Una gestión más eficaz, la asignatura por resolver tras el primer año de Illa

Salvador Illa recuperó en diciembre pasado una vieja tradición maragallista, que en realidad procedía de la cultura pública municipal, de reunir en una sola sesión a todos los directivos de su administración.

En aquel encuentro les transmitió dos mensajes. El primero es que la carencia de una mayoría suficiente en el Parlament –cuenta con 42 de los 135 escaños– no era excusa para no entrar cada mañana en el despacho y ponerse a trabajar.

El segundo mensaje consistía en su determinación de transformar la Administración. Y no se trata solo de reducir la burocracia. Administración es todo: la seguridad, la sanidad, la educación…

Estabilidad política

Un año después de la investidura de Salvador Illa que se cumple mañana 8 de agosto ya se puede concluir que su presidencia ha amansado las corrientes que han sacudido en los últimos años la política catalana. Pese a las considerables limitaciones –no ha logrado aprobar unos presupuestos para 2025– ha conseguido una consistente estabilidad, especialmente si se compara con lo que sucede ahora en la política española.

Pero su otro propósito, conseguir que la sala de máquinas de la administración pública catalana funciones más y mejor parece más difícil de alcanzar.

Illa sabe que es ahí donde se juega otra batalla política trascendente. Se trata de conseguir que la administración alcance unos niveles de eficacia que hoy no tiene. Un empeño que no es diferente del que tienen la mayoría de los gobiernos de Europa.

El president se ha impuesto la tarea de revitalizar al sector público que sufre serias disfunciones

Los engranajes del Estado del bienestar sufren una enorme fatiga gracias a la cual cabalga el discurso de la ultraderecha. El ideario de Trump está al acecho.

La bandeja de entrada

Un conseller explicaba tiempo atrás un caso sorprendente. Hasta ahora, la mayoría de los ciudadanos cursan sus peticiones a la Generalitat por escrito, en formularios que se presentan en papel en las oficinas de la Generalitat. Luego, unos funcionarios se encargan de introducir esos datos en el sistema. Son muy pocas las peticiones que llegan a través del portal digital del Govern prescindiendo del formulario y la obligada visita a las oficinas públicas. Pero lo cierto es que cuando esta petición digital llega al departamento, ese formulario se imprime y se pone en la misma bandeja de entrada de quienes los entregaron por escrito. El mismo equipo de funcionarios introduce los datos de nuevo. Un auténtico desastre burocrático.

Esta pasada semana la Generalitat puso en marcha el proyecto para aligerar los principales trámites de las peticiones más usuales entre la ciudadanía. Este plan tiene mucho que ver con este caso –si se quiere, anecdótico, pero a la vez descriptivo– que relataba el conseller. Dentro de unos meses averiguaremos si ha menguado la altura de casos pendientes de la bandeja de entrada.

A principios de diciembre del año pasado el Govern presentó su plan de gobierno que incluía un sistema de evaluación. Una serie de indicadores –pongamos por ejemplo, el número de plazas de residencias públicas– que permitirían comprobar si las cosas iban mejor o peor. El primer informe consultable hasta ahora es de finales de 2024. Por ahora no hay más de modo que es difícil hacer comparaciones y llegar a conclusiones.

Rodalies y el Aeropuerto

Entre tanto, Illa ha logrado desencallar decisiones relevantes como la constitución de la empresa mixta que acabará otorgando la gestión de la red de Rodalies a la Generalitat. Pero este objetivo sigue en el limbo político y lejos de las urgencias de los usuarios del servicio ferroviario cuya valoración no supera el suspenso.

Hay acuerdos políticos en Rodalies y el aeropuerto que avanzan lentamente en un mundo veloz

Otro ejemplo: la controvertida ampliación del aeropuerto del Prat empieza a avanzar sobre difíciles equilibrios políticos. Pero entre tanto, el aeropuerto de Barcelona gestiona vuelos por encima de sus posibilidades. Mientras, en Madrid la obra –financiada por el Gobierno central– para conectar directamente la estación de Sants de Barcelona con Barajas através de bypass de Atocha y Chamartín está ya a medio hacer. En un par de años, Madrid contará con otro tubo aspirador a toda potencia captando usuarios de la capital catalana.

Herencias y urgencias

Todo avanza pero con lentitud. Derivado tal vez de la imposibilidad de contar con unos nuevos presupuestos ajustados al programa de gobierno pero también de los años en los que las prioridades fueron otras, una circunstancia que Salvador Illa nunca ha echado en cara a sus predecesores en el cargo en este año. Illa es poco amigo de los reproches.

Y hay herencias envenenadas: tal vez la más escandalosa ha sido la que ha conducido a la consellera de Drets Socials, Mónica Martínez Bravo, a remodelar de arriba a abajo la antigua dirección general d’Atenció a la Infància. Hace años que todo el mundo sabía que la atención a los menores era un agujero sin fondo –así lo ha reconocido algún antiguo conseller– y que las urgencias se llevaban por delante los procedimientos. El resultado está a la vista.

Educación y vivienda

Otra herencia: la educación. Hace años que Catalunya suspende en calidad educativa en el comparativo con otras regiones de España y de Europa. Las causas son múltiples. Illa firmó este año un acuerdo con la OCDE para que proponga soluciones y siga los progresos del sistema educativo catalán cuyo reflotado, si es que llega, puede tardar, según reconoció el propio president en el Parlament.

Más herencias y más urgencias: la vivienda se ha convertido desde hace varios trimestres en el principal problema que acusa la ciudadanía en las encuestas de la propia Generalitat. La política de regulación de los precios del alquiler ha logrado contener las rentas pero siguen siendo inalcanzables para los jóvenes.

La reorganización del departamento de Interior ha empezado a dar resultados en la percepción de seguridad

Esta regulación de los precios es una de las decisiones políticas que ha provocado el malestar de sectores empresariales con los que, en general, Illa ha logrado también una relación más que fluida en este primer año.

El Govern se ha comprometido a invertir 4.400 millones en cuatro años para construir vivienda asequible hasta alcanzar las 50.000. El problema, de nuevo, es el tiempo de respuesta a lo que alarma a la sociedad catalana.

En el ámbito de la seguridad los indicadores apuntan a una mejora de la percepción que tiene la ciudadanía respecto a lo que ocurre en sus barrios. La consellera Núria Parlon y el nuevo jefe de la policía, Josep Lluís Trapero, han impulsado una reforma del servicio policial con más agentes en la calle al tiempo que, merced a la buena relación con el Ministerio de Justicia, los juzgados catalanes empiezan a despegarse de su exasperante lentitud. Pero es solo el principio. También la justicia rápida va para largo.