La advertencia de los pueblos Yukpa y Wayuu sobre el nuevo modelo de salud del Gobierno: ‘No pueden improvisar como lo hicieron con los maestros’

Tras la expedición del Decreto 0858, con la que el Gobierno adopta oficialmente el ‘Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo’ como política pública y plantea una reorganización del sistema basado en la atención primaria, la territorialización y las redes integradas de servicios, son varias las reacciones en el sector salud que se han pronunciado sobre los riesgos que puede representar esta iniciativa. Una de estas voces es la de representantes de los pueblos indígenas Yukpa y Wayuu, para quienes esta transformación del sistema de salud significará poner en riesgo la atención en estas comunidades.

Una situación sobre la que seis cabildos gobernadores del pueblo indígena Yukpa y las 13 autoridades del pueblo Wayúu del resguardo de la Alta y media Guajira, en representación de la Asociación de Cabildos Indígenas del Cesar y La Guajira, habían alertado, tras la publicación del borrador del decreto para comentarios, sus preocupaciones sobre los riesgos que representaría esta medida para la atención en salud en sus comunidades.

Esto no solo ante el Gobierno Nacional y el Ministerio de Salud, sino también ante estamentos como la Corte Constitucional, Consejo de Estado, Corte Suprema de Justicia, Contraloría y Procuraduría.

“Enviamos un informe extenso de casi 300 páginas a la Corte Constitucional, al Consejo de Estado, a la Corte Suprema de Justicia, al propio Ministerio de Salud, a la Superintendencia de Salud, a la Adres, a la Procuraduría y la Contraloría, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Relator Especial para Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas donde alertamos que si este decreto se firmaba iba a haber una catástrofe para los pueblos indígenas en Colombia y en especial los pueblos indígenas Yukpa y el pueblo indígena Wayuu”, explica Edwar Álvarez Vacca, defensor de derechos humanos, de los pueblos indígenas, ambientales y territoriales.

Pese a estas alertas, desde los pueblos indígenas Yukpa y Wayuu ven con preocupación cómo se expidió finalmente el Decreto 0858 sin haber tomado en cuenta sus comentarios. “Es una reforma a la Salud, por la puerta de atrás, sin que se tramite como Ley en el Congreso de la República y sin el debido proceso de Consulta Previa con el Pueblo indígena Yukpa y la nación Wayúu y los demás pueblos indígenas en Colombia. El decreto al suscribirse estaría violentando la Sentencia T-302 del 2017 en favor de la Nación Wayúu y de los acuerdos previos entre las máximas autoridades del Pueblo Yukpa y el señor viceministro de Salud Pública, doctor Jaime Hernán Urrego Rodríguez”, señalan los representantes de las comunidades indígenas en un comunicado.

De acuerdo con los pueblos Yukpa y Wayuu, el nuevo modelo de salud desconoce los progresos que se han conseguido en atención para estas comunidades. “Antes de la ley 100 los indígenas eran atendidos en las puertas de los hospitales. Después de dicha ley se ha tenido un avance. Los pueblos indígenas tienen unas instituciones propias de salud que están amparadas en el artículo 24 y 25 del convenio 169 de 1989 de la OIT, estas instituciones, que son EPS indígenas, están amparadas en un convenio internacional o un tratado internacional sobre derechos humanos y pueblos indígenas que el convenio que el Estado suscribió y que después lo ratificó mediante la ley 21 de 1991”, señala Álvarez Vacca.

A los pueblos indígenas del norte del país les preocupa la posibilidad de que desaparezcan las EPS e IPS que hoy los atienden, como es el caso de Dusakawi EPSI. “Cabe recordar los compromisos adquiridos por el Ministerio de Salud y Protección Social con el Pueblo indígena Yukpa: en la Mesa de Diálogo e Interlocución del Pueblo Yukpa (Res. 039 de 2021 mod. 308 de 2024), el alto funcionario se comprometió a que la Reforma a la Salud no sería regresiva y que se concertaría con nuestro pueblo a través de esta Mesa (máxima instancia de interlocución del pueblo Yukpa). Además, se acordó que se incluirían temas relacionados con las EPS indígenas y las IPS de las cuales hace parte el Pueblo indígena Yukpa, proceso que se definiría en el marco de la consulta previa con nuestro pueblo”, señalan.

Para ellos, lo incluido en el decreto 0858 representa la transferencia de responsabilidades a las secretarías de salud de las Alcaldías, distritos y departamentos. Una medida que, en su opinión, representa “un retroceso a un pasado en el que dependían de la voluntad política de los gobernantes locales para acceder a servicios de salud”.

“Este decreto del 30 de julio es regresivo para los pueblos indígenas en Colombia, no solamente para el pueblo indígena para esas comunidades del pueblo Wayú que han fijado su postura y el pueblo indígena Yukpa. El decreto no cambió frente al proyecto que se presentó y tienen incorporados muchos elementos como los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) y las redes integradas de los territorios de salud, que lo que hacen básicamente es dejarles la responsabilidad y la atención en todos los territorios a los entes territoriales”, asegura Álvaez Vacca.

Además, señala que el nuevo modelo desconoce realidades como que estas poblaciones indígenas se encuentran en una situación de vulnerabilidad y de pobreza extrema. “El 74,88 por ciento está en riesgo de exterminio físico y cultural, y un 96,88 por ciento pertenece al régimen subsidiado, ubicados en territorios rurales multidispersos en condiciones de difícil acceso, conflicto armado, en tres departamentos, veintidós (22) municipios y en cuatro grandes microrregiones, que en muchos casos son impenetrables, como la Sierra Nevada de Santa Marta, la Serranía del Perijá, La Guajira Inmensa y 367,72 kilómetros de frontera con la República Bolivariana de Venezuela”, indican.

Según señala Álvarez Vacca, preocupa entre las comunidades indígenas que ocurra con ellos una situación similar a la crisis que atraviesa el sistema de salud de los profesores. “El Gobierno Nacional no puede improvisar un modelo de salud con los pueblos indígenas como lo hizo con los maestros, porque a diferencia de ellos, nuestros pueblos no tienen recursos para subsistir. Con un agravante, como lo es el tema de la infracciones y ataqures al personal médico. ¿Cómo resuelve este modelo preventivo, predictivo y resolutivo el tema de los actores armados en el conflicto? Lo que expone este decreto es, básicamente, una lápida al cuello de más de un millón quinientos mil indígenas en Colombia”, concluye Álvarez Vacca.