Ayuso bloquea el cambio, aunque sea con groserías

Los presidentes autonómicos del PP acudieron a la Conferencia de Barcelona con el evidente objetivo de que su fracaso se convirtiera en la antesala de la protesta callejera que ha convocado hoy en Madrid el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo. Un insensato sprint, y ya van unos cuantos, para tumbar a Pedro Sánchez. Un espejismo que sienten al alcance de la mano desde hace dos años, sin éxito alguno, que solo genera tensión y malhumor y alimenta a la extrema derecha. En primer lugar la que ya habita en el propio PP y que encabeza la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ayudada intelectualmente, es un decir, por el sector más ultraliberal, como su mentora y exlideresa de la comunidad Esperanza Aguirre y externamente, el inquietante Javier Milei, presidente argentino. Y que aspira a devorar al mismo Feijóo.

No es casualidad que Ayuso haya sido la más extremada en el sabotaje de la Conferencia, recurriendo a toda clase de artimañas, políticas, personales y preconstitucionales; hasta el punto de molestar también a bastantes de los suyos. Pero hay que ser comprensivo, necesita reforzar su perfil de máxima opositora del gobierno, pasando por encima del resto de los líderes de su partido, para inflar la especie de que lo que le pasa a ella es tan solo fruto del afán persecutorio y liberticida de Sánchez y los suyos. Tiene que matar demasiados pájaros con un único tiro.

Es la compañera sentimental de un comisionista que ha confesado delitos fiscal, según escrito a la Fiscalía de su propio abogado, al que a ratos no reconoce haber autorizado a aceptar tal cosa. Vive con el en un apartamento duplex en el centro de Madrid comprado en extrañas circunstancias, sin que esté claro cómo se ha pagado y de dónde ha salido el dinero, ni quién es el propietario. Además, un juzgado investiga si durante la pandemia ella misma impartió instrucciones directas a los altos cargos de Sanidad para no trasladar a hospitales a los internos de las residencias de la tercera edad. Varios de esos altos cargos ya tienen la consideración de investigados.

El otro gran asunto que importuna a Ayuso es el debate sobre el nuevo modelo de financiación autonómica. La posibilidad de que a caballo de las propuestas de un nuevo reparto de los recursos, con la singularidad catalana como principal motor - algo habitual desde la vigencia de la Constitución, pero que había quedado aparcado durante el procés - se empiecen a escudriñar las podridas entrañas de la actual relación económica entre todas las comunidades autónomas y de estas con el Estado.

El principal objetivo político es impedir que se comience a debatir sobre la nueva financiación

Bloquear ese proceso, abortarlo antes de que arranque, a eso está abocada la gestión política de Ayuso y su jefe de gabinete. Es una tarea ímproba, pues hay muchas comunidades, entre ellas varias gobernadas por el PP - en especial la valenciana de Carlos Mazón; la balear de Margalida Prohens; la murciana de Fernando López Miras; y en menor medida la andaluza de José Manuel Moreno Bonilla, aunque este no parece ir tan apretado a la vista de las reiteradas rebajas de impuestos que ha aprobado- que no aguantan más.

Un nuevo sistema que asegure una viabilidad razonable y autónoma a todas las comunidades es incompatible con los privilegios de que disfruta la comunidad de Madrid. El problema no es que atender la singularidad reclamada por las fuerzas políticas catalanas, desequilibre las relaciones económicas entre comunidades y perjudique a las más pobres. La estructura vigente es un timo para todas menos para una. La comunidad concentra de forma desproporcionada las inversiones del Estado, recibe aportaciones de todos los territorios por su condición de administradora de los recursos conjuntos y se beneficia de la acumulación de centros públicos de gestión y servicio. Ese el nervio central del colosal crecimiento de la capital durante las últimas décadas. Y de su milagrosa política de impuestos.

Algo que ciertamente sucede con muchas capitales de Estado, aunque no en todas. Pero en pocos casos, esos privilegios destilan discursos de soberbia y superioridad, así como acusaciones de mal gobierno hacia el resto como el del ayusismo.

Y lo más grave, complementado con un comportamiento abiertamente insolidario de competencia contra esas comunidades autónomas que alimentan las actividades centralizadas que se desarrollan en Madrid, recortando impuestos con el afán, también, de atraer fortunas y actividades de fuera de la comunidad.

La lideresa busca blindarse del caso de su pareja y de su gestión durante la pandemia

Con el actual método de análisis, la realidad de esas relaciones queda oscurecida, oculta, velada con un cálculo de financiación que deja al margen las inversiones públicas, las actividades de la administración en cada territorio, la estructura de funcionamiento del Estado. El sistema de financiación autonómica se convierte en un apartado estanco, una caja cerrada, que deja fuera la mayor parte de las relaciones económicas entre los territorios y el Estado. El planteamiento de la singularidad catalana, que pone en relación aportaciones (vía impuestos) y recepción (vía gastos e inversiones), introduce todos los conceptos y por ese camino comienza a acercar los análisis a la realidad económica. Y eso, para quien más se beneficia, es inadmisible. Esa es la palanca del histérico comportamiento político de Ayuso y los suyos.

Así llevan ya varias legislaturas y la mitad de la actual y de momento se han salido con la suya. No hay manera de avanzar, ni con la condonación de la deuda, ni con el nuevo modelo. El obstruccionismo, radical y absoluto, es el medio más poderoso para ese inmovilismo, hasta que se pueda cambiar para favorecer aún más a la tierra elegida; que todo se andará. Así pues, una vez más, este viernes pasado, hundiendo la conferencia en el lodo y pese a sus groserías, Ayuso volvió a ganar la partida. Aunque la competición continue.