Volver a empezar después del impacto de las elecciones en CABA
La lección principal del round electoral en CABA es que todas las consignas sobre la guerra cultural y el cambio de época quedaron desmentidas. No es cierto que el nombre de Milei sea mágico y que arrastre multitudes.
Debió probarse eso en su distrito de nacimiento y donde libraba la principal lucha por la propiedad del gobierno nacional contra Macri, de cuya demografía han surgido la mayoría de sus funcionarios y casi todos los programas de gobierno.
También de la cantera de Cambiemos ha salido el apoyo legislativo que ha tenido en el Congreso para sus medidas y proyectos. Tampoco se ha probado que el adversario principal, el peronismo, se haya dividido o haya perdido apoyos en las urnas.
Para enfrentar estas dos lecciones, el oficialismo tiene que inventar herramientas estratégicas que le permitan aprobar el examen de octubre en el que el público – los ciudadanos, los aliados, los mercados – decidirá cuánta confianza tiene en que el gobierno puede asegurar futuro y sostenibilidad de sus programas.
En otras palabras, aprobar el examen en el que reprobó Macri en 2017, aun ganando aquellas elecciones. La democracia es una corriente que fluye de abajo hacia arriba. Es un negocio donde ni hay magia ni fuerzas del cielo que valgan.
El resultado de las elecciones en CABA mostró que la Argentina tampoco ha salido aún del circuito experimental en que se zambulló en 2023.
La carambola que llevó a Javier Milei al gobierno se disparó después de la derrota de las dos coaliciones que llevaban a Sergio Massa y a Patricia Bullrich como abanderados de una mayoría corcoveante que derivó su apoyo hacia Milei para impedir la continuidad del peronismo en el poder.
En esa martingala el candidato conservador cosechó 29% de votos propios, valencia que ha repetido su figura con el 30% de los votos del vocero Adorni en CABA. La baja cantidad de votantes invita a la chicana de medir ese apoyo contra cantidad de vecinos habilitados a votar.
El respaldo queda reducido al 15%. Frente a eso, el peronismo pudo conservar los votos de siempre y el oficialismo local de los Macri dispersó los apoyos en por lo menos 5 listas que, si se sumaban, ganaban las elecciones.
Hacer política es construir mayorías. Las fuerzas que compitieron en CABA sólo construyen minorías. La democracia al revés. La única revocación la protagonizan acá el Calamar y el Globito.
La fragilidad del experimento disparó un brote institucionalista en todas las fuerzas para prevenirse de las consecuencias del resultado de octubre, que pueden ser insoportables si provocan nueva carambola como la de 2023 -una suma de derrotas de todas las fuerzas-.
A esta fiebre responde el súbito acuerdo en el Senado para precipitar esta semana un debate que acelere el dictamen para la reforma de la Auditoría General de la Nación.
También el que sobrevino en la provincia de Buenos Aires para la designación de más de un centenar de jueces y fiscales. Auditores y magistrados son dos corporaciones que surgen, acá y en todo el mundo, del loteo entre las fuerzas políticas.
Ninguna ha querido que las designaciones se hagan después de las elecciones de octubre cuando el experimento político haya dado otra vuelta de perinola.
A este paquete institucionalista pertenece el proyecto de ampliación de la Suprema Corte que reactivó Juan Carlos Romero en el Senado. Es el jefe virtual de “La secta de los 38” (según el apelativo de la cristinista Fernández Sagasti), que unifica a los legisladores que tomaron el control de la cámara en diciembre de 2023.
El oficialismo de Olivos y el peronismo retacean todavía su participación en las comisiones, que en la que semana que pasó tuvieron problemas de quórum. Pero sus voceros adhirieron a la música reformista. También quieren aprovechar los últimos cartuchos antes de diciembre, cuando todo puede cambiar.
Un cálculo baquiano sobre gestos y palabras alienta la posibilidad de que avance la reforma de la Auditoría General de la Nación con más prisa y ventura que la ampliación de la Corte.
