Censura y vigilancia extrema: un celular sacado de Corea del Norte expuso la red de control digital de Kim Jong-un

Un teléfono norcoreano fue sacado del país en secreto y analizado por la BBC en conjunto con el medio surcoreano Daily NK. A simple vista, parece un celular como cualquier otro, pero por dentro es una herramienta de vigilancia sofisticada diseñada para el control social.

El sistema operativo está modificado para hacer cosas impensadas en otros contextos: toma capturas de pantalla cada cinco minutos y las guarda en una carpeta oculta a la que solo pueden acceder las autoridades.

Además, cuenta con un autocorrector propagandístico. Si un usuario escribe la palabra “oppa”, un término popular del sur que puede referirse a un hermano mayor o a un novio, el sistema la reemplaza automáticamente por “camarada” y lanza un mensaje de advertencia. Algo similar ocurre si se escribe “Corea del Sur”, que es reemplazada por “Estado títere”.

Según Martyn Williams, investigador del Stimson Center especializado en tecnología norcoreana, este tipo de dispositivos muestran cómo los smartphones se integraron a la estrategia del régimen para moldear ideológicamente a la población. “Corea del Norte está empezando a tomar la delantera en la guerra de la información”, advirtió en diálogo con la BBC.

El objetivo es claro: impedir que los ciudadanos accedan a contenidos extranjeros, especialmente del sur, y registrar toda actividad para reprimir cualquier disidencia. Las capturas periódicas permiten a los funcionarios revisar qué se hizo con el teléfono en todo momento, sin que el usuario tenga forma de saberlo ni de evitarlo.

Sin embargo, este control no es absoluto. Un pequeño grupo de ciudadanos, muchos formados en universidades de élite como la Kim Il Sung, se dedican a “liberar” estos teléfonos. A través de conexiones USB y computadoras con Windows, logran modificar el software para esquivar las restricciones impuestas por el régimen. Su objetivo: acceder a contenidos prohibidos como series surcoreanas, música pop (K-pop) y aplicaciones no aprobadas.

Esta suerte de “jailbreak” clandestino no solo es un acto de desobediencia, sino también un negocio. Algunos de estos expertos cobran por liberar dispositivos ajenos, algo que obligó al régimen a promulgar leyes específicas contra las llamadas “herramientas de manipulación telefónica”. La sola existencia de esta legislación demuestra que, aunque el gobierno tiene un enorme poder de vigilancia, todavía le preocupa la fuga de información.

Al mismo tiempo, la industria de celulares norcoreana viola sanciones internacionales. Se estima que un cuarto de la población –unos seis millones de personas– tiene teléfonos móviles, que cuestan entre 100 y 400 dólares en un país donde el salario mensual promedio ronda los 100. Los dispositivos incluyen componentes taiwaneses, baterías chinas y software Android adaptado, todo esto a pesar de las sanciones de la ONU que prohíben la exportación de tecnología a Corea del Norte.

Fabricados por compañías como Gionee y con insumos de firmas como MediaTek y Toshiba –que niegan cualquier vínculo directo con el régimen–, los smartphones norcoreanos sirven tanto para sostener el mercado informal como para ampliar las capacidades de vigilancia del gobierno. Son, en definitiva, herramientas de control disfrazadas de tecnología de consumo.

El acceso a internet en Corea del Norte es prácticamente inexistente para la mayoría de la población. Solo una pequeña élite del partido, el ejército y ciertos investigadores pueden conectarse a la red global. Para el resto, existe una red cerrada llamada Kwangmyong, un sistema intranet que solo permite visitar sitios aprobados por el régimen, con contenido propagandístico y educativo estrictamente controlado.

Los teléfonos móviles no pueden conectarse a internet como ocurre en el resto del mundo. Solo pueden hacer llamadas dentro del país y utilizar aplicaciones estatales con funciones limitadas. No existe acceso a redes sociales internacionales, ni posibilidad de enviar mensajes al exterior. Para reforzar el control, existen patrullas juveniles que revisan los dispositivos de los más jóvenes para asegurarse de que no utilicen expresiones populares en el sur.

Este aislamiento digital es parte del aparato de control ideológico que mantiene el régimen de Kim Jong-un. El miedo a la influencia cultural surcoreana –mucho más moderna, abierta y tecnológica– explica en parte esta obsesión por vigilar cada palabra escrita en un celular. Incluso cuando se trata de algo tan simple como decirle “novio” a alguien.

Aunque Corea del Norte lleva la vigilancia estatal al extremo, no es el único lugar donde los celulares son utilizados como herramientas para recolectar datos de sus usuarios. En las democracias occidentales, las grandes tecnológicas también han sido acusadas de espiar o vigilar sin el consentimiento explícito de las personas.

En 2018, una investigación de The New York Times reveló que Facebook (ahora Meta) compartía datos sensibles de sus usuarios con empresas como Amazon, Microsoft y Netflix, sin autorización clara. Apple, por su parte, fue señalada en 2020 por registrar de manera automática las interacciones de los usuarios con Siri, incluso cuando no se activaba intencionalmente el asistente. Google también enfrentó denuncias por rastrear la ubicación de usuarios de Android incluso cuando tenían desactivado el historial de ubicaciones.

Si bien en estos casos no hay una policía secreta que castiga el uso de ciertas palabras, la vigilancia ocurre con otros fines: la personalización de anuncios, la construcción de perfiles de consumo o el entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial. En muchos casos, los términos de uso que habilitan estas prácticas están escritos en letra chica, y el consentimiento del usuario es más formal que real.

La diferencia fundamental entre una dictadura como la norcoreana y las democracias liberales radica en los fines y las consecuencias de la vigilancia. Pero el modelo económico basado en la extracción masiva de datos –lo que la teórica Shoshana Zuboff llama “capitalismo de la vigilancia”– también plantea riesgos para la privacidad y la autonomía individual. En ese sentido, aunque los métodos difieran, el debate sobre el control digital está lejos de ser exclusivo del autoritarismo.