Ciudadanía italiana: qué cambia con el nuevo decreto aprobado en Italia y quiénes quedan afuera
El Parlamento de Italia dio luz verde a un polémico decreto-ley que restringe la posibilidad de gestionar la ciudadanía desde el exterior para los descendientes italianos.
Esta medida representa una mala noticia para miles de argentinos que aspiraban a conseguir el preciado pasaporte rojo, el cual facilita la residencia en Europa y permite ingresar a Estados Unidos sin necesidad de visa de turista.
El ministro de Relaciones Exteriores italiano, Antonio Tajani, realizó un anuncio inesperado el 28 de marzo sobre la firma de un decreto-legge por parte del gobierno de Giorgia Meloni, equivalente a un decreto de necesidad y urgencia argentino.
Este decreto obtuvo recientemente el respaldo de la Cámara de Diputados, tras haber sido aprobado en el Senado la semana anterior. Paralelamente, se ha presentado un proyecto de ley sobre el mismo tema que deberá ser tratado por el congreso italiano.
Aunque el proyecto de ley aún está pendiente, el decreto ya se encuentra vigente.
Esto significa que, a partir de ahora, solamente podrán tramitar la ciudadanía italiana desde el exterior los hijos o nietos de italianos que hayan mantenido siempre la nacionalidad, es decir, que nunca se hayan naturalizado en otro país.
La norma afectaría a miles de argentinos, considerando que solo en 2024 se reconocieron 30.000 ciudadanías.
La mayoría de estas solicitudes se basaban en el principio legal del ius sanguinis, que otorga la nacionalidad por descendencia sanguínea. Con esta modificación, los bisnietos y tataranietos ya no podrán reclamar este derecho desde Argentina.
El nuevo decreto-ley habilita la posibilidad de tramitar la ciudadanía directamente en Italia. Sin embargo, esto implica un requisito fundamental: deberán residir dos años en el país europeo.
Quienes puedan demostrar que tienen un avo con capacidad de transmitirles la nacionalidad, deberán viajar a Italia.
Los argentinos pueden ingresar al país como turistas por 90 días sin necesidad de visa. Una vez allí, deberán solicitar un permesso di soggiorno, el permiso de residencia que les permitirá vivir y trabajar legalmente.
Pueden establecerse en cualquier lugar de Italia, sin ser necesario que sea en el comune de sus ancestros.
Una vez cumplidos los dos años de residencia, podrán iniciar el trámite de ciudadanía, el paso previo para gestionar el pasaporte. No se requerirá rendir ningún examen de italiano, a diferencia de lo que se había considerado anteriormente (un nivel B1), bajo el supuesto de que después de dos años viviendo e integrados a la comunidad, se habrá adquirido un manejo mínimo del idioma para comunicarse.
Según la explicación oficial del Gobierno italiano, el objetivo de este cambio normativo no es cerrar la puerta a los legítimos descendientes, sino abrirla a aquellos que realmente desean regresar a la tierra de sus orígenes para instalarse y trabajar.
La gestión de Giorgia Meloni buscaría evitar situaciones en las que se tramita el pasaporte italiano solo para luego emigrar a otro país de Europa, mencionando explícitamente el caso de muchos argentinos que se trasladan a España.
El ministro Antonio Tajani expresó al presentar el decreto: “Ser ciudadano italiano es algo serio. No es un juego para obtener un pasaporte que te permita ir de compras a Miami”.
Con esto hacía referencia a que los ciudadanos italianos solo necesitan tramitar la ESTA para ingresar a Estados Unidos, mientras que los argentinos deben gestionar una visa de turista.
Ricardo Merlo, presidente del Movimiento Associativo Italiani all’Estero (MAIE) y ex senador y diputado en el Parlamento italiano, sugiere que los argentinos podrían tener otra opción para reclamar su ciudadanía desde Argentina: la vía judicial.
Merlo argumenta que el derecho a la ciudadanía se tiene desde el momento del nacimiento, no cuando se inicia el trámite.
Por ello, además del recurso por inconstitucionalidad que presentarán los legisladores ante la Corte italiana, explica que individualmente se puede interponer una demanda para que la Justicia reconozca el derecho de ius sanguinis.
El dirigente se muestra convencido de que los jueces fallarán a favor porque, al momento del nacimiento de la persona, regía la ley anterior.
Quien opte por litigar deberá contratar en Argentina un estudio de abogados asociado con otro en Italia.
El solicitante firma un poder y el letrado en Italia se encarga de llevar adelante la demanda, de manera similar a como ocurría con los juicios iniciados por la falta de turnos en los consulados.
Este camino implica el pago de honorarios a los abogados y las tasas judiciales, además de la espera de que los jueces validen la interpretación de que el ius sanguinis prevalece sobre el actual decreto.
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