Lesa majestad

Fue una visión rara. El francés Bernard Arnault, uno de los multimillonarios más ricos del mundo (a la altura de los estadounidenses Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Warren Buffett y Bill Gates), fue, durante unas horas el miércoles, un ciudadano común. Un hombre sin más ni menos derechos que cualquier otro, en pie de igualdad con todos los jefes llamados a explicarse ante los senadores sobre el uso de los fondos públicos por parte de los grupos que dirigen. ¡Qué indignidad! ¡Qué crimen de lesa majestad! Sólo había que percibir la amargura del señor del CAC 40 para medir su desaprobación.

En pocas semanas, toda la élite de la industria y de los negocios fue interrogada por la comisión de investigación sobre las ayudas públicas a las empresas (cuyo ponente, Fabien Gay, es senador y director de L'Humanité ). Habiendo comenzado con la indiferencia de la mayoría de los medios de comunicación, su obra ganó publicidad, alimentada por la vergüenza o la mala fe de aquellos que se sentían no responsables de su gestión.

Los principales argumentos repetidos ante o fuera de la comisión se basan en un silogismo. En primer lugar, no es adecuado hablar de ayudas públicas, ya que el Estado devuelve a las empresas parte del dinero que les quita. En segundo lugar, los parlamentarios no son responsables de supervisar las acciones de las empresas privadas. En tercer lugar, se desprende que estas citaciones y el propósito de la comisión rayan en el abuso de poder.

Durante el último cuarto de siglo, desde la Ley Hue de 2001 sobre el control de los fondos públicos concedidos a las empresas –una de las primeras leyes derogadas cuando la derecha volvió al poder en 2002–, el mundo y el capitalismo se han transformado profundamente, pero no las relaciones sociales basadas en la inviolabilidad de la propiedad del capital.

En un momento en el que se destinan entre 200.000 y 250.000 millones de euros de dinero público al año (nadie, ni siquiera en Bercy, tiene idea del importe exacto) a los empresarios, algunos de los cuales utilizan este dinero para despedir a trabajadores, y mientras las finanzas públicas se hunden inexorablemente en números rojos, la democracia todavía se detiene en la puerta de la sala de juntas. El mal humor del emperador del lujo, exiliado fiscal y amigo de Trump, no hizo más que poner de relieve este arcaísmo, origen de tanto despilfarro humano, social, financiero y medioambiental.