Reforma Judicial: ¿Amenaza a la Independencia de la SCJN?

La reforma al Poder Judicial en México, que incluye la elección popular de jueces, magistrados y ministros, ha desatado un intenso debate sobre la independencia judicial y la separación de poderes. Mientras sus promotores la defienden como un avance democrático, críticos alertan sobre una posible politización de la justicia.

La reforma judicial en México, aprobada por el Senado a inicios de septiembre de 2024, ha sido un tema central en la agenda política nacional, culminando en la reciente elección popular de jueces, magistrados y ministros. Esta reforma contempla cambios significativos en la estructura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), incluyendo la reducción del número de ministros de 11 a 9 y la disminución de su periodo de encargo de 15 a 12 años. Además, se eliminan las dos Salas de la Corte, que ahora sesionará únicamente en Pleno y de forma pública.

La elección de los ministros de la SCJN, magistrados del Tribunal Electoral y magistrados del Tribunal de Disciplina se elegirá a nivel nacional, a partir de 30 candidaturas paritarias propuestas por los tres Poderes de la Unión.

En el caso de los 1,633 magistrados de Circuito y jueces de Distrito, se elegirán en cada uno de los 32 circuitos judiciales, con 6 candidaturas paritarias por cargo (2 por cada Poder de la Unión). La primera fase de esta elección se llevó a cabo el 1 de junio de 2025, con la elección de más de 2,600 cargos.

A pesar de la intención de democratizar el Poder Judicial, el proceso ha sido objeto de fuertes críticas. La oposición, incluyendo al PRI y al PAN, ha calificado la elección de «farsa» y ha anunciado que solicitará su anulación. Argumentan que hubo una «participación abierta del Gobierno federal» en el proceso y un elevado número de votos nulos. Además, se denunció el uso de «acordeones» o folletos con listas de candidatos afines al partido gobernante Morena para inducir el voto, una práctica considerada un delito electoral.

El debate central de esta reforma gira en torno a su impacto en la independencia del Poder Judicial. Voces críticas, como la del expresidente Ernesto Zedillo, han advertido que la elección popular de jueces podría «politizar la impartición de justicia y someter a la Corte a los intereses de un solo partido», lo que tendría implicaciones significativas para la independencia judicial y sentaría un precedente preocupante para la democracia en América Latina.

«La elección judicial de 2025 no fue un avance democrático, sino un retroceso institucional profundo. Se entregó el Poder Judicial al vaivén de las urnas, sin filtros de integridad, competencia ni imparcialidad.»

Se teme que este proceso convierta a los tribunales en cuerpos politizados, más influenciables por la popularidad de los candidatos y factores externos, lo que debilitaría los contrapesos democráticos y sentaría un precedente preocupante para la democracia en América Latina.

Por otro lado, defensores de la reforma, como Claudia Sheinbaum, argumentan que la elección popular de jueces es un paso necesario para democratizar la justicia, combatir la corrupción y hacer que el sistema judicial sea más «expedito» y accesible para el pueblo. La reforma también establece nuevas reglas procesales, como la prohibición de otorgar suspensiones contra leyes con efectos generales en amparos y la fijación de plazos máximos para la resolución de asuntos fiscales y penales.

La baja participación ciudadana, estimada entre el 12% y el 13.3% del padrón electoral, añade una capa de complejidad al debate sobre la legitimidad de esta transformación institucional. La discusión sobre la reforma judicial en México continúa, con implicaciones significativas para el futuro de sus instituciones democráticas y el Estado de Derecho.