El gobierno y el peronismo han logrado desde diciembre de 2023 que la AGN haya perdido a todos sus integrantes, seis que se reparten según la ley, por partes iguales las dos cámaras y que terminaron sus mandatos.
Esto convierte al gobierno y su administración en una gestión fuera de control y, de paso, sin presupuesto, que es el principal regulador de la administración. La AGN es presidida por Juan Manuel Olmos, en representación del peronismo (principal oposición). Para emparchar esa inconsistencia, Olmos ha convocado a ex auditores para que integren un consejo asesor.
Entre ellos están los peronistas Javier Fernández, Juan Forlón y Gabriel Mihura Estrada, y el radical Alejandro Nieva. Es un regalo sin precio para la oposición porque el organismo tiene que auditar las cuentas de la administración de Alberto Fernández.
Olmos, vicejefe de gabinete del anterior gobierno, llevó al staff de la AGN a algunos funcionarios de la presidencia de Alberto, como Vilma Ibarra y Julio Vitobello.
Desde que asumió, el gobierno nacional ha impedido que las dos cámaras designen a los tres representantes con dos argumentos: 1) que La Libertad Avanza tiene derecho a tener un auditor. Esto impide que se apruebe el plan del año pasado según los tres de Diputados que representarían al PRO (Jorge Triaca), la UCR (Mario Negri) y al PJ (Juan Forlón); 2) que la ley que rige este loteo es vieja porque representa el país bipartidista de los años ’90, y que el PJ y la UCR deben convivir con otras fuerzas que se han sumado al espectro de la representación.
Para enredar el debate Martín Menem firmó un proyecto cuya autoría nadie asume, que eleva a cuatro los representantes por Diputados y baja a dos los del Senado. La iniciativa se ganó el mote de “proyecto tapón”. Ninguna cámara reduciría nunca su representación.
Romero calificó la iniciativa de “extravagante, por no decir absurda”. Pero aportó un atajo: ampliar la representación de cada cámara a cinco. Es una manera de darle lugar a más expresiones partidarias, si el problema es la obsolescencia del bipartidismo – un espejismo porque peronismo y radicalismo son las únicas fuerzas con territorialidad extensa y son, cada una, el eje de las dos coaliciones que hasta ahora han articulado la representación de la mayoría de los votantes.
En su explicación del proyecto, el senador por Salta reivindicó la coautoría de la ley de Administración Financiera de 1992, en uno de cuyos capítulos se creó la AGN, que le sirvió para justificar su propuesta de cuatro o cinco miembros por cada cámara.
Explicó esta semana -: “Cuando se hizo la Ley de Administración Financiera –no me gusta ser autorreferencial, pero la informé sobre la base de un proyecto que tenía presentado y de otro que hizo el gobierno–, los senadores duraban nueve años y los presidentes seis. Entonces, se puso el número de ocho, intermedio entre el mandato de los senadores y el mandato de los presidentes. Entonces, ahora habría que reducir ese plazo, y el número intermedio entre los senadores y los presidentes sería cinco. La mayoría de los proyectos prevén cuatro años, pero podrían ser cuatro o cinco años”.
El balance de la pobre experiencia del oficialismo ante su electorado ideal, el de la CABA, fuerza a una autocrítica del modo de presentarse el gobierno ante el público. El desaire al Congreso lo obliga a sólo a maniobras para evitar tropiezos.
Es cierto que la agenda personal de Milei se identifica con el proyecto trumpista de destrucción del aparato del Estado. No le pidan lo que no va a dar ni quiere dar. No quiere controles. Por eso vació la AGN hace un año y medio. Tampoco habilita la cobertura de cargos a menos que le den a La Libertad Avanza un auditor propio.
Heredó, además, el plan de acoso y derribo de la Suprema Corte del peronismo que gobernó hasta 2023. La casa Rosada se enoja con Romero porque “se cortó solo” y clavó un proyecto de ampliación como si debiera consultarlo. Tampoco respeta los checks and balances (controles y contrapesos) que definen al sistema republicano.
Pero el paso del tiempo lo hace depender del Congreso. El plan colchón depende de reformas penal tributarias que no se pueden dictar por DNU. El “colchonazo” necesita una ley que blinde una prescripción de las deudas fiscales.
La legislación hoy obliga al contribuyente a guardar por diez años la documentación fiscal. La prescripción le aseguraría el colchonante que un futuro gobierno no le vaya a pedir esas constancias para cobrarle lo que ahora le disculpan.
La prescripción necesita una seguridad que solo puede dar el voto de las dos cámaras. La fórmula tiene que resistir el paso del tiempo, que todo lo revisa, además del consentimiento de los organismos internacionales antilavado.
No puede salir tampoco por un voto de diferencia, como otras normas importantes del oficialismo. La Sociedad tiene derecho a pedir cuentas de su gestión a cualquier agente público. Esta semana la oposición intenta sesionar para destrabar la comisión para investigar el CriptoGate. El gobierno ha logrado bloquearla para evitar que citen a la hermana Karina. ¿Vale eso más que una ley para el “colchón”?
El ideal de un gobierno sin control va de la mano del sueño de estudios privados de auditoría que podrían ampliar su negocio para reemplazar las funciones de la AGN. Este organismo tiene contratos con empresas públicas para controlar sus gastos.
Sin auditores en funciones, las reparticiones y el Ejecutivo mismo necesitarán que les controlen la ejecución de sus recursos porque lo requieren los organismos internacionales y las entidades financieras.
Este vacío sería suplido por una privatización de las tareas. Antes de ahora el ex auditor Javier Fernández observó que a lo largo del tiempo ha crecido la contratación de servicios de estudios privados.
Miguel Pichetto agregó esta semana la observación de que han crecido también los informes de auditoría “reservados” y pidió más transparencia.
Cabe la observación también de que la AGN disparó muchas causas judiciales por corrupción a partir de sus investigaciones, como la compra de trenes, la tragedia del Once, Sueños Compartidos, el caso Vialidad, etc. Es una herramienta que muchos querrían ver desactivada, o vengarse de ella por sus tareas cumplidas.
Las elecciones porteñas probaron que la transición del PRO de Mauricio Macri hacia la toldería de Javier Milei se ha certificado en la Capital Federal, donde ambos tienen su base de apoyo.
El acercamiento comenzó antes de las elecciones de 2023, cuando Mauricio Macri involucró a Milei en la mesa de Cambiemos y lo presentó, sin suerte, como precandidato para las PASO de Cambiemos.
El desaire bajo palio del presidente hacia Jorge Macri le puso el moño al proyecto de un "macrismo sin Macri" después del cambio de camisetas que fueron las elecciones porteñas.
La representación del nuevo gobierno es débil, alcanzando solo ese 15% real de apoyo. Implica que la cultura política argentina, más moderada y centrista, se muestra reacia a las formas autoritarias y al discurso agresivo del nuevo liderazgo.
El episodio del Tedeum debe leerse en la misma clave porque el sermón del arzobispo García Cuerva le puso voz y letra al silencio del electorado que se ausentó de las urnas. Otra para el presidente que cursa con dificultades el camino penitencial de los dos primeros años.
Caer en una rodada armada por Lorenzetti era difícil de evitar por las habilidades sutiles y santafesinas del magistrado. Es difícil aguantarle un round.
Pero,¿qué necesidad tenía de ir a ponerse ante al altar en el mismo auditorio donde Jorge Bergoglio, mentor de García Cuerva, lo atizó sin piedad a Néstor Kirchner, que era presidente por el peronismo y tenía un poder que Milei no soñaría ni en un día de fiesta?
El Tedeum es una ceremonia que el gobierno le pide a la Iglesia para recibir algo a cambio. La Cancillería debió asegurarle a Milei la fiesta en paz. En algún momento hasta hubo la cortesía de enviarle al presidente el texto de la homilía, por respeto. El secretario de Culto tiene esa función y es más un representante de las confesiones ante el Estado que lo contrario. Debió cuidarlo al presidente. Pero en este gobierno no cuidan a nadie, ni a Milei.
Clarin
