podía bajar el costo de ese seguro, pero lo que hace la reforma es segmentar la población, hay una en transición y otra en no transición donde está la población más joven. La que está en transición, por definición, ha acumulado 750 y 900 semanas, lleva casi 20 años en el mercado laboral, es más costosa por la edad. La población que nos queda en las AFP es la de ingresos más bajos, es la que más se siniestra y el seguro previsional para cubrirla no se consigue porque el riesgo es mayor, entonces es una falla del mercado.

La Ley 2381, sabiendo que el problema existía señala que cualquier problema que ocurra en la contratación de este seguro lo soluciona el Estado y en el decreto reglamentario pusieron un mapa por si había falla de mercado en la población no transición. Pero para la población en transición dijo no, eso sigue como Ley 100, es decir, no solucionó el problema. Entonces, en este momento, tenemos el riesgo de que la población en transición quede sin seguro previsional el 1.° de julio y eso es un lío, porque siempre hay personas que se siniestran. Sabemos que el Gobierno tiene la preocupación y sacará un decreto a través de la Dirección General de Regulación de la Economía de la Seguridad Social del Ministerio de Hacienda. Nosotros tenemos seguros comprados, pero tan pronto entre en vigencia la reforma quedan inválidos. Si la Reforma se cae, no es un problema porque tenemos seguro.

Son dos cosas que permite la reglamentación que a nosotros nos parecen ilegales y nos preocupan mucho por la descapitalización de los fondos. Uno es que la reglamentación permite que el Fondo de Ahorro del Pilar contributivo que administrará el Banco de la República, sirva para pagar el Pilar Semicontributivo. Ese Fondo debería cuidarlo la Nación como un tesoro que no se toca por nada del mundo, porque es la única garantía que tienen 20 millones de personas de que van a tener pensión, toda vez que de ahí saldrán estas.

Lo otro que permite la reglamentación es que el Fondo de Garantía de Pensión mínima, que está diseñado para el Rais (Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad) para cubrir las mesadas pensionales mínimas cuando el capital individual no alcanza para una presión mínima, pueda financiar el Régimen de Prima Medida de Colpensiones. Esa es otra forma de usar una plata para lo que no es. Ambos temas son fiscales, pero inconvenientes e ilegales y hay que solucionarlos.

Si la reforma es devuelta estamos preparándonos para proponerle al Congreso de la República unas modificaciones que consideramos mejoran la reforma en dos dimensiones, en sostenibilidad tanto del sistema como la fiscal, y en equidad. En los fondos siempre abogamos por un umbral menor (1,5 salarios mínimos) y eso contribuye a mejorar ambas dimensiones. En el largo plazo a los colombianos les va mejor si el sector privado juega un papel importante en el sistema pensional porque es un esquema autofinanciable y es más sostenible, cualquier otro requiere del esfuerzo fiscal del Gobierno.

Son muchas, como bajar el umbral de los 2,3 salarios, que los fondos privados puedan participar en el Pilar Básico compitiendo con el proveedor público, como sucede en otros sectores, como el bancario, los seguros, las comunicaciones, la salud, donde compiten bajo unas mismas reglas de juego. Ese es un debate que podemos dar en el Congreso para que la gente pueda elegir en qué sistema quiere estar.

En este momento nosotros tenemos dos decretos sin comentarios, uno es el de los fondos generacionales con el que se puede trabajar, porque es un decreto bastante bueno, y hay otro que es el de desacumulación, pero solo se refiere a la de los fondos privados. Este es un decreto que tiene mil problemas porque diseña cosas que no existen, se necesita mucha precisión porque al final son recursos del público. Por ejemplo, no dicen nada acerca de la desacumulación del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, el más importante del país.

Nos hacen falta todavía muchas cosas, pero de vida o muerte, lo del seguro previsional, necesitamos que quede muy claro que esto es un tema del Gobierno, es una falla de mercado del Gobierno. Insisto, también es importante tener claridad sobre cómo será el proceso de desacumulacion del Fondo de Ahorro porque la gente piensa que ese proceso inicia por allá en 10 años y eso no es así, el fondo se empieza a acumular y se acumular el primer mes, es decir, en agosto ya estamos teniendo acumulaciones y desacumulación.