Una concesión fantasma

Tras de dictaminar, junto con Sergio Samaniego, la cancelación del NAIM y la reubicación del aeropuerto internacional del valle de México en Santa Lucía, Javier Jiménez Espriú se convirtió en el primer secretario de Comunicaciones y Transportes de la Cuarta Transformación.

El equipo seleccionado por Andrés Manuel López Obrador para ejecutar su plan de infraestructura —que incluyó, en una primera fase, la refinería Dos Bocas, el AIFA y el Tren Maya— involucró otros personajes. Unos, colaboradores remotos como Jorge Arganis. Otros, reclutados en el camino a pesar de su pasado neoliberal, como Jorge Nuño Lara (gracias a recomendaciones del alto mando castrense) o su tocayo, Jorge Mendoza.

Arganiz inició el sexenio lopezobradorista como titular de Pemex PTI, Infraestructura de Desarrollo, y se encargó del proyecto ejecutivo de la refinería Olmeca. Su exesposa, Guadalupe Cano Herrera, fue enviada a Caminos y Puentes Federales como oficial mayor y con ella, el abogado Román García Álvarez, quien llegaría a la SCT con su jefe en el 2020, cuando fue designado titular de esa dependencia, en sustitución de Jiménez Espriú.

Ambos estaban enfermos cuando tuvieron sus últimos ascensos. García Álvarez —ahora se sabe— estaba bajo tratamiento por un tumor en el páncreas cuando fungió como titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SCT. Su jefe estuvo dos veces contagiado por la Covid-19.

En Cafupe, el abogado era la mano derecha de Cano Herrera y daba seguimiento a un área estratégica: la revisión de las concesiones y los fideicomisos carreteros. Ya como jurídico de SCT, apenas dos semanas antes de su fallecimiento, cumplió cabalmente con instrucciones superiores y pasó a firma de Arganiz —también incapacitado, por motivos de salud— el convenio de colaboración y coordinación de acciones que permitió al gobierno del Estado de México concesionar el Viaducto Bicentenario.

Para entonces —octubre del 2020— ese segundo piso de la autopista México-Querétaro (en un tramo que va del Toreo de Cuatro Caminos a Tepalcapa) llevaba una década explotado por un particular. Y según el abogado Paulo Díez Gargari generó 10,000 millones de pesos, por concepto de cobro de cuotas de peaje. Pero la concesión otorgada por el gobierno del Estado de México en 2011 a OHL —a su juicio— violó la Ley Generales de Bienes Nacionales. Y el convenio del 2020 es susceptible de anulación.

En esas polémicas, los actuales titulares de la secretaría de movilidad mexiquense y junta estatal de caminos han evitado pronunciarse, a pesar de que son abiertamente competentes. Principalmente, la dependencia encabezada por el exdiputado Ariel Juárez ante su principal responsabilidad —mantener la infraestructura en buen estado— y los graves cuestionamientos que afronta, por denuncias internas por presunta corrupción y cobro de “moches”.

Efectos secundarios

INJERENCIAS. A los señalamientos sobre las actividades empresariales de Julia Abdalá Lemus mientras Manuel Bartlett Díaz estuvo al frente de la Comisión Federal de Electricidad se suman nuevas evidencias que apuntan al programa de seguros de incendios, catástrofes y responsabilidad civil por el que esa paraestatal erogaba anualmente más de 1,600 millones de pesos por año. En el sexenio pasado Seguros Inbursa y GMX Seguros fueron los principales proveedores del servicio, pero Abdalá Lemus, a través de Jorge Luis Águila, habría jugado un papel principalísimo en la definición de los intermediarios de reaseguro que colocaron estas pólizas en los mercados internacionales. Las pesquisas apuntan a los despachos de Reinsurance Consulting y Star Reinsurance y se rumora que existen evidencias de la recepción del dinero que se entregaba a la gente de Abdalá a través de estos despachos que estarían disponible…