Las entidades sociales aspiran a copar un 20% del plan de vivienda de Illa

El plan de vivienda social de la Generalitat tiene a todo el sector inmobiliario a la expectativa. Los planes del Govern pasan por duplicar el actual parque de vivienda social de Catalunya con el impulso de 50.000 nuevos pisos en un plazo de cinco años. Mientras se ultiman los mecanismos para activar estas políticas, los promotores van tomando posiciones. Ese es el caso de las entidades sin ánimo de lucro agrupadas en Cohabitac, cuyo objetivo es acelerar su capacidad de producción y de compra de viviendas para copar el 20% del plan impulsado por el Ejecutivo de Salvador Illa.

El mercado residencial de Catalunya, y especialmente el de Barcelona y su región metropolitana, vive en un estrés permanente. La oferta de vivienda en alquiler se ha reducido drásticamente en los últimos años, y esta situación ha estrangulado los precios, con fuertes subidas. Aunque el límite de rentas empieza a tener efecto, los precios siguen por las nubes. El plan de Illa quiere ser un balón de oxígeno mediante una política pública pendiente en la comunidad autónoma y, en general, en España: la vivienda social.

Cohabitac quiere promover 1.000 viviendas por año y comprar otras 1.000 por derecho de tanteo

Los últimos datos de la OCDE muestran cómo el parque de vivienda público en España apenas representa el 1,1% del total. Son datos que contrastan con la media europea, que se sitúa en el 8%, o con la media de las economías desarrolladas (7,1%). En lo alto del ránking se encuentran países que llevan décadas desarrollando parques de vivienda social, como Países Bajos (34,1%) o Austria (23,6%).

Cohabitac, presidida por la economista Carme Trilla, es la coordinadora de 17 fundaciones promotoras y gestoras de vivienda social de alquiler de Catalunya. Actualmente, gestionan directamente unas 5.000 viviendas asequibles en la comunidad autónoma, cerca del 10% del total, lo que las convierte en uno de los principales actores en el mercado. El gerente de la entidad, Xavier López, explica que su trayectoria viene avalada con más de 15.000 viviendas de protección oficial de venta construidas en 20 años, y 1.600 de alquiler social promovidas con fondos Next Generation UE.

La organización impulsa con el Ministerio de Vivienda una legislación para el sector

Los planes de Cohabitac pasan por promover 1.000 viviendas al año y comprar otros 1.000 pisos mediante derecho de tanteo y retracto. Para promover, estas entidades suelen trabajar con convenios públicos con las administraciones mediante un derecho por superficie de 75 años, con financiación blanda procedente del Institut Català de Finances (ICF) y ayudas públicas.

El Govern de Salvador Illa llegó a la Generalitat decidido a abordar la crisis de la vivienda. La principal medida que han puesto sobre la mesa es la creación de una reserva pública de solares, entre los que posee el Incasòl y los que aportarán los municipios, para conocer exactamente la disponibilidad de suelo. Los cálculos iniciales de Territori, Habitatge i Acció Climática señalan que con esta estrategia se podrían levantar 20.000 pisos de vivienda social. Además, se pretende establecer otras medidas para incentivar la participación de operadores privados. Entre las más destacadas, una línea de crédito anual de 500 millones por parte del ICF o una compensación a las empresas y fundaciones por la diferencia entre el coste de la edificación y el rendimiento del alquiler.

El parque de vivienda social apenas representa el 1,1% del total, frente a la media europea del 8%

La Generalitat todavía no ha aclarado cómo asignará los solares públicos. El gerente de Cohabitac confía en que haya una convocatoria pública específica para organizaciones sin ánimo de lucro como las que integran su asociación, o que se incluyan medidas que puedan discriminar positivamente a estas entidades. “Nuestras fundaciones tienen como objetivo la promoción de vivienda. Cuando finalizamos de pagar los préstamos hipotecarios de las promociones, destinamos todos los ingresos a nuevas promociones”, explica.

Cohabitac se ha reunido en los últimos meses con la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, para tratar de impulsar una legislación para este tipo de entidades. En Europa, se las conoce como social housing y aquí se está utilizando el nombre de proveedores sociales de vivienda. “Nos gustaría tener un marco legal más claro, donde se recogiera la especificidad de nuestras organizaciones, tanto en derechos como en obligaciones”, explica López. Entre otras medidas, se estudia darles preferencia en la adjudicación de ayudas públicas, mejorar la fiscalidad o excepciones como gran tenedor.

Por otra parte, la coordinadora de estas entidades también cree necesario que la legislación facilite la creación de patrimonialistas de lucro limitado. “Para tener un parque de vivienda social grande se necesita un actor con amplia capacidad financiera. Esto, además, permitiría a las promotoras sociales traspasar los activos y liberar sus recursos para hacer nuevas promociones”, valora.