El modelo petrolero que celebra el Gobierno: cómo avanzan las paritarias con techo y las trampas para sortearlo
La presión del Ejecutivo sobre gremios y empresarios para que se respeten los aumentos de sueldos por debajo del 1% mensual encontró un caso testigo de paritarias: el acuerdo del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, liderado por Marcelo Rucci.
Este gremio cerró una paritaria con aumentos de 1,8% para enero, 1,5% para febrero y 1% para marzo del año próximo. Además, pactó un 12% anual distribuido en cuotas trimestrales del 3%, lo que en promedio implica una mejora inferior al 1% mensual. Para el Gobierno, esta fórmula representa un modelo a seguir y lo comunicó oficialmente a través del Ministerio de Capital Humano.
Mientras tanto, otros gremios probaron con mecanismos que les permitan eludir los límites oficiales. La UOCRA, conducida por Gerardo Martínez, acordó un aumento del 3,2% bimestral más sumas fijas y logró que la Secretaría de Trabajo lo homologara sin conflictos.
No fue el caso de Armando Cavalieri, de Comercio, que firmó un 5,4% trimestral y se encontró con la negativa del Gobierno. “Si 1,7% pone en riesgo la estabilidad del país, estamos en problemas”, dijo el gremialista. Aun así, su paritaria contiene una cláusula que permite aplicar los aumentos aunque no sean homologados.
La Unión Obrera Metalúrgica, liderada por Abel Furlán, firmó un incremento del 7,6% en cinco tramos, más cinco sumas fijas. A diferencia de Comercio, en el convenio no figura la cláusula de ejecución automática, pero podría sumarse si el Gobierno lo rechaza. CAMIMA, la cámara pyme, ya se desmarcó: el acuerdo, advierten, «pone en peligro fuentes de trabajo».
En los hechos, la homologación de paritarias se subordina al filtro del ministro Luis Caputo. Aunque la Secretaría de Trabajo sigue siendo formalmente autónoma, las versiones sobre su posible traspaso a la órbita de Economía preocuparon tanto en Buenos Aires como en Ginebra, donde se desarrolla la conferencia de la OIT.
Allí, Gerardo Martínez volvió a cuestionar el “cepo salarial” y exigió libertad de negociación colectiva. Sin embargo, en la práctica, muchos sindicalistas optan por fórmulas creativas para evitar confrontar con el oficialismo, como las sumas no remunerativas o cláusulas espejo.
La estrategia del Gobierno es clara: evitar que los salarios recuperen poder adquisitivo por inflación pasada, y anclar expectativas a futuro. En paralelo, el sindicalismo se divide entre los que acatan, los que resisten y los que simulan acuerdos moderados con cláusulas que los blindan legalmente.
Como señalan fuentes oficiales, no hay impedimento para que las partes firmen acuerdos con cláusulas de ejecución directa. El problema es político: el Gobierno no está dispuesto a convalidar aumentos que distorsionen el plan de estabilización.
La discusión no es solo numérica. Lo que está en juego es quién fija las reglas de la negociación salarial: si el mercado con aval político, como propone el modelo liberal de Milei, o si persiste la lógica corporativa de presión sindical y homologación automática.
En este contexto, el acuerdo de los petroleros en Vaca Muerta aparece como la joya de la corona. No solo por el impacto económico que representa, sino porque demuestra que es posible sellar convenios alineados al programa oficial sin rupturas sindicales ni conflictos abiertos.
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