Sube la presión política contra la opa al Sabadell tras el fallo de la CNMC

Apenas un día después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) aprobase con compromisos la compra del Banc Sabadell por parte del BBVA, la presión política en contra de la operación subió varios grados. No solo desde la Generalitat, los sindicatos o las patronales llegaron mensajes contrarios a la opa, sino también desde el propio Gobierno. Su vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, calificó la integración entre ambos bancos de “error mayúsculo”, en un anticipo de que las reticencias del propio Ejecutivo podrían acentuarse si el socio Sumar presiona contra la opa.

Díaz también aseguró ayer que el sentido del dictamen de la CNMC es “muy mala noticia” y que quien pierde es la “democracia económica”. Se posiciona así con contundencia antes de que lo haga el Ministerio de Economía, que se ha limitado a reclamar “máxima prudencia” y a decir que estudiará el caso con “rigor y detalle”. Casi desde el momento en que se lanzó la opa, el ministro Carlos Cuerpo ha expresado su preocupación acerca de los efectos sobre la competencia y la cohesión territorial de la operación.

Comienza un plazo de 15 días para que Economía decida si lleva la operación al Consejo de Ministros

El aumento de la presión política tiene ahora más importancia que en ningún otro momento de la operación. Economía dispone de 15 días para decidir si confirma la resolución de la CNMC o si eleva su contenido al Consejo de Ministros para que, en el plazo adicional de otros 30 días, se valore la imposición de condiciones. Se lo permite la ley de Defensa de la Competencia del 2007, pero dentro de unos límites, ya que debe motivar debidamente su decisión en función de elementos de interés general más allá de los de competencia.

El consejero delegado del BBVA, Onur Genç, se había mostrado el martes confiado en que, tras once meses de análisis de la CNMC, los compromisos del banco serían suficientes para superar el trámite del Gobierno. También reconoció que, “si se imponen condiciones que socaven la creación de valor”, el BBVA podría retirarse. No es, según dijo, el escenario central.

La Generalitat defenderá el “interés de Catalunya” mientras Pimec ve “riesgos persistentes”

Desde el Gobierno hubo ayer algún comentario más. Por la parte del PSOE, de contención, y por la de Sumar, de rechazo frontal. La ministra de Hacienda, María José Montero, calificó de “prematuro” adelantar una decisión y la de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, dijo que se tomarán las “decisiones oportunas para que haya competencia y salvaguardar los derechos de la ciudadanía”. En cambio, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, rechazó una operación que generará, desde su punto de vista, “un impacto negativo en los puestos de trabajo”.

La Generalitat también juega ahora un papel destacado por su alineamiento político con el Gobierno. Mantiene una posición crítica, pero sin trasladar por ahora ninguna petición. La portavoz del Govern y consellera de Territori, Sílvia Paneque, dijo que el objetivo es “preservar el modelo bancario de proximidad” y que se “analizará en profundidad y con rigor el informe de la CNMC”. El comentario es parecido al realizado en la noche del miércoles por el president, Salvador Illa, cuya premisa es defender “por encima de todo los intereses de Catalunya”.

UGT y CC.OO. piden al Gobierno que ponga trabas a “una fusión que no tiene ni pies ni cabeza”

Aprovechando el Primero de Mayo, los sindicatos reiteraron su oposición a la opa. “Esperemos que el Gobierno piense en el interés general y en cómo queda el sector financiero con una fusión que no tiene ni pies ni cabeza”, dijo el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. “Es preocupante que, después de lo que pasó con las cajas en su día, las entidades financieras que más vínculo tienen con el tejido productivo y con la financiación de la pequeña empresa se vean absorbidas”, dijo Unai Sordo, secretario general de CC.OO.

Para Pimec, el dictamen de Competencia sigue sin ser suficiente, a la vista de los “riesgos persistentes para las pymes y la equidad territorial”. Desde Foment, su presidente, Josep Sánchez Llibre, había dicho esta semana que estas operaciones “nunca suman”. Ayer la Asociación Española de Consumidores (Asescon) y Asufin también mostraron sus reticencias.