Piden un per saltum para que la Corte decida sobre la constitucionalidad del decreto de Milei que metió a Ariel Lijo en el tribunal

La ong Red de Mujeres para La Justicia, que reúne a juezas de todo el país, pidió este miércoles un per saltum (salto de instancia) para que la Corte resuelva directamente su pedido de inconstitucionalidad del decreto del presidente Javier Milei que metió por decreto y en comisión a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla en la Corte Suprema.

A través de su apoderado Francisco Verbic, en el expediente “Recurso Salto Instancia Nº 2 - “RED MUJERES PARA LA JUSTICIA Y OTROS c/ HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN Y OTRO s/ AMPARO LEY 16.986” (CAF 010637/2024/2), de trámite ante esta Corte Suprema de Justicia de la Nación. La red la preside la jueza María Eugenia Chapero.

A diferencia del CEPIS que pidió una cautelar en primera instancia, esta asociación solicitó la avocación directa de la Corte en una causa ya abierta y complica más la designación de los candidatos de Milei, explicaron a Clarín fuentes judiciales.

La Red venía objetando que no se incluyera una mujer en reemplazo de Elena de Highton, pero ahora atacó directamente el contenido del decreto del presidente Javier Milei.

En su nueva presentación, a la que accedió Clarín, la asociación señaló que “venimos por el presente a denunciar como hecho nuevo, de absoluta gravedad institucional, el dictado del Decreto 137/2025 (firmado el 25/02/2025 y publicado en el B.O. del 26/02/2025), mediante el cual se designaron “en comisión” como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN o “la Corte”) a los Dres. Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo”.

En función de este hecho nuevo, solicitó “se disponga el urgente despacho del recurso extraordinario por salto de instancia interpuesto el 26/08/2024, pendiente de resolución desde hace exactamente seis meses, así como de las presentaciones de amigas del tribunal (amicus curiae) realizadas por numerosas instituciones y colectivos de personas en el marco de lo dispuesto por el art. 9 de la Acordada 7/2013”.

Además, se declare “la inconstitucionalidad y nulidad absoluta e insanable del Decreto 137/2025 por ser contrario a diversos principios fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico y por resultar violatorio de convenciones internacionales, el derecho de igualdad, el derecho a la no discriminación y el principio de progresividad”.

También que “se dicte una medida cautelar urgente que suspenda los efectos de dicho acto administrativo, impidiendo la toma de juramento y posesión efectiva de los cargos por parte de los designados hasta que se resuelva la cuestión de fondo, atento al gravísimo e irreparable perjuicio institucional que ello produciría”.