Gas LP: ebullición social inminente
El precio controlado del gas LP en México está a punto de estallar en una riesgosa ebullición social, si el gobierno mexicano no lo atiende rápida y adecuadamente.
Los distribuidores de gas aseguran que con el “precio tope” gubernamental, no tienen margen de rentabilidad.
Su inconformidad, luego de meses de infructuoso diálogo con las autoridades, está a punto de convertirse en un paro de labores que dejaría sin surtir del hidrocarburo a millones de consumidores.
De hecho, el paro anunciado para el martes 3 de junio, lo frenaron los propios distribuidores, frente a la posibilidad de que en esta misma semana reciban una respuesta del gobierno.
Pero la amenaza de un paro de labores de los distribuidores sigue latente y depende de la respuesta oficial.
El gas natural es un insumo básico para millones de mexicanos y si su proveeduría se interrumpe súbitamente, podría derivar en una riesgosa inconformidad social.
El dato público es apabullante: 9 de cada 10 hogares mexicanos consumen gas LP.
Uno adicional, igual de sorprendente, es que el 80 por ciento del gas LP que consumimos en México se importa de Estados Unidos.
El origen de la crisis de las compañías, cuyo trabajo es entregar el gas LP “en la última milla”, es decir a la puerta de millones de hogares, es el mínimo margen de ganancia que obtienen, por el inexplicable cambio de las condiciones del precio controlado.
Hay que recordar que el gas LP está sujeto a un control de precios por parte del gobierno desde el año 2021.
No hay ningún otro producto en los mercados mexicanos que tenga un precio tope establecido, por ley.
Su establecimiento se realizó originalmente durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López, aunque con la particularidad de que, el precio del combustible podría variar en función de la fluctuación del precio internacional del energético y de la cotización del peso frente al dólar.
El precio tope, a partir de octubre del 2024 –es decir, con el inicio del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum–, comenzó a elevar el nivel de presión sobre los empresarios del sector, por el cambio ilógico de las condiciones establecidas por las autoridades sectoriales.
En consecuencia han tenido que despedir a entre 600 y mil empleados, porque las empresas llevan siete meses registrando fuertes pérdidas.
En el actual gobierno, se tomó la decisión, sin consultar a los distribuidores, de cambiar la fórmula, publicada en el Diario Oficial de la Federación y convertida en Ley, con la que se dispuso reflejar los cambios al precio internacional en el local y las variaciones cambiarias.
Esto ha llevado a que en los últimos siete meses los distribuidores registren cuantiosas pérdidas económicas, cuyo monto todavía no se cuantifica, pero se ha traducido en pérdida de empleos y cierre de algunas empresas.
Los datos, dice la presidenta ejecutiva de Amexgas, Rocío Robles Serrano, pueden identificarse por el número de plazas laborales que se han dado de baja por las distribuidoras, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.
O por el número de empresas que han declarado pérdidas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
La propia dirigente, revela que en el gremio de distribuidores, la emergencia y desesperación ha derivado en su división y diversificación en sus reacciones.
A nivel nacional, los distribuidores de manera independiente comenzaron a gestar la posibilidad de realizar el paro que finalmente se contuvo.
Amexgas le ha dado prioridad al diálogo, a pesar de que por meses han sido desoídos.
Pero en los últimos días, luego de que entregaron información condensada de los distribuidores, las autoridades de la Secretaría de Energía les pidió que entregaran facturas y las organizaran en un formato que les entregó el propio gobierno.
Los distribuidores accedieron y ya entregaron las facturas y los datos solicitados. Esperan que ésta semana la subsecretaría de Hidrocarburos termine su evalución y en función de la respuesta, vendrá la reacción de los distribuidores.
La importancia del tema no es menor por las repercusiones sociales que podría tener.
Está claro, siempre lo ha estado, que el control de precios no es una solución en la operación de los mercados que deben funcionar bajo la libertad y competencia.
La distribuidora de Gas del Bienestar, el complemento de la ocurrencia originada en el sexenio anterior, sigue operando sin utilidades y enormes subsidios. Además de que no ayuda ni resuelve nada.
Veremos si se impone el sentido común y la lógica para resolver el problema. Al tiempo.
Eleconomista
