La UE busca un acuerdo para seguir importando cereal de Ucrania sin arancel pese al enfado de los agricultores

Cientos de agricultores se han concentrado esta mañana frente al Ministerio de Agricultura para advertir de la crítica situación de precios que enfrentará el sector cerealista esta campaña y para reclamar al ministro del ramo, Luis Planas, que defienda los intereses del sector en las instituciones europeas. Lo han hecho convocados por las tres organizaciones agrarias principales -Asaja, COAG y UPA- y, lo más importante, a un día de que caduque la suspensión de los aranceles sobre las importaciones ucranianas que aplicó la UE tras el inicio de la guerra con Rusia, y cuando los Veintisiete negocian 'in extremis' para llegar a un acuerdo que mantenga el libre comercio con ese país.

El objetivo es asegurar a Kiev esa entrada de divisas que resulta fundamental para alimentar su economía de guerra, y eso pasa por el cereal; no en vano, Ucrania es conocida como 'el granero de Europa'.

Esta historia empezó en febrero de 2022, tras la invasión rusa y el posterior cierre de los puertos del mar Negro, que eran la principal vía de salida del grano ucraniano. Entonces, la UE lanzó un salvavidas a Kiev con la aprobación de un reglamento que liberalizó el comercio bilateral de forma temporal (ATM, por sus siglas en inglés). Y el efecto fue inmediato, pues en la campaña 2022/2023 las importaciones comunitarias de maíz ucraniano se dispararon un 84%, las de trigo un 1.600% y las de cebada un 736%.

Esto afectó de manera particular a España, que es el primer importador europeo de cereal ucraniano, pues la producción nacional (20 millones de toneladas anuales), no alcanza a satisfacer el consumo interno, que en la campaña 2024/2025 fue de 35 millones de toneladas. Pues bien, si antes de 2021 las importaciones de grano ucraniano a España nunca rebasaban las cinco millones de toneladas, el año pasado fueron de 10,2 millones de toneladas (datos del Ministerio de Agricultura).

Según explica a ABC Donaciano Dujo, portavoz de la organización agraria Asaja, el problema con esta liberalización arancelaria es que presiona aún más a la baja unos precios que ya están muy ajustados, entre otras cosas por el encarecimiento de los insumos que siguió a la imposición de sanciones contra Rusia, que produce en torno al 20% del fertilizante que necesitan los agricultores españoles.

En apenas unos años, explica Donancio, sembrar una hectárea de cereal ha pasado de costar en torno a los 500 euros a los 800 actuales. Ni siquiera con las lluvias de este año, que prevén un rendimiento medio de 4.000 kg por hectárea, se aseguran ganancias, pues el precio medio -entre 200 y 250 euros la tonelada (según el Ministerio)- arroja un beneficio que, en el caso de Castilla y León, explica Donancio, será de apenas 20 euros por hectárea.

En la concentración de ayer, Asaja, COAG y UPA pidieron la aplicación de ayudas directas por el sobrecoste de los fertilizantes, además de la suspensión del arancel contra Rusia y Bielorusia y un mayor control sobre la entrada de cereal de terceros países. Las reivindicaciones enlazan con las de los agricultores polacos, húngaros, rumanos y eslovacos que, mucho más belicosos, incluso llegaron a bloquear las fronteras con Ucrania durante las protestas del año pasado.

Para aplacar al campo, y tras el sensacional aumento de las importaciones ucranianas en 2022 y 2023, cuando en junio del año pasado la UE prorrogó la liberalización del comercio (el reglamento ATM) le añadió cláusulas de salvaguarda y un 'freno de emergencia' para determinados productos. Sin embargo, desde Asaja aseguran que los umbrales son demasiado elevados y, además, no cubren las importaciones más dañinas para España (trigo y cebada).

Poco importa, pues, como ya se ha avanzado, el ATM caduca hoy y no puede ser renovado una segunda vez, por lo que la Comisión se verá obligada a llegar a un nuevo compromiso con Ucrania en el marco del Acuerdo de Asociación que suscribieron ambas partes en 2014, que, no hay que olvidarlo, fue una razones de la ruptura entre europeístas y rusófilos dentro de ese país.

Por el momento, los Estados miembro ya han dado su beneplácito al establecimiento de unas medidas transitorias que estarán vigentes hasta final de año y que permitirán la entrada de contingentes en una proporción de 7/12 respecto a los volúmenes actuales, pero más allá de esto la relación comercial vuelve a la situación previa a 2022. La Comisión se ha propuesto resolver el entuerto, pero deberá llegar a un compromiso con los países del Este, que son los más afectados, y sobre todo con el gobierno polaco, que ha sido el más claro en advertir de que protegerá a sus agricultores.