Batalla legal: Oposición exige anular la elección judicial
El PRI, PAN y PRD han presentado una impugnación formal para anular la elección judicial, denunciando un proceso viciado por el uso de «acordeones» y coacción del voto. Descubre los argumentos clave de esta lucha que definirá el futuro de la justicia en México.
La contienda por el Poder Judicial se traslada a los tribunales. La oposición, liderada por el PRI y el PAN, ha iniciado una ofensiva legal ante el TEPJF para invalidar los resultados de la elección de jueces y magistrados, argumentando que fue un proceso ilegítimo y fraudulento.
La resaca electoral por la renovación del Poder Judicial ha desatado una guerra legal que promete redefinir el equilibrio de poderes en México. Los partidos de la oposición (PRI, PAN y PRD) han formalizado una impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) con un objetivo claro: la anulación total de la elección.
El dirigente nacional del PRI, Alejandro «Alito» Moreno, y el líder del PAN, Marko Cortés, han encabezado la ofensiva, presentando un juicio ciudadano (JDC) que argumenta una serie de irregularidades graves que, a su juicio, viciaron de origen el proceso democrático. Esta acción no es solo una queja, sino una batalla estratégica para delegitimar al nuevo sistema de justicia desde su nacimiento.
Los Argumentos Clave de la Impugnación
La estrategia legal de la oposición se centra en varios pilares que buscan demostrar que la elección fue una «farsa» y no un ejercicio democrático auténtico:
* Uso de «Acordeones» y Coacción del Voto: El argumento central es la distribución masiva de «acordeones» o guías de voto pre-llenadas que promovían a los candidatos afines al partido en el poder. La oposición sostiene que esto constituye una coacción del voto y una violación flagrante al principio de equidad en la contienda. Los resultados, afirman, confirman que quienes aparecían en estas guías fueron los que ganaron.
* Falta de Legitimidad por Baja Participación: Con una participación ciudadana que apenas rondó entre el 13% y el 16% del padrón electoral, la oposición argumenta que los resultados carecen de la legitimidad y el respaldo popular necesarios para una reforma de tal magnitud.
* Violación de Principios Constitucionales: La demanda alega la ruptura de los principios de certeza, legalidad, autenticidad e imparcialidad, elementos esenciales de cualquier elección democrática, según la Constitución.
«Hoy levantamos la voz por millones de mexicanas y mexicanos que exigen instituciones firmes, autónomas y con dignidad. No vamos a permitir que se normalicen los abusos ni que se imponga el autoritarismo.» – Alejandro Moreno, Dirigente Nacional del PRI.
Una Batalla Política a Largo Plazo
Aunque la anulación de una elección nacional es un escenario legalmente complejo y poco probable, la acción de la oposición tiene un claro trasfondo estratégico. Más allá del resultado en el TEPJF, el objetivo es construir una narrativa de ilegitimidad en torno a los nuevos jueces, magistrados y ministros.
Al sembrar la duda sobre el origen de su nombramiento, la oposición se prepara para cuestionar cada una de sus futuras sentencias, argumentando que responden a intereses políticos y no a la ley. Esta estrategia busca erosionar la credibilidad del nuevo Poder Judicial antes de que siquiera comience a operar plenamente, enmarcando la reforma como un acto autoritario y no como un avance democrático.
Por su parte, el gobierno y sus simpatizantes han desestimado las acusaciones, argumentando que la participación superó la de consultas anteriores y que más ciudadanos votaron en esta elección que por la oposición en los comicios presidenciales de 2024, calificándola como un éxito democrático sin precedentes. El TEPJF tiene ahora en sus manos una decisión que no solo será jurídica, sino profundamente política.
La Verdad Yucatán